Herrera - Sevilla

De poco le ha valido al senador y secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, la amenaza de querellarse contra quienes lo vincularan al escándalo de los ERE irregulares subvencionados por la Junta de Andalucía, que investiga el juzgado de instrucción número seis de Sevilla. El PP volvió ayer a la carga con munición nueva de datos y documentos que pueden comprometer a fondo su gestión como consejero de Empleo (2000/2004) y presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), germen de la agencia IDEA. Según denunció el PP, en la etapa en la que Viera estuvo al frente del ente instrumental —que entonces estaba adscrito a su Consejería—, el IFA canalizó un total de 38,4 millones de euros en ayudas sociolaborales, algunas de ellas «falsas», con cargo a la polémica partida 31L o «fondo de reptiles», según la expresión acuñada por el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero.

Las subvenciones, que se concedían de modo discrecional y burlando los mecanismos de control al uso en una administración pública, tenían un doble destino: empresas y ayuntamientos. Las cifras son lo suficientemente elocuentes como para que se abra una investigación en el Parlamento andaluz en torno a las ayudas autorizadas o avaladas por él. Así lo entiende el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien anunció que lo solicitará en el próximo Pleno de la Cámara. Con escaso éxito reclamó, además, el cese «fulminante» del también parlamentario socialista, petición que el PSOE encajó con sonora indiferencia. No es un detalle baladí, pues en su condición de senador Viera está aforado, un estatus que lo ha mantenido blindado hasta ahora en el proceso de los ERE. Sanz afirmó que el dirigente socialista «está inhabilitado política y éticamente para participar en una lista electoral» y le ha dado rango de «trama» al conjunto de ayudas vinculadas a su gestión.

Sanz reclama la dimisión del senador, que va de número dos al CongresoSu elección como número dos del PSOEal Congreso por Sevilla ha puesto a Viera de nuevo en el ojo del huracán político. El 28 de abril pasado ABC desveló que con él al frente de IFA concedió dos subvenciones por valor de 900.000 euros a una firma donde trabajaba su hija, propiedad de un exedil socialista de El Pedroso (Sevilla).
Sanz denunció, por un lado, que el parlamentario «avaló» 42 ayudas por un montante de 35,26 millones de euros, con el denominador común de que todas ellas fueron a parar a empresas radicadas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla y con especial protagonismo de El Pedroso, donde su exmujer trabajaba como sanitaria. Por otro lado, bajo su mandato se repartieron 3,14 millones entre trece corporaciones. Los afortunados beneficiarios fueron ayuntamientos gobernadas por el PSOE y en su mayoría localizados en la provincia de Sevilla —donde Viera era secretario provincial del partido—, tales como Alcolea del Río, Coria del Río, Guadalcanal, Camas o Los Palacios.

Informes con su firma

Para colmo, Sanz sacó ayer a la luz un acta del consejo rector del IFA firmado por Viera, del pasado enero de 2004, que hace tambalearse la coartada exculpatoria montada por el candidato al Congreso del PSOE por Sevilla, quien defendió que jamás autorizó nada y si alguna vez lo hizo era con el aval de los servicios jurídicos. «Para que la ayuda pudiera otorgarse, era imprescindible que contara con la firma del consejo rector; Viera echa las culpas a sus directores generales, pero quien pagaba y autorizaba las ayudas era él», explicó.

El dirigente popular recordó que el líder de la poderosa «franquicia» del PSOE hispalense presidió muchas reuniones en las que se otorgaban subvenciones y niega, como defiende Viera, que existan informes jurídicos que las avalaran. De lo contrario, lo retó a mostrárselos.

La «trama Viera» es, a juicio del PP, más importante en cuantía que el fraude de las falsas prejubilaciones y pone de manifiesto que la partida 31L, procedimiento establecido bajo su mandato, funcionaba como un cajón de sastre para «beneficiar a amigos» sin más criterio que la afinidad política.

LA INVESTIGACIÓN DE LAS AYUDAS A EMPRESAS EN CRISIS

El suegro de Arenas cobró del fondo de los ERE por asesorar en Santana
El bufete de Olivencia facturó 120.000 euros por su trabajo en la empresa

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 12/04/2011

La Junta de Andalucía abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia-Ballester, presidido por Manuel Olivencia, suegro del líder del PP andaluz Javier Arenas, procedente del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones. El bufete asesoró en 2001 a la empresa pública Santana Motor, participada al 100% por la Junta, para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba, y por ello facturó 119.828 euros. Pero la Consejería de Empleo pagó la minuta a través del mismo fondo con el que subvencionó los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que la juez Mercedes Alaya investiga ahora, según reflejan las diligencias abiertas.

"No nos preocupa la situación interna de Empleo", alega un abogado
"El dinero se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz (...) Sabemos que todas las personas beneficiadas son cercanas al PSOE", censuró el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, sobre el escándalo hace dos meses. El bufete tramitó los aspectos mercantiles de la externalización del parque de proveedores de Santana, ya que fabricar ciertos componentes resultaba deficitario para la empresa pública.El despacho Olivencia-Ballester, fundado por Manuel Olivencia como socio principal, se encargó de los contratos mercantiles con empresas de todo el país, por lo que con cargo a la partida 31L emitió una factura de 104.400 euros en marzo de 2002 y otra de 15.428 euros cuatro meses después. "Se nos llamó para prestar un servicio y no nos preocupamos de la situación interna de Empleo, solo de que nos vuelvan a contratar", alegó su hijo y director actual del bufete, Luis Olivencia.

Manuel Olivencia fue comisario general de la Expo de Sevilla en 1992 (aunque dimitió antes de la inauguración) y catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad sevillana, profesor entre otros del expresidente Felipe González. En 2006 su firma se integró en el potente bufete Cuatrecasas.

Olivencia Ballester ya asesoró en 1999 a la Junta para recurrir una sentencia que cuestionó las ayudas públicas concedidas a la empresa Cárnicas Molina, un quebradero de cabeza que fue el detonante de la creación del fondo para empresas en crisis, denominado "fondo de reptiles" por el exdirector general Javier Guerrero, aunque luego se desdijo.

Al margen de las empresas, Ayuntamientos y asociaciones beneficiadas, la Junta abonó facturas a multitud de bufetes gracias a este fondo. Por ejemplo, Empleo subvencionó con 23 millones el ERE que afectó a 600 trabajadores de Santana Motor en 2001. El bufete Estudio Jurídico Villasís asesoró a la asociación de los empleados en la negociación del ERE, pero sin embargo la factura de 46.000 euros la pagó Empleo en 11 pagos a lo largo de 2002. Este despacho, donde trabajó el conseguidor detenido por la policía Juan Lanzas, percibió otro ingreso de 20.880 euros seis meses más tarde. "Pactamos con Guerrero y la asociación de trabajadores una asignación mensual por nuestros servicios", explicó el abogado Carlos Leal.

El bufete Garrigues asesoró a la empresa en el ERE de Santana, pero su factura también se pagó con este fondo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), propietaria de las acciones en Santana. "Era imposible saber cómo iba a acabar un conflicto laboral. Nadie sabía dónde estaba el final. Contratabas con Garrigues un contrato menor por 10.000 euros, pero luego se multiplicaba por diez", alegó un ex alto cargo de Empleo. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000 establece que los contratos menores no pueden exceder los 30.050 euros ni ser fraccionados o prorrogados.

El pasado otoño la fiscalía denunció al Ayuntamiento de Sevilla por prevaricación, tras adquirir este materiales y equipamientos al Grupo Iturri por 644.485 euros. "La adquisición se efectuó sin atenerse en absoluto a los requisitos que exigía la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (...) No existió resolución previa del Ayuntamiento ni se realizaron pliegos de condiciones, ni se ofertaron públicamente", reza la denuncia del fiscal.

Garrigues cobró asimismo del ERE de Hytasal y 162.000 euros por el ERE de Cuerotex, pese a que la empresa contrató sus servicios. La Junta asumió el gasto del bufete en el ERE tramitado en 2005. Juan Pérez, cuñado del secretario general del PSOE de Sevilla y senador José Antonio Viera, negoció este expediente como presidente del comité de empresa y se acogió a él después de 42 años como empleado. "Los abonos se corresponden con servicios prestados a empresas o colectivos de trabajadores y la Junta ha asumido el pago", señalaron fuentes de Garrigues.

Un saludo

La Junta de Andalucía abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia-Ballester, presidido por Manuel Olivencia, suegro del líder del PP andaluz Javier Arenas, procedente del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones. El bufete asesoró en 2001 a la empresa pública Santana Motor, participada al 100% por la Junta, para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba, y por ello facturó 119.828 euros. Pero la Consejería de Empleo pagó la minuta a través del mismo fondo con el que subvencionó los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que la juez Mercedes Alaya investiga ahora, según reflejan las diligencias abiertas.

Situación comprometida para Arenas

A Arenas, por tanto, se le complica el discurso político mantenido hasta ahora ya que a este hecho, se unen las exigencias del PSOE-A para que el líder del PP declare ante el juez por el caso Gürtel por las declaraciones recientes del ex tesorero Luis Bárcenas ante el juez en las que indicaba que contrataciones del partido se tomaban en un sanedrín en el que participaba el propio Javier Arenas.

Arenas y Gürtel

El 31 de Marzo pasado las declaraciones de la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, quien se refirió a la declaración judicial del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en audiencia pública en la que afirmó que los contratos del PP con las empresas Gürtel se decidían en una mesa de contratación de la que formaba parte el propio Arenas: “Se deduce -afirmaba Díaz- que si Javier Arenas, en calidad de secretario general del PP, conoció y consintió los contratos, algo tiene que explicar”

Un saludo

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