Guillena - Sevilla

Justo Padilla deja la Alcaldía tras 30 años y dos imputaciones penales

M. J. PEREIRA. SEVILLA
Jueves, 21-05-09
Venía rumoreándose desde hace semanas que Justo Padilla iba a dejar la Alcaldía de Guillena, cargo que ostenta desde que se constituyera la primera Corporación democrática hace 30 años. Padilla, con dos imputaciones penales por presunta prevaricación omisiva y delito urbanístico, negó el pasado fin de semana que fuera a dimitir de inmediato y aseguró que si lo hiciera no tendría relación con una posible condena, como pasó con el alcalde de Burguillos, dimitido hace doce días. A pesar de sus declaraciones del fin de semana, el martes por la noche presentó su dimisión en el comité local del PSOE, del que es su secretario general, y propuso como sucesor al primer teniente de alcalde, Lorenzo José Medina.
Así pues, la dimisión no cogió por sorpresa ayer por la mañana ni al Pleno del Ayuntamiento ni a los trabajadores municipales ni a los vecinos, a los que entregó una carta justificando su decisión. «Sé que algunos dirán que no es el momento, pero entre las virtudes de un dirigente también está la virtud de saber retirarse y sinceramente pienso que 30 años es un tiempo más que suficiente para la retirada», relata en su misiva.
«Me voy con la satisfacción de haber hecho mis deberes, aunque quedan muchas cosas por hacer. Cosas que con toda seguridad el nuevo Gobierno materializará», declara en su carta al Pleno del Ayuntamiento, donde el PSOE ha gobernado siempre con mayoría absoluta, salvo en la Corporación 1991-1995, cuando un concejal de la oposición le dio la llave de la gobernabilidad.
«No creo que nadie que me conozca pueda decir que me voy porque tengo dos imputaciones penales. Mis 30 años de gobierno no están empañados por esas dos denuncias», manifestó a ABC Justo Padilla, quien insiste en que siempre actuó dentro de la legalidad y que sus actuaciones no supusieron el enriquecimiento para sí ni para terceros.
«No me he enriquecido. Gano 1.970 euros mensuales como alcalde, tengo una casa en Guillena y otra en Las Pajanosas. Mi mujer y mis hijas trabajan. Todo el pueblo sabe que tenemos desde hace muchos años una papelería. Mi vida y mi patrimonio son públicos», subrayó Padilla, quien dice que como alcalde ha tomado cientos de miles de decisiones convencido siempre de que era lo mejor para Guillena.
En cuanto a las imputaciones penales, Justo Padilla tiene actualmente dos asuntos pendientes en los tribunales sevillanos a raíz de sendas denuncias del grupo municipal de IU por actuaciones urbanísticas en los Lagos del Serrano y el polígono El Cerro, según indicó a ABC su letrado, Benjamín Muñoz. En ambos casos la Fiscalía de Medio Ambiente pide penas de inhabilitaciónde 8 años y cárcel, por lo que la Audiencia estudia ahora si es competente para celebrar los juicios o corresponde a los juzgados penales, según las fuentes.
De una parte, Padilla está imputado en el Juzgado de Instrucción 8 por un presunto delito contra la ordenación del territorio (delito urbanístico) porque autorizó en 2002 la construcción de 21 naves en una zona verde del polígono industrial El Cerro. La Fiscalía pide tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público. El Ayuntamiento aprobó una modificación urbanística para trasladar parte de una zona verde a otra, ocupando «terrenos no idóneos» por su proximidad al cauce de un arroyo. La Fiscalía advirtió que tal modificación contó con dos informes desfavorables, uno del secretario de la Corporación y otro del arquitecto municipal, pese a lo cual el alcalde dictó un decreto y concedió licencia a la obra «con manifiesto desprecio a la opinión de los servicios técnicos municipales» . Padilla se defiende diciendo que «en lugar de reservar un 10% del suelo para zonas verdes en ese polígono dejamos un 17%, pero quisimos que un 6% del total estuviera más próximo al aeroclub».
«Las naves las ha construido el Ayuntamiento en suelo municipal, por lo que el Ayuntamiento se dio licencia a si mismo, Ningún tercero -puntualiza- se lucró con la modificación urbanística». Por otra parte, reconoce que dio licencia de obras a las naves sólo con la aprobación provisional del PGOU, sin esperar a la aprobación definitiva de la Junta. De hecho, la Junta impugnó primero la modificación, para después autorizarlas las naves. «Este asunto terminará dilucidándose en el Tribunal Constitucional y sentará jurisprudencia en pro del municipalismo porque siempre pensamos que la aprobación definitiva de la Junta era un puro trámite administrativo», dijo convencido de su absolución.
Padilla también está imputado en el Juzgado de Instrucción 18 por los presuntos delitos de prevaricación omisiva y ordenación del territorio por no actuar de forma contundente ante las obras de chalés ilegales en la urbanización Lagos del Serrano, en suelos no urbanizables de especial protección. La investigación está terminada y pendiente de que la Audiencia decida dónde se celebra el juicio. La Fiscalía pide aquí también penas de inhabilitación de 8 años y un año de cárcel.
«No entiendo por qué me acusan de pasividad, ya que yo ordené paralizar las obras y mandé a la Policía Local. El fiscal dice que debí actuar antes pero creo que hice todo lo que estuvo en mis manos», explica Padilla, quien no ordenó el derribo «porque las viviendas fueron legalizadas después por otra sentencia cuando los vecinos acudieron a los tribunales».
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