Gerena - Sevilla

El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández se ha convertido a primera hora de este martes en el tercer imputado que ingresa en prisión por la trama de los ERE.

La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, ha acordado esta medida a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones ejercidas por el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias.

A las 07.54, una hora después de la decisión de la juez, Antonio Fernández entraba en el furgón policial camino del Centro Penitenciario de Morón. No fue esposado y la Guardia Civil preparó un cordón para que pudiera abandonar los juzgados.

Fernández fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, en las presidencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y viceconsejero desde 1995.

Él fue, en calidad de presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), uno de los dos firmantes del convenio que el 17 de julio de 2001, según el criterio de la juez instructora y la Fiscalía, instauró un sistema que permitió gastar en diez años casi 700 millones de euros sin control y en beneficio de ciertas personas.

Pasadas las 6:45 horas, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha comunicado a Fernández la orden para su ingreso en prisión. El ex consejero sigue así el mismo camino que su director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y el chófer de éste, Juan Francisco Trujillo, ambos en prisión desde marzo, y se convierte en el primer miembro del Consejo de Gobierno que pisa la cárcel en la historia de la autonomía.

La juez Mercedes Alaya ha ordenado la prisión de Fernández tras una vista de medidas cautelares celebrada anoche, en la que el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero, realizó una exposición de más de dos horas oponiéndose a la medida cautelar. Tras dicha vista, concluida a la 01:00 horas, la juez se retiró a deliberar y redactar su auto, que ha terminado sobre las 06:30 horas.

El auto, de 78 folios, fundamenta la orden de ingreso en prisión en el riesgo de fuga de Fernández y la posibilidad de obstrucción de la labor de la Justicia, según han señalado fuentes del caso.

La juez ha pospuesto para más adelante su decisión sobre la cuantía de la fianza que ordena a Fernández depositar en el juzgado para hacer frente a una eventual responsabilidad civil, esto es, reposición de las cantidades supuestamente defraudadas, una posible multa y costas procesales.

La Fiscalía Anticorrupción pidió, además del ingreso en prisión provisional, la imposición de una fianza de más de 890 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil y a las cantidades supuestamente defraudadas.

La Fiscalía lo considera responsable de la concesión de 646 millones de euros en ayudas ilícitas con cargo al programa presupuestario 31.L o fondo de reptiles, así como de la concesión de 1,5 millones de euros para las prejubuilaciones del restaurante sevillano Río Grande y otros 1,8 millones para prejubilar fraudulentamente a seis intrusos: el ex alcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo; al ex dirigente del PSOE de Camas José Antonio García Prieto; a los vecinos de El Pedroso (pueblo de Javier Guerrero) Antonio Arquero y Alejandro Millán; al vecino de Córdoba Rafael Ruiz y a Estrella Blanco, madre del chófer de Guerrero, que es el único de estos intrusos que no está imputado, ante los indicios de que fue su hijo quien la suplantó sin que ella tuviera conocimiento del fraude. Además, esas cantidades se incrementan en un tercio, como establece la ley.

A diferencia de lo que había ocurrido hasta ahora, esta vez la Junta de Andalucía -que ejerce la acusación como perjudicada por el fraude- no se ha adherido a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y, en lugar de pedir el ingreso en prisión de Fernández, propuso que se le obligara simplemente a comparecer ante el juzgado cada siete días. El sindicato UGT, que también ejerce la acusación en la causa, se sumó a esta petición de la Junta de Andalucía y no a la de los dos fiscales anticorrupción.

La Junta tampoco se adhirió a la petición de 890 millones de euros de depósito para hacer frente a multas, costas y reponer las cantidades defraudadas y rebajó dicha cantidad a 68 millones.

La comparecencia de Fernández ante la juez Alaya se inició el viernes y se prolongó durante el sábado, el domingo, ayer lunes y la madrugada de hoy martes. La magistrada le imputa seis delitos: prevaricación, malversación, cohecho, falsedad en documento mercantil, negociaciones prohibidas a los funcionarios y obtención indebida de subvenciones públicas.

Casi ná. To pa tí salandrin. Otro chorizo sociolisto al talego y chapeau por la juez Alaya.

Ya queda menos para que llame a Griñan, Chaves and company.

¡Oye columna! ¿qué me cuentas la actitud racista del PP quitandole a los inmigrantes los derechos médicos dejandoles solo el derecho de urgencia? ¿no crees que puede avivar más la xenofobia de la extrema derecha contra estas personas ya que da a entender que los inmigrantes están siempre en los hospitales aprovechandose de nosotros?

No desvies el tema cascorrin. Otro de los sociolisto de los tuyos pa la carcel por chorizo.

Ten cuidadín que la juez Alaya anda cerca cascorrin, no vaya a ser que entres tu también en el turuyo.

Todo político que sea un chorizo que vaya al talego, pero hay que recordar en la actualidad lo que está haciendo el PP contra la ciudadaní y hechos clasificables de racistas.

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha asegurado que España está pagando la sanidad de los rumanos que han vuelto a su país, ya que estas personas cuando van al médico muestran la tarjeta sanitaria europea que pudieron sacarse gracias a que tenían la expedida en España. Después, el Gobierno rumano remite al español los gastos que generan sus compatriotas.

Echániz explicó que "en este momento estamos soportando la kafkiana situación de que rumanos que estuvieron trabajando en España en el ámbito de la construcción y que se volvieron a su país cuando se quedaron sin trabajo, utilizan la tarjeta europea que se sacaron gracias a la española que tenían y cuando utilizan los servicios médicos rumanos lo hacen utilizando esa tarjeta, en vez de la de su país. Luego Rumanía reenvía a España las facturas de sus compatriotas porque el asegurador de esa tarjeta europea es España. Esto es muy fuerte, pero está pasando".

El consejero de Castilla-La Mancha explicó que "son miles y miles de casos. Y no lo digo yo, lo especifica el Tribunal de Cuentas. Estamos pagando las facturas de los hospitales rumanos que dan asistencia a los rumanos como consecuencia de la no trasposición de la directiva número 7 de la Unión Europea", directiva no vigente en España.

En opinión de Echániz, "no se trata de restringir derechos, sino de reciprocidad en las relaciones exteriores. Lo que no puede ser es que a mí me cobren en Francia y en España no se cobre a nadie. En un momento especialmente crítico como el que vivimos esta situación es insostenible"».

"En materia de urgencia nadie va a tener ninguna dificultad, ni los europeos ni los sin papeles. Se atenderá a todo el mundo. No hay que olvidar que la sanidad gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada", concluyó Echániz.


Que no te enteras cascorrin.

Que sea juzgado, él y los que estén implicados. Y si son culpables, que los condenen. A los que no han sido ni siquiera procesados, que se les repete su presunción de inocencia, como marca nuestro ordenamiento jurídico. Hasta que no haya sentencia condenatoria firme no se considera probado el delito.

El simple hecho de que esté procesado un ex consejero demuestra que la Justicia, aunque mal, funciona y es igual para todos.

¡¡¡Vaya!!! ahora la culpa del déficit en sanidad es de los rumanos no de la mala gestión de los políticos. Pero perdone lo que se ha dicho en primeras líneas no es eso, ponga lo que se ha sacado realmente y no lo que ha supuesto un consejero de Castilla la Mancha

Una consulta que no es de urgencia es para las enfermedades crónicas. Y muchas gentes amigos de los grandes como los empresarios jubilados británicos, alemanes y americanos vienen a España a un Chalet de lujo en verano para utilizar nuestra Sanidad. Esas personas sin necesitarlo viene aquí de gañote a ser tratados ¿no dice nada los fachas de tu partido sobre los riquitos? ¿por qué tiene que hablar siempre de los pobres y desgraciados? ¿nos teméis?