Gerena - Sevilla

Montoro emplaza al Gobierno andaluz a que le mande la lista de acreedores

La situación real de las cuentas públicas de Andalucía sigue en tela de juicio. Una vez que ya se ha reconocido el déficit de la comunidad autónoma —que ascendió al 3,22% al cierre de 2011, casi tres décimas por encima de la media nacional—, el nuevo punto de fricción es el importe total que la Junta debe actualmente a sus proveedores. En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer en Sevilla que las facturas pendientes de pago del Gobierno andaluz ronda los 3.000 millones de euros, según los datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

El diputado jiennense emplazó al Ejecutivo de José Antonio Griñán a que envíe cuanto antes la información completa de estos compromisos. Frente a ello, la portavoz de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, replicó unas horas más tarde las palabras del titular de Hacienda, al afirmar que con estas manifestaciones está «intoxicando para luego tener que desdecirse». También recordó que el plazo para mostrar la lista de acreedores finaliza el 15 de abril. Al margen de esta cuestión, en una conferencia en la Fundación Antares —patrocinada por BBVA—, Cristóbal Montoro repasó el impacto de las distintas reformas que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy. A su juicio, el reto prioritario de los próximos años debe ser el control del déficit. «Hay que transmitir a la UE que España es un país fiable y responsable con su presupuesto y con el del conjunto de las administraciones». Bajo esta premisa, insistió en la necesidad de que todos los niveles del Estado cumplan con el objetivo fijado en la ley de estabilidad presupuestaria y advirtió de que el Gobierno no va a dar más margen de endeudamiento a los ayuntamientos a corto plazo. «El control del gasto es la única forma de asegurar el empleo público», apuntó.

Función pública
Montoro indicó que la existencia de un programa de saneamiento en el marco del plan de pago a proveedores no implica «una situación negativa para los funcionarios» y señaló que es peor que se despida a «cientos de miles de personas porque desde los ayuntamientos no se pagaban las facturas». Tras denunciar que las entidades locales no deben ser una «agencia de colocación», destacó que «ser funcionario no es un fin en sí mismo para conseguir estabilidad en el trabajo: su finalidad es la de servir y desarrollar un servicio a la sociedad, y no al contrario». Por ello, «quien es empleado público no lo tiene todo hecho, sino que hay que ganárselo todos los días», apostilló.



Que trampa, madre mia, que trampa no habrá debajo de la alfombra. Que golferio socialista chiquillo.