Gerena - Sevilla

Cada nuevo auto de la juez Alaya supone, siguiendo las tesis que ella misma exponía hace algún tiempo, escalar un peldaño más arriba. Ayer la instructora seguía subiendo escalones e imputaba al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que fue miembro del Gobierno andaluz de José Antonio Griñán hasta marzo de 2010 y que ahora ocupa el cargo de secretario general del Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812.

La imputación del que fuera número dos de Empleo se desprende de la declaración el pasado martes del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero (1999/200 ante la Guardia Civil. Así, según el auto, al que ha tenido acceso ABC, Barberá (que ya declaró como testigo en el caso Mercasevilla) y que ocupó el cargo de viceconsejero entre abril de 2004 y marzo de 2010, «tendría conocimiento a la vez que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, de la falta de legalidad en los procedimientos seguidos para la concesión de ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía». Además, prosigue el escrito, «en la ejecución de los citados procedimientos daría el visto bueno a los pagos ordenados al IFA por el director general de Trabajo en los últimos años».

En ese auto, la juez accede a la petición de Guerrero para aplazar su declaración hasta el día 7 de marzo (vísperas del inicio de la campaña electoral). Una citación que prevé larga, ya que incluso asegura que el citado interrogatorio podría «continuarse al día siguiente» si no concluyera. Antes de tomarle declaración, la instructora ha pedido a la Guardia Civil que le remita copia de los interrogatorios del chófer de Guerrero y su esposa.

Pero el auto también fija un nuevo calendario de declaraciones entre las que destaca la del que fuera chófer del exdirector general, Juan Francisco Trujillo, que será citado el próximo 20 de marzo, casi en el cierre de campaña. Esta declaración es fundamental, ya que el atestado de Andújar (donde estaba siendo investigado) ha llegado hace sólo unos días. Se trata del exchófer que admitió haber recibido subvenciones de su jefe (entonces Guerrero) por valor de 900.000 euros y que también aseguró que parte de ese dinero lo gastaron en «cocaína, fiesta y copas» y que empleó otra parte en comprar regalos al propio exdirector. La magistrada quiere contar con todos los datos antes de tomar esa declaración, por lo que ha pedido a la Junta de Andalucía que le envíe en tres días el expediente relativo a la ayuda concedida a Isidoro Ruíz Espigares, socio de Trujillo, para montar una granja de pollos que nunca creó.

La juez seguirá con una ronda de declaraciones en las que ha incluido a Encarnación Poto y Gabriel Barrero para el próximo 29 de marzo. Ambos fueron imputados por la juez el pasado 27 de enero en relación con el ERE de Acyco. La primera por su inclusión en el ERE de esta empresa cuando no llegó a existir su relación laboral con la entidad y por solicitar una ayuda para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo en esa sociedad cuando en realidad era para el pago de la minuta de un despacho de abogados. Y el segundo por lo mismo que la anterior.

El 12 de abril están citados Luis Llorente, Luis Morell y Jorge Andrés Morell, todos ellos en relación con el ERE de Aglomerados Morell. Luego les tocará a Antonio Manuel Bustamante y Manuel Rafael Castilla, el 19 de abril, fecha en la que tendrán que responder por la inclusión de intrusos en Surcolor. Y por último para el día 9 de mayo ha citado a Enrique Manuel Jiménez y Juan Antonio Caravaca (ambos de CC.OO.) y Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón. Los primeros por su participación y los segundos por su inclusión como intrusos en Calderinox.

Vuelve a acusar a la Junta de entorpecer
No es la primera vez que la juez destaca la falta de colaboración de la Junta de Andalucía. Ahora insiste en pedirle los desplegables de la Consejería de Innovación y de otras consejerías que pidió para que se lo envíe «con la mayor urgencia posible». «Su falta de presentación, insiste, está entorpeciendo considerablemente la investigación. Y recalca que la Junta ha aportado otro desplegable de las ayudas dadas por Empleo a través del IFA que no coincide con el desplegable que maneja la juez, por lo que se lo vuelve a solicitar. Y también que hay otros anexos con operaciones no incluidas sobre variaciones de importes que hace imposible comprender y que ello «obstaculiza el estudio de la documentación». Por ello le insiste en que aporte un nuevo desplegable. Anoche la Junta rechazaba que obstaculice la investigación y decía que atiende adecuadamente a todo. La Junta de Andalucía dice haber enviado a la juez 200.000 folios y contestado a 101 peticiones.


Que golfeo socialista chiquilla.

La mierda sigue a Griñan hasta su despacho de San Telmo. Otro que se decía que era muy honrado.