Gerena - Sevilla

El grupo socialista enmienda las conclusiones de IU para salvar a los exconsejeros y el PP pide responsabiliza a Griñán y Chaves

El PSOE-A ha planteado sendas enmiendas a la ponencia de síntesis elaborada por el presidente de la comisión de investigación sobre irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Ignacio García (IULV-CA), en las que plantea la supresión íntegra del apartado en el que se señala la "responsabilidad política de primer nivel" de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera.

El grupo socialista plantea en una de sus enmiendas que el dictamen de la comisión recoja que "existe, indudablemente, una responsabilidad política directa por actuación en el ámbito de la Consejería de Empleo, concretamente en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, desempeñada en este tiempo por Francisco Javier Guerrero". "Él realizaba las actuaciones y tomaba las decisiones que directamente se traducían en irregularidades: intrusos, pagos excesivos de comisiones o distribución presuntamente arbitraria de las ayudas", según indica esa enmienda. Izquierda Unida, por su parte, ha declinado plantear enmiendas.

Las 25 enmiendas del PP
«La Junta conoció y amparó por conveniencia política de las ayudas»Por otro lado, el PP-A ha registrado este martes 25 enmiendas al dictamen ponencia síntesis de la comisión de los ERE irregulares en las que pide que se eleve la responsabilidad política al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor, Manuel Chaves, y considera "cobarde" situarlas en la Dirección General de Trabajo. En sus alegaciones, el PP pone de manifiesto que es "sencillamente inverosímil y políticamente cobarde" intentar convencer de que todo comenzó y se consumó en una Dirección General, tal y como defendió el PSOE en sus conclusiones, ya que entienden que ha quedado probada la responsabilidad de Chaves y Griñán.
El dictamen elaborado por la Presidencia de la comisión situó la máxima responsabilidad política en los consejeros de Empleo de la época investigada, entre el 2001 y el 2010, José Antonio Viera y Antonio Fernández, e incidió en la falta de control de las ayudas públicas. La ponencia síntesis de Ignacio García (IU) fija tres niveles de responsabilidades políticas: la de Francisco Guerrero, director general de Trabajo, la de los viceconsejeros Antonio Fernández y Agustín Barberá, y la de los consejeros, en la misma línea que lo hizo la federación de izquierdas en sus conclusiones.

Al igual que defendió en sus conclusiones finales, el PP ha presentado alegaciones para que la responsabilidad política se sitúe, además de en Chaves y Griñán, en otros catorce cargos políticos, entre los que destaca el exvicepresidente Gaspar Zarrías. El PP considera que también son responsables los exconsejeros Viera, Fernández y Manuel Recio, los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, y los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera.

Por la "participación activa" de la Agencia IDEA en la concesión y gestión de las ayudas públicas, el PP también ve responsables a los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler y a quien actualmente ocupa el cargo, Antonio Ávila. En cuanto a la Consejería de Economía, culpa también a Griñán por su periodo como consejero, además de a la exconsejera Magdalena Álvarez y a la actual dirigente del ramo, Carmen Martínez Aguayo.

«Han quedado probadas debido a las actuaciones arbitrarias e ilegales»Para los populares ha quedado probado que en los años investigados la presidencia de la Junta "conoció y amparó por conveniencia política" la concesión de ayudas otorgadas "sin ley y de forma arbitraria y fraudulenta". Ha indicado que las responsabilidades políticas han quedado probadas debido a las actuaciones "arbitrarias e ilegales", además de que se "desoyeron" los informes de los interventores.
Entre sus enmiendas, el PP también pide que se cree el cuerpo superior de interventores de la Junta, así como una comisión de control que decida sobre las conclusiones de las auditorías de la Intervención, que dependa del presidente de la Junta y traslade sus conclusiones al Parlamento.


Me da sonrojo pensar el apoyo que en esta tierra tienen aquellos partidos que no tienen vergüenza, pocos politicos la tienen hoy en dia pero el equipo de Gobierno en la Comunidad andaluza, raya lo autenticamente inaceptable, como decia mi abuela, los hay malos y peores, estos han llegado a ser lo peor de lo peor
y los ciudadanos condescendientes, todavia peor,
debe de haber mucho voto comprado, lo malo es que lo hacen con mi dinero, esto no tiene nombre

Si al final la culpa será del bedel de la conserjería pero que poca verguenza.


Quién no conozca a un sociolisto que lo compre.