Gerena - Sevilla

La consejera asegura que se trata de un procedimiento «con fines partidistas»

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, no dio la cara ayer, el día después de que se conociera el atestado de la Guardia Civil que concluye que su Gobierno conocía y tapó el fraude de los ERE fraudulentos. Fue su mano derecha, la consejera de Presidencia, Susana Díaz, la encargada de hacer las valoraciones que dedicó a arremeter contra la juez y la Guardia Civil haciendo graves acusaciones. Según Díaz, la instrucción que lleva a cabo la juez Mercedes Alaya es «una causa general» contra la Junta de Andalucía y «un procedimiento inquisitorial» que tiene «fines partidistas».

En este sentido, la número dos del Ejecutivo de Griñán puso en tela de juicio el informe policial asegurando que se basa exclusivamente en «sospechas y suposiciones» y que «no tiene soporte probatorio».

Díaz, que ayer asistió al congreso del PSOE de Sevilla, insistió en que es «absolutamente falso que los altos cargos de la Consejería de Empleo conocieran o consintieran la extracción o destrucción de documentos relacionados con la trama» de los falsos ERE. Además recalcó que no comparte «en absoluto» que se intente justificar el conocimiento de los hechos por parte del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, e insistió en que se trata de «suposiciones impropias» que no cuentan con pruebas

Valderas
Más suave fue la respuesta del vicepresidente de la Junta y coordinador de IU-LV-CA, Diego Valderas. El socio de Griñán en el Gobierno prefirió abogar porque se fijen cuanto antes las responsabilidades aunque dijo esperar «que no alcancen a los máximos niveles de responsabilidad de anteriores gobiernos de nuestra comunidad».

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico también subrayó que el caso de los ERE «ha puesto de manifiesto que la Consejería de Empleo no hay funcionado de la forma más correcta entre los años 2000 y 2010» y, «como consecuencia de ello, hay una investigación judicial que tiene su camino». Y también insistió en que el Parlamento andaluz debe cumplir su función y crear una comisión de investigación cuanto antes ya que considera que la Cámara autonómica «tiene que cumplir sus funciones desde el punto de vista político y administrativo».

Por eso, Valderas añadió que, en este tema, «hay que llegar» para así «demostrar a los ciudadanos que estamos en una administración que cada día tiene que avanzar más en el terreno de la transparencia y en el terreno de asumir las responsabilidades que sean necesarias».


Los socialistos tienen menos vergüenza que osla.

En cualquier democracia de nuestro entorno, los políticos que aparecen mencionados en el informe de la Guardia Civil y/o los que se encuentran mencionados en la instrucción de la juez Alaya, habrían presentado su dimisión inmediatamente.

Por el contrario, en España, siguen ejerciendo, ocultando, y manipulando con total impunidad los documentos que les puedan vincular con la trama de los ERE. Y para más inri, incluso se permiten poner en duda la honestidad e imparcialidad de las instituciones que los están investigando.

Está claro que es España es diferente, y Andalucía aún más.

Los sinverguenzas estos solo les importa el poder y vivir del cuento

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