Fuentes de Andalucía - Sevilla

La hija de Chaves firmó la ayuda a su empresa que aprobó su padre

* La Ley de Incompatibilidades obligaba al entonces presidente a inhibirse en la adopción del acuerdo por razones de parentesco

Manuel María Becerro | Sevilla
Actualizado jueves 28/05/2009 05:55 horas

Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, intervino directamente en la tramitación administrativa del expediente del incentivo de más de 10 millones de euros a la empresa en la que ella figura como apoderada.

Esa multimillonaria ayuda fue ratificada por la Junta de Andalucía en un Consejo de Gobierno en el que participó Manuel Chaves, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse. Rajoy le exige explicaciones.

En el expediente de la subvención puede comprobar no sólo que las comunicaciones previas a la concesión del incentivo iban dirigidas personalmente a esta cualificada representante de la sociedad Minas de Aguas Teñidas (Matsa), sino que quien puso su firma para dar la conformidad de la empresa (el 23 de febrero) aceptando la ayuda que después rubricó el ex presidente Chaves fue su hija.

Como resulta evidente que esa responsabilidad extralimita las funciones propias de una abogada vinculada laboralmente al departamento jurídico de la multinacional minera canadiense, la versión oficial del vicepresidente Chaves y de la Junta de Andalucía ha tenido que ser la de negar la mayor: que Paula Chaves no ha tenido la más mínima intervención.

El martes último, en el Senado, Manuel Chaves subrayó que "no me constó ni me consta hoy" que su hija "hubiera tenido nada que ver con ese expediente". Por la mañana, Manuel Pérez Yruela, portavoz del Gobierno andaluz, aseguró también que Paula Chaves "no ha tenido que ver nada con la tramitación" y que no fue la "responsable" del expediente.

¿Por qué esta insistencia? Lo que se quería descartar de raíz es la posibilidad de que el actual vicepresidente Chaves hubiera vulnerado en enero la Ley Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que establece que el presidente autonómico debe inhibirse en cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración "hubiese tenido alguna parte" cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.

El problema es que su hija sí tuvo parte en este asunto: en la escritura de apoderamiento, publicada en el Registro Mercantil de Huelva, figura entre las facultades conferidas a Paula Chaves la de "dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, así como cualquier otro acto para el cual no sea necesaria la asistencia de abogado y/o procurador", que es el caso de la comunicación de la concesión de una ayuda de la Junta.

La empresa retrotrae el momento en que ésta empezó a participar directamente en "la gestión y tramitación de incentivos y ayudas" a 2 de julio de 2007, lo que supondría su implicación desde el primer momento en este expediente que terminó con la concesión de los casi 10,1 millones de euros, ya que la solicitud de esta ayuda es de tres meses más tarde: octubre de 2007.

Según la versión de Matsa y el Registro Mercantil, Paula Chaves participó en el expediente desde el principio y era quien �por un apoderamiento especial� recibía las comunicaciones de la Junta y tenía que dar su conformidad a la ayuda que se concedió con la firma de su padre.

El Gobierno andaluz dice lo contrario: que el ex presidente no violó la ley. El portavoz del Ejecutivo regional, Pérez Yruela, aboga por una interpretación "más estricta" del artículo 7 de esa norma. "Si se hace una interpretación muy extensa del artículo, casi nadie que tenga relación con un alto cargo podría entonces solicitar nada", ha señalado.

Nadie ha negado a Matsa el derecho a solicitar o percibir las ayudas porque tenga a la hija de Chaves empleada o por concederla poderes especiales antes de finalizar el expediente. A lo que obligaba la Ley de Incompatibilidades es a que Manuel Chaves se inhibiera en la aprobación final de la ayuda, por consanguinidad.

Como ha publicado EL MUNDO, después de la inscripción de Paula Chaves como apoderada de Matsa en noviembre de 2008, el Gobierno andaluz elevó su propuesta de incentivo, incrementándose de 6,9 a casi 10,1 millones.

Un mes antes de la concesión, la Junta alteró también una orden autonómica para poder subvencionar los proyectos "de transformación" de mineral �como el de Matsa� y no sólo los de industrias extractivas. Sin ese cambio, Chaves habría tenido que denegar la ayuda, como hizo el Ministerio de Industria.
https://ww.elmundo.es/elmundo/2009/05/27/andalucia/1243453873.html

Todos arriman el ascua a su sardina, asi de bien van las cosas

Te contestaría con bastantes argumentos para rebatir lo que dices, porque conozco el caso y he tenido contactos con la empresa canadiense que explota la mina de Aguas Teñidas, peo si escribes desde el anonimato, no mereces más que ignorar tu comentario.

Jjajajajaajajajajajjaja...

Que Arte tienes Aljabara..., ¿No tienes guasa tu ni na?

aljabara llevas razon, da ravia contestar a alguien anonima/o.

ALJABARA, es mejor no perder el tiempo; para qué predicar en el desierto; ademas, que quieres que te bombardeen con reproches e insultos. Hay que pasar de eso; ya lo sabemos por experiencia, hijo mio.

Hola a todos.

Retomo este tema a raiz de una noticia de hoy del Tribunal Supremo que os copio.

EUROPA PRESS - MADRID - 18-02-2010 La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado por unanimidad y ha archivado la querella presentada por el PP contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por la subvención que la Junta de Andalucía concedió cuando él era presidente del Gobierno andaluz a la empresa Minas de Aguas Teñidas, en la que trabajaba su hija, Paula Chaves, hechos que el PP consideraba constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.


El vicepresidente tercero y ministro de Politica Territorial, Manuel Chaves. (Foto: Javier Cebollada)En la sentencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo atiende de este modo la petición de la Fiscalía, que había interesado la inadmisión de la querella y el archivo de las diligencias 'por no ser los hechos en que se funda constitutivos de delito'.

En este sentido, el Supremo analiza en primer lugar el presunto delito de prevaricación, y asevera que 'las afirmaciones del querellante sobre la subsunción en el delito de prevaricación carecen de relevancia para su consideración como indicios de delito', recordando que, en su querella, el PP decía que 'la prevaricación del querellado consiste en no abstenerse cuando era procedente dada la relación de parentesco entre él y su hija, además de que debió haber advertido las irregularidades del expediente seguido'.

Tras ello, el Supremo se refiere primeramente al primer apartado de la imputación, la ausencia de abstención en la ratificación de la concesión del incentivo, argumentando que 'el incumplimiento de un deber legal de abstención, por sí solo, no genera el presupuesto fáctico del tipo penal de la prevaricación', y agrega que 'el ordenamiento jurídico administrativo señala que la no abstención en los casos en que proceda no implica, necesariamente, la invalidez de los actos en que haya intervenido'.

En relación al segundo presupuesto de la prevaricación, 'las irregularidades administrativas cometidas en la tramitación del expediente incoado que no han podido pasar desapercibidas para los funcionarios públicos que tenían obligación de conocer del mismo y que han resuelto sobre la petición de subvención', el Supremo parte del hecho de que Chaves 'interviene en un acto de ratificación de otro acto por el que el órgano competente para la concesión del incentivo ha resuelto, en este caso, de acuerdo a la solicitud'.



NO EXISTEN INDICIOS DE ILICITUD

Al hilo de ello, indica que, desde la perspectiva expuesta, 'lo que el querellante expresa como 'múltiples irregularidades' del proceso de concesión pertenecen al ámbito de actuación y control del órgano administrativo que concede y no al órgano que ratifica, salvo los supuestos de conocimiento de la prevaricación por el órgano administrativo', y señala que las irregularidades denunciadas, como la falta de una firma en el expediente, 'son ajenas a la función de control del órgano que ratifica la subvención concedida'.

En definitiva, concluye que el delito de prevaricación que los querellantes basan en la falta de abstención y en las irregularidades administrativas que no han podido pasar desapercibidas al órgano de gobierno, 'no constituye presupuesto de la imputación por prevaricación que se realiza', pues las irregularidades denunciadas desde la perspectiva que afecta al aforado 'no alcanzan la condición de indicios de ilicitud en la medida en que el expediente aparece, en principio, correctamente tramitado en lo que afecta a su ámbito de control'.

No obstante, y tras aclarar que todo lo anterior se expone 'sin perjuicio de que las irregularidades que denuncia puedan ser indagadas ante otros órganos jurisdiccionales competentes por razón del orden jurisdiccional, la materia y el territorio', el TS aborda el presunto delito de tráfico de influencias, aseverando que el escrito de la querella 'no denuncia hechos susceptibles de ser subsumidos en la tipicidad del tráfico de influencias, sólo conjeturas derivadas de la condición de presidente de la Junta del aforado, del trabajo de su hija en la empresa y del hecho de realizar visitas a los centros de producción'.

CHAVES: 'EL SUPREMO HA COLOCADO LAS COSAS EN SU SITIO'

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, consideró este jueves que el Tribunal Supremo 'ha colocado las cosas en su sitio' al rechazar la querella presentada por el Partido Popular (PP) contra el vicepresidente tercero del Gobierno por el caso 'Matsa'.

En declaraciones a los medios de comunicación en Calatayud, el también vicepresidente tercero del Gobierno indicó que aún no conoce el auto del Supremo, para aseverar que 'el rencor y el resentimiento personal de los dirigentes del PP de Andalucía y de su presidente Javier Arenas no son los mejores instrumentos ni medios para la dialéctica y el debate político'.

A su juicio, en la política 'hay muchos otros medios que el resentimiento y rencor personal' y, además, calificó de 'lamentable' que el PP haya utilizado 'a la familia para tratar de desgastar al adversario político'.

Como ya he dicho en otras ocasiones, el tiempo da y quita razones.

Un saludo

Gracias Aljabara por colgar la sentencia del Supremo; ahora a ver que inventan. En algo tienen que entrenerse, menos trabajar de to.