Estepa - Sevilla

La Junta fracasa y entrega al Estado la gestión completa del Guadalquivir


La Junta de Andalucía va a revertir de inmediato al Estado el "cien por cien" de las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por su territorio ante la imposibilidad de encontrar un acuerdo satisfactorio con el Gobierno de la Nación que permitiera una "solución perfectamente legal y jurídicamente pacífica" a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, que ha querido dejar claro que la Junta no tiene "ninguna duda" de la "voluntad política" del Gobierno para cerrar un acuerdo satisfactorio, que no ha sido posible por "dificultades jurídicas" advertidas por los servicios jurídicos del Estado, y ha avanzado que el Ejecutivo andaluz seguirá reclamando estas competencias por la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

Este anuncio se produce después de que Gobierno y Junta no hayan logrado cerrar un acuerdo sobre la transferencia de la gestión a la comunidad autónoma de las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio. El límite para alcanzar el acuerdo era este viernes, cuando finaliza la prórroga de la encomienda de gestión que se firmó el pasado día 7.

Ambas administraciones han estado trabajando hasta el último momento para intentar cerrar un acuerdo. Miembros de la Junta se han trasladado a Madrid en los últimos días para mantener reuniones con miembros del Gobierno central e intentar alcanzar un acuerdo, a raíz de los "reparos" que plantearon los servicios jurídicos del Estado.

La consejera ha querido dejar claro que desde el día 7 se ha estado trabajando con intensidad con el Gobierno de la Nación, intentado buscar soluciones, sobre todo, de carácter jurídico a los problemas que se habían planteado, principalmente, en lo que afectaba al personal, después de que la administración central hubiera puesto sobre la mesa la posibilidad de una encomienda de gestión "sin traspaso de personal y de recursos humanos", lo que no satisfacía los planteamientos de Andalucía. Según ha explicado, las dudas jurídicas sobre la posibilidad de adscribir personas vía encomienda de gestión por parte del Estado "no se han disipado por completo, lo que introduce un factor de inseguridad jurídica bastante relevante que no podíamos dejar pasar por alto", sobre todo, cuando había precedentes de encomienda de gestión con traspaso de medios materiales y humanos.

Ha recordado que, en el apartado de personal, el Estado traspasó en su día a la comunidad 849 empleados y que ahora la Junta le devuelve el mismo número, distribuidos en 193 funcionarios, 427 laborales y 229 vacantes.

Con respecto a la policía de aguas, según ha explicitado, no se planteaba ningún problema para su transferencia, pero al final no se producirá porque ello "no satisface ni de lejos las aspiraciones de la Junta sobre el Guadalquivir ni permite un papel lo suficientemente relevante sobre la gestión del río".

En el día de ayer, según ha indicado, lo que había sobre la mesa era la posibilidad de una encomienda de gestión con una "limitación temporal expresa a cinco años", lo que, a juicio de la Junta, volvía a situar a la plantilla de trabajadores con "problemas evidentes de estabibilidad y temporalidad que, evidentemente, dificultaría su integración" en la administración andaluza y podría lesionas derechos de los propios empleados. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha decidido que la competencia "revierta al cien por cien al Estado" --algo que es la primera vez que se produce, ya no hay ningún precedente en la historia del país-- y que se mantenga abierta la "vía política" del artículo 150.2 de la Constitución, porque es "limpia, plenamente legal y no tiene complejidades jurídicas".

De hecho, en el Parlamento andaluz ya se está tramitando una proposición de Ley del PSOE-A que plantea esa vía para la transferencia del Guadalquivir y que, una vez aprobada, sería remitida a las Cortes Generales, que son las que tendrían la última palabra al respecto. El Consejo Consultivo está elaborando además un informe sobre la citada iniciativa y despejar cualquier duda de legalidad.

Respecto al impacto económico de la reversión, la consejera ha expuesto que la transferencia ha estado cifrada en 78 millones de euros en 2011 por parte del Estado. Esos son los recursos que, según ha apuntado, Andalucía deja "de recibir y que deja de gastar", precisando que, en ningún caso, se pueda hablar de "pérdida económica".

Moreno ha aprovechado su comparecencia para agradecer los esfuerzos del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de los ministerios de Política territorial, de Hacienda y de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino porque la voluntad política ha sido compartida en todo momento de "alcanzar una solución que fuera satisfactoria y viable".

Ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que se ha puesto en contacto este viernes con el presidente del PP-A, Javier Arenas, y con el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, para informarles del asunto, ha tenido siempre claro que cualquier acuerdo tendría que ser "pacífico en términos jurídicos y con contenidos sustantivos" y que, en modo alguno, en el ánimo de la Junta ha estado plantear ningún tipo de "pleito".

Mar Moreno ha asegurado que la Junta está satisfecha, por un lado, con el interés que ha demostrado el Gobierno de España en encontrar soluciones y en poder satisfacer el deseo de Andalucía, y, por otro lado, por tener una visión "sensata y de largo plazo sobre los intereses" de esta tierra. Ha indicado que la Junta no quería una satisfacción "momentánea" con la firma de acuerdo con las debilidades jurídicas que se han planteado.

"Hemos optado desde la responsabilidad por evitar una satisfacción momentánea que mañana pueda derivar en una fuente de conflictos laborales o jurídicos en materia de agua", ha sentenciado Moreno.

El Partido Andalucista (PA) va a presentar desde este jueves una moción en los 177 ayuntamientos en los que cuenta con representación, dirigida a defender la competencia exclusiva de Andalucía sobre el Guadalquivir, en la que se insta al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía a arbitrar una formula jurídica que facilite la gestión andaluza de la cuenca del río.


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En un comunicado, el PA ha indicado que también se insta a Gobierno y Junta a aprobar el principio político de la competencia andaluza sobre el Río, "como símbolo universal de Andalucía, siguiendo el principio de unidad de cuenca andaluza", con la intención que se de traslado este acuerdo a la Mesa del Parlamento Andaluz y a la Mesa del Congreso de los Diputados para su conocimiento y tramitación parlamentaria.

Esta moción se incluye dentro del programa 'Andalucía Existe, 10 razones', un bloque de iniciativas legislativas municipales y mociones con las que, desde los ayuntamientos, llevar al Parlamento andaluz "prioridades y preocupaciones acuciantes" como la pérdida de autonomía y de peso político de Andalucía.

La moción, sobre la que el Partido Andalucista viene trabajando desde que el Tribunal Constitucional anulara el artículo del Estatuto de Autonomía que le transfería a Andalucía atribuciones exclusivas, adquiere estos días vital relevancia a raíz del debate sobre la cesión de competencias por parte del Estado a la Junta de Andalucía.

A este respecto, la secretaria general del PA, Pilar González, ha asegurado que "los andalucistas tenemos "clarísimo" que la gestión y las competencias sobre el Río Guadalquivir tienen que ser materia exclusiva de la Junta de Andalucía, gobierne quien gobierne".

"Los andalucistas somos conscientes de que la gestión ordinaria de la Agencia Publica del Agua y de la Junta de Andalucía sobre el Guadalquivir ha tenido muchos defectos tanto de organización como de recursos personales y económicos", ha apunto González, quien ha añadido que "ello no es óbice para que se cuestione la competencia de un río que vertebra la comunidad y es el símbolo nacional de Andalucía".

En esto discrepo, yo la veo una buena noticia, prefiero que la junta no tenga esas competencias y que las gestione el estado y si no que se lo pregunten a los trabajadores.