Estepa - Sevilla

La propietaria del piso es una viuda enferma, como el inquilino, que lleva dos años sin recibir ni un euro por el alquiler

ANTONIO VÁZQUEZ
Kichi interviene y habla con la Policía esta mañana
Resulta complicado justificar a un casero, a un propietario, en la ciudad que acuñó el término 'asustaviejas'. Los que responden a esa calificación son especuladores, usureros, dispuestos a cualquier recurso para expulsar a un arrendatario. Tienen como único objetivo conseguir más dinero con un nuevo ocupante, con otra renta, actualizada, incrementada, o a través de la venta. Siempre mediante reforma o reconstrucción de la finca. Han sido muchos los casos en los últimos 30 años y la generalización es difícil de frenar. El imaginario popular, escarmentado, dicta que todos los propietarios son malos, privilegiados, y todos los inquilinos son víctimas vulnerables.

Cualquier generalización lleva a errores. Sin repartir papeles de héroes y villanos, sin caer en el maniqueísmo, conviene escuchar las dos versiones de cada conflicto antes de formarse una opinión propia. Puede que nadie tenga toda la razón ni sea posible achacar perversidad a ninguna de las partes. El caso del desahucio de la calle Benjumeda, que ha puesto a concejales de Cádiz en el trago de ser desalojados por la Policía a rastras, tiene otro punto de vista. Es el de la propiedad.

La dueña del piso es una viuda que no vive en Cádiz, es la única propietaria de una pequeña sociedad que cuenta con dos viviendas en el centro: la que se ha convertido hoy en escenario del episodio y otra. Esta última no encuentra inquilinos. Siempre según fuentes oficiales de la propiedad, estos alquileres son la única fuente de ingresos de la octogenaria junto a una mínima pensión. Los representantes legales de la casera afirman que esta mujer tiene serios problemas de subsistencia económica.

El conflicto, aseguran, empezó en 2013. En agosto de aquel año expiró el contrato del alquiler de diez años por el que los inquilinos habían pagado unos 90 euros al mes. Tras una reforma del edificio (amparada por la Junta de Andalucía en 2003), las víctimas del desahucio de esta mañana vivieron en el piso durante esa década. Empezaron con esos 90 euros y acabaron pagando poco más de cien. Era una cantidad que podían permitirse. Al acabar el contrato, para renovar el alquiler, la propiedad pidió una cifra que ya rondaba los 400 euros al mes. La pareja de ocupantes (sus representantes niegan que la menor de 16 años viva en el piso con sus padres) rechazó la subida. Hubo negociaciones, discusiones, regateo, pero sin acuerdo. Que no podían pagar ni 400 ni 300, que querían seguir con los ciento y poco euros al mes como alquiler.

El desencuentro acabó en los tribunales. En otoño de aquel 2013, ante la imposibilidad de encontrar un entendimiento, la representación de la propiedad decidió denunciar. «El inquilino llegó a presentarse en el juicio sin procurador ni abogado. Fue en solitario a exponer sus argumentos», aseguran los representantes legales. El tribunal decidió, tomó partido y dictó que los ocupantes debían salir de la casa. Durante todo ese periodo, desde agosto de 2013 hasta este recién comenzado verano, dos años completos, la casera no ha recibido ni un solo euro por el alquiler, ni la cantidad antigua, ni la nueva, ni una intermedia, nada.

Para completar el cuadro de las dificultades, la viuda dueña del piso está bajo tratamiento por una grave enfermedad, al igual que el varón de la pareja desahuciada esta mañana. Es decir, afirman sus representantes, los problemas de salud son comunes a ambas partes en litigio.

Estos portavoces de la propietaria aseguran entender «que se busque una solución» para que los desahuciados tengan un techo pero recuerdan que los intereses de su clienta son «comprensibles y legítimos, necesita el dinero, lo está pasando mal, no logra vender y son dos años sin recibir nada de ese alquiler». Los representantes de la casera negociaron tanto con el alcalde de Cádiz como con el concejal D avid Navarro. Aseguran que celebrarían que la pareja desalojada pudiera acceder a una vivienda social una vez que se considere que su situación es de emergencia pero, obviamente, matizan que no pueden «entrar en esa gestión, que es posterior y corresponde a los servicios sociales. Nuestro trabajo es defender los legítimos intereses de nuestra representada».

Como añadido, aseguran que la pareja desalojada esta mañana recibió ayudas económicas del anterior equipo de gobierno, que cifran en 600 euros, para que pudiera saldar parte de la deuda y retrasar o evitar el desahucio. «Sin embargo, la propietaria no recibió nada de ese dinero, no sabemos cómo se gastó ni nos importa pero el caso se ha prolongado durante dos años para perjuicio de la propietaria».

Puede que sigan sin aparecer los buenos ni los malos, siguen sin ser fáciles las soluciones y siempre será prioridad proteger a dos personas del desamparo. Simplemente, se trataba de escuchar a la otra parte antes de repartir papeles.

Saludos.

Es patente que se hace menester el escuchar a ambas partes y si es cierto que esa familia recibio los 600 para hacer frente a lo que segun dices no lo hicieron, pues mas peor.

Pero una "viuda" que buen incapie haces para manipular al leyente, cobra la minima pension, como tantos otros que no tienen dos propiedades ni una ni media, que no se yo en que se lo necesita gastar, ya que con su edad ni fuma ni bebe ni va de marcha, pero en fin que es suyo y le pertenece.

Tambien los hay habidos emprendedores que compran locales habitados con renta antigua y nos les tiembla un dedo al echar al inquilino por muchos minusvalia y por muchos hijos que tengan.

Donde ponemos el varemo?, ¿donde la linea roja?. Que quien se gaste en vicios lo que le corresponde a otros...a la p... calle. ¿pero el que no se lo gasta porque no lo tiene?, ¿tambien a la calle?.

UN SALUDO

Si yo tengo un piso en alquiler aunque no me haga falta el dinero,es mío¡¡¡ y soy el que decido si lo regalo o no. Si el inquilino no puede pagar que los servicios sociales los ayude.... para eso pagamos impuestos.

Dónde ponemos la linea roja? En respetar la propiedad privada,quien quiera que gaste en vicios siempre y cuando sea con su dinero. Conozco a muchos que no pagan nada por gastar en vicios con el dinero de otros.

Quien va a pagar lo que debe? quien se va a preocupar de cumplir lo firmado? Si el que no paga es el héroe y el "hormiguita" que ahorra el explotador malvado.


Saludos.

Nada es blanco ni es negro, existen miles de tonalidades grises. los que lo merecen, lo buscan lo luchan y no lo consiguen, ¿los medimos igual?.

Cuando ponemos ejemplos simplistas, no hacemos mas que denunciar nuestra simplicidad.

UN ABRAZO

Efectivamente tu lo has dicho¡¡¡¡ hay tonos grises, por eso estoy harto de oír hablar de desahucios como si todos fueran injustos.
Quien va a alquilar ninguna propiedad en este país de "slogans"?

llanero,quien va a pagar alquiler o hipoteca aunque pueda si sabe que en este país nadie lo va a echar,hace falta mas políticas sobre el esfuerzo y la responsabilidad.

Chiquillooooo¡¡¡¡ el que busca,lucha y no lo consiguen solo ha tenido mala suerte,como la mala suerte de quien enferma y la buena del que no,son excepciones y a esas son a las que hay que atender desde la administración.

Por cierto simples son todos aquellos que se dejan llevar por las frases hechas que suelen emplear muchos políticos para engañar a la gente.

Un abrazo.

A ti te quería yo ver cuando el bankio de turno te echa de tu casa porque avalastes a un hijo o algo parecido. O porque tú mismo te has quedado sin curro y no puedes pagar porque no te dan ni para comer.

Podemos llegó a la política asturiana con la promesa de "llevar a los ciudadanos al Parlamento" y ha comenzado su andadura haciéndolo, físicamente: la pasada semana los diputados de la formación enseñaron el Hemiciclo a la Asamblea de Trabajadores en Lucha, que tantas sesiones plenarias han pasado protestando fuera de los muros de la Cámara.


Ayer por la mañana les tocó el turno a los ecologistas, que desplegaron en la tribuna presidencial una pancarta contra la incineradora. En la agenda de la formación morada estaba repetir la fotografía, pero en esta ocasión con la Plataforma Antidesahucios, que han encarnado la lucha contra la cara más dura de la crisis económica.


La imagen, sin embargo, no pudo ser: el presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, decidió aplicar el reglamento del parlamento asturiano, y exigir que cualquier visita al Hemiciclo requiera la petición de autorización con una antelación de 24 horas.