El Rubio - Sevilla

El Instituto Andaluz de la Juventud (duplicación autonómica del Injuve estatal) cuesta 40 millones de euros en 2012; en paralelo, el gigantesco aparato público andaluz cuenta con otra empresa pública de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, que se lleva otros 31 millones; y, para más inri, existe otra empresa pública de Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, que absorbe otros 78 millones. Otro ejemplo de irracionalidad en la gestión pública es la existencia de una sociedad que administra la estación de esquí de Sierra Nevada (Cetursa, con un presupuesto de 35 millones), que a su vez necesita una filial para hacerse cargo de dos hoteles en esa misma estación, para lo cual se la dota de recursos por 6,3 millones.

El entramado empresarial público que pende de la Junta de Andalucía es sin duda el foco al que se dirigen todas las miradas ante los necesarios ajustes presupuestarios a los que está abocado el Gobierno de PSOE e IU para cumplir con los objetivos estatales de déficit y endeudamiento en 2013 -sea este último modificados, o no-.

Un entramado formado por 38 agencias y entes instrumentales -incluidas empresas públicas que gestionan algunos hospitales- cuyo presupuesto global para 2012, que en su partida de personal (877,3 millones inicialmente, casi el 10 por ciento de todo el gasto en nóminas públicas) ha sido reducido un 5 por ciento de media merced al plan de reequilibrio financiero, absorbe 3.625 millones de euros, el 12 por ciento del presupuesto andaluz.

Junto a ellos existe otro grupo de 12 entes -agencias administrativas, en la terminología de la Junta- que gastan 8.824 millones, de los que 8.600 millones corresponden al Servicio Andaluz de Salud.

¿Es posible recortar en este entramado una parte sustancial de los 2.735 millones a los que la Junta se verá abocada por la limitación de su endeudamiento el año próximo aprobada en el CPFF, para no tener que cerrar 19 hospitales o dos mil colegios, como alertó el presidente José Antonio Griñán hace unos días? La partida de personal es sin duda la más llamativa y el propio Griñán apuntó a ella al añadir una tercera opción de recorte de gasto a la de hospitales y colegios: despedir a 60.000 de los 261.000 empleados públicos de la Junta.

En este conglomerado están incluidas la mayoría de las agencias públicas -excepto el Servicio Andaluz de Empleo- creadas en 2010 como fruto de la llamada reordenación del sector público andaluz. Un proceso impulsado por Griñán y su consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que se ha revelado como una trágala para incluir en la administración general de la Junta a 20.000 empleados de antiguas empresas y chiringuitos públicos en esas agencias. Empleados que no han pasado ningún proceso de selección homologable -basado en mérito y capacidad- al resto de funcionarios y personal laboral. Esas 20.000 personas, a los que los sindicatos de funcionarios de carrera andaluces denominan enchufados, pues en la mayoría de los casos son afiliados al PSOE, UGT o CCOO o familiares de altos cargos de este partido y sindicatos, cuestan anualmente al menos mil millones de euros, cifra conservadora, ya que muchos de ellos están fuera de los convenios colectivos de la función pública.
Agencias de colocación

Algunos ejemplos de la función de agencias de colocación más que de entes dedicados a prestar un servicio público son la RTVA, cuyo coste de personal supone ya casi la mitad de su presupuesto -96 millones sobre 200 millones, tras haberse recortado los gastos en 20 millones. Sangrante es el caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que emplea en nóminas 150,6 millones, el 58,5 por ciento de su presupuesto inicial este año. O la Agencia Andaluza de la Energía, donde los trabajadores absorben el 64 por ciento de su presupuesto de 10,9 millones.

La propia Junta de Andalucía reconoció, tras adelantarlo el diario El País en julio, que está estudiando proponer una reducción a la mitad de la jornada laboral de un alto porcentaje de su plantilla total -algo delicado en sanidad y educación- y un 40 por ciento las retribuciones -Andalucía previó gastar en nóminas, antes del recorte del plan de reequilibrio, 9.853 millones-. ¿Es entonces posible que la administración funcionara con entre un 40 y un 50 por ciento menos de personal y lograr así un ahorro -permanente- de entre 4.000 y 5.000 millones en salarios? El mutismo es la respuesta por ahora.

Demasiadas empresas