El Pedroso - Sevilla

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El exdirector general de Trabajo rectifica y habla de unas partidas para "apuros" legales y se desmarca de la "trama" fraudulenta.
El exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, que desveló a la Policía Judicial la existencia de un "fondo de reptiles" en la Junta para el pago de prejubilaciones y al que desde Empleo se apunta como responsable de las irregularidades detectadas en una docena de ERE, trató ayer de retractarse parcialmente de su explicación sobre la tramitación sin control de 647 millones de ayudas a empresas en crisis. En un comunicado remitido por fax a los medios, desde la dirección de un ciber-café, Guerrero asegura que su expresión fondo de reptiles fue "mal entendida" por su parte ya que no aludía a "nada oculto ni fuera de la ley" sino a "un fondo para apuros" para el que la Junta "consignaba año tras año una partida presupuestaria". Además deja claro que durante sus nueve años en el cargo (1999-200 actuó "siempre por delegación de competencias del titular de la Consejería en cada momento [Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández] dentro del marco de la legalidad establecida".


Según Guerrero, la Policía Judicial contactó con él -a raíz de la investigación judicial sobre las irregularidades detectadas en el ERE de Mercasevilla en el que se incluyeron al menos dos personas que nunca trabajaron para la empresa- para "una charla coloquial para hablar de cómo funcionaban los ERE", que al día siguiente "se convirtió en una declaración como testigo" firmada. Tras estas pesquisas, la juez dictó un auto para abrir dos causas separadas -por el ERE de Mercasevilla y por otros dos en Río Grande e Hitemasa- en el que habla de una "trama" de uso fraudulento de los ERE, de la que Guerrero se desvincula en la nota: "No soy autor ni partícipe de ninguna trama, toda mi gestión se ha hecho de acuerdo con los instrumentos de gestión que me han otorgado".

El informe policial alude a la inclusión, en las pólizas de seguros suscritas para el pago de las prejubilaciones una vez acordados los ERE -y autorizadas por el director general-, de personas no vinculadas a las empresas, una irregularidad que la Junta ha detectado en otros 12 ERE de los 37 revisados en el marco de una investigación interna a raíz del caso Mercasevilla. Sin embargo, Guerrero asegura que "la totalidad de las personas que han gozado de ayudas a la prejubilación" fueron "mandatadas por empresas, organizaciones sindicales, ayuntamientos, corporaciones de derecho público, etc".

Las ayudas eran tramitadas como transferencias de financiación de explotación, pese a que la Intervención General de Hacienda aconsejó hacerlo como subvenciones excepcionales, un sistema más ágil y que no requiere su publicación en BOJA ni la aprobación del Consejo de Gobierno y según Guerrero, se concedían no a la empresa en conjunto sino "a título individual" a los afectados. Empleo también defendió que se otorgaban a cada persona y por tanto no alcanzaban la cuantía que exige pasar por el Consejo de Gobierno.

Guerrero concluye su comunicado criticando el "brutal juicio paralelo" que se le está haciendo y pidiendo a los medios, todos los partidos y la propia Junta que "hagan sus valoraciones y tomen sus medidas" en base a su "declaración firmada" y no al informe de la Policía Judicial.

Empleo ampliará su revisión a ERE ya finalizados

La Consejería de Empleo ampliará su investigación sobre los ERE en los que se destinaron ayudas públicas para prejubilaciones a cualquier expediente con "indicios fundados" de irregularidad, ya sea por denuncias, sospechas a partir de otro ERE o incluso "información de periodistas que nos pongan sobre aviso", según el consejero, Manuel Recio. Actualmente, se están analizando los 45 expedientes vivos (las ayudas a los prejubilados siguen vigentes), todos a partir de 2001, pero Recio aseguró ayer que se investigarán toda sospecha sin límite temporal -salvo que la responsabilidad administrativa haya prescrito-, e independientemente de sean ERE ya expirados y que se reclamará la devolución del dinero desviado. El Correo informó el miércoles de que un juez investiga un ERE de 1991 en el que se desviaron ayudas para prejubilaciones y por el que hay tres acusados.

Hasta ahora, la Junta ha analizado 30 de los 45 ERE vivos y ha detectado 37 irregularidades en los de doce empresas: SOS Cuétara, Cash Lepe, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans, además de los ya denunciados en Mercasesevilla y Río Grande. Aunque el presidente Griñán alertó ayer de que, entre los prejubilados incluidos sin trabajar en la empresa, podría haber nombres falsos pero según Recio en las irregularidades detectadas -entre los 37 intrusos hay tres socialistas- no es así.

En todos ellos la Junta dio las ayudas para las prejubilaciones mediante transferencias de financiación de explotación, pese a los informes contrarios de Hacienda. Ayer, Recio dejó claro que de esos informes "no se tiene que deducir que hay una ilegalidad o que no se toman en cuenta criterios" de la Intervención sino que son "debates internos" sobre la técnica administrativa en los que "a veces hay discrepancias entre organismos" que buscan la mejora del sistema, que finalmente se cambió. Sobre la posibilidad de que el caso salpique a sus antecesores, se limitó a suponer que "todos han hecho lo mejor que estaba en su mano para gestionar su competencia".

La Policía continúa ahora analizando toda la documentación obtenida en los diez registros realizados esta semana y, especialmente, en los papeles hallados en la sede de la entidad mediadora Vitalia Vida, que había gestionado las pólizas de las prejubilaciones de todos los ERE sospechosos.

Mientras tanto, la Junta ha enviado al juzgado de Instrucción 6 su investigación interna iniciada para tratar de esclarecer en cuántos ERE se cometieron irregularidades. La Consejería de Empleo ha detectado 37 falsos prejubilados en 12 expedientes, sobre unos 30 analizados. Las empresas afectadas son Graficromo, Saldauto, Calderinox, Cydeplast, Hytemasa, Springer, Arteferro, Surcolor, SOS Cuétara, Smurfit, Bonpunt, Germans y Cash Lepe.

En Bonpunt, una empresa textil de Ronda que fabrica bragas, se han detectado 12 intrusos, mientras que en Cash Lepe hay 8 casos. Además de los prejubilados en Hitemasa, hay otros tres ex altos cargos socialistas beneficiados por las ayudas. Son Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso, prejubilado en Cydeplast; Alejandro Millán, militante del PSOE en este municipio de la Sierra Norte de Sevilla, prejubilado en Graficromo; y Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla, prejubilado en Calderinox.

El gran problema que suele tener quien está acostumbrado a cazar es que no está preparado para ser cazado. Después de 20 años saliendo de cacería por las dehesas del PSOE sevillano, José Antonio Viera ha tenido que enfundar la escopeta con la que ha gobernado a sus pájaros porque algunos han decidido piar. Él ya ha soltado la lengua. Pero hasta los que hace poco le retiraban los matorrales a su paso como vasallos de cacerías feudales ya han empezado a no creerse sus fábulas. Su imperio se ha derrumbado como en una especie de sinécdoque. La parte representa al todo. Cae Sevilla es casi lo mismo que decir que cae Andalucía cuando se habla del PSOE. Y todo porque la impune altivez con la que los adalides del régimen han gobernado nuestro destino ha quedado al descubierto. La víctima ha visto la escopeta ahora que ya no queda munición en las arcas. Toda la mentira ha salido del fondo de la cueva de los reptiles. La mastodóntica maraña de favores que ha mantenido en pie la farsa está mostrando sus costuras. Porque nadie puede entender que en un gobierno estructurado sobre una gigantesca amalgama burocrática con miles de huecos en los que colocar a paniaguados aunque sea metiéndolos por las puertas de emergencias, no haya sitio suficiente para todos. Es absolutamente deleznable que los emperadores de Andalucía no hayan tenido bastante con los incontables puestos de confianza que les ofrece su bestial maquinaria administrativa. Han necesitado más. Y a los compañeros del partido a quienes no han encontrado hueco les han buscado una paga como prejubilados en empresas en las que jamás trabajaron. ¿Cuántos favores se pueden llegar a deber en 30 años de monopolio del poder? La respuesta la están dando ellos mismos mientras corrompen la dignidad de unas siglas en las que los andaluces hemos puesto todas nuestras ilusiones desde que vivimos en democracia. Y esa traición no puede quedar sin castigo. ¿El socialismo andaluz ha sido realmente tan hegemónico entre el pueblo como parece? ¿Por qué se viene abajo entonces ahora que no hay un céntimo en los cajones? ¿Podría ser que durante tres décadas el PSOE ha consolidado su poder gracias a su capacidad para financiar votos? No lo sé.

Lo que sí sé es que como andaluz me siento abatido ante este amasijo de engaños y corruptelas y quiero respuestas, no excusas. Sé que mi tierra necesita que le abran las ventanas. Sé que durante toda mi vida he visto a los mismos en los mismos sitios y que ésos nos han defraudado estrepitosamente en lo más sagrado que tenemos. Algunos cazadores del socialismo, como José Antonio Viera, le han pegado un tiro mortal a la verdad y han dejado la pieza abandonada entre las jaras. Él fue consejero de Empleo durante los tiempos en los que se instauró el modelo que ahora la Policía considera irregular. Él fue quien consolidó en su cargo al ex director general de Trabajo que el PSOE ha decidido exhibir en el muestrario de su montería, Francisco Javier Guerrero, su compañero en el llamado «clan de la Sierra Norte», como nos ha contado en este periódico de forma extraordinaria uno de los mejores periodistas que yo conozco, Eduardo Barba. Viera es el mentor político de Antonio Rivas, el ex alcalde de Camas y delegado de Empleo imputado en la rama de las comisiones ilegales. José Antonio Viera Chacón es el gran cazador del partido. Y si de verdad es tan honrado como dice, ya ha perdido demasiado tiempo para soltar la lengua de verdad, sin buscar chivos a los que apuntar desde la mata. ¿Por qué el cazador tira al aire justo cuando la oposición más le dispara? ¿Algún superior ha decidido que será la pieza sacrificada en esta cacería? El pretérito imperfecto de subjuntivo ha vendido al presente de indicativo. Viera ya no ve más allá de sí mismo. Y ya ha puesto su pieza sobre la mesa. Guerrero. En política no hay amigos. O cazas, o te cazan. Aunque que nadie olvide un axioma: el PSOE puede exponer tu cabeza en la plaza del pueblo, pero jamás te deja con lo puesto.

Chico, keko, páaaarate, páaaraste, que me bás hacer de levantarme
del sillón, y tocarte las Palmas......jajajajajajajajajajajajajja

Calving yo sòlo pongo lo que viene en los periòdicos, que pa eso los leo,,,jajja, y gratis, chico, lo que hace el internet!!!


Y mira por dònde, esta noche te voy a dedicar una coplilla

LA VIDA ME DIO TRAMPAS
DE LAS QUE PUDE SALI
PARA METERME EN BARRANCAS


P.P.: coplilla del libro de poemas CUANDO UNA NOCHE LLUEVA

A què no sabes, quièn es el autor??
lagartoooo,,,,lagartooooooo y reptiles,,,,jajajajjaja

Guerrero se retracta ,,,,o guerrero se retrataaa.. jajajajajjaaa

Ahora tengo una duda
a ver si me la resuelve alguièn

este reptil, tendrà dientes todavìa???
o es un reptil que ni muerde ya, de tan en el fondo como està

Po si no roe ,,,jajajajja
que chupeeeeee .. jajjajjaa MASSSS????? JJJJAAAjaja

Todas ellas habían sido gestionadas por Vitalia, vinculada con Lanzas
m. contreras / sevilla
Día 12/02/2011 - 12.07h47 comentarios
ROCÍO RUZ.Lanzas llega a los juzgados para declarar por el caso Mercasevilla La investigación de la presunta trama para apoderarse de fondos destinados a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha localizado indicios de irregularidades en los expedientes referentes a otras 24 empresas que recibieron dinero de la Consejería de Empleo, lo que eleva a 39 el número total de presuntos ERE fraudulentos.

Según fuentes de la investigación, estos 24 nuevos casos fueron gestionados en su totalidad por la consultora Vitalia, la firma que siempre elegía el «conseguidor» Juan Lanzas para gestionar los ERE que el dirigente de UGT ofrecía a la Consejería de Empleo. Aún no se ha investigado los ERE gestionados por la otra empresa que se ha vinculado a la trama, Uniter.

La investigación de los ERE se inició a raiz del «caso Mercasevilla», al ordenar la magistrada del Juzgado de Instrucción número cuatro, Mercedes Alaya, investigar la inclusión, como aspirantes a la prejubilación, de María del Carmen Fontela González y Antonio Garrido Santoyo —quien coincidió con Juan Lanzas en la sección de Alimentación de UGT en Andalucía— en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, pese a que ninguno de ellos pertenecía a la plantilla de la lonja.

Segunda empresa

Aquella fue la primera empresa afectada. Posteriormente, la Policía judicial detectó la inclusión en el ERE del restaurante Río Grande, situado en la calle Betis, de una mujer cuya vida laboral aportada por la Seguridad Social sólo contempla ocho meses de trabajo en esta empresa. Fue la segunda empresa vinculada con una trama que todavía era negada por la Junta de Andalucía, que restaba importancia a unas irregularidades que calificaba de errores. Los dirigentes socialistas consideraban que esta oleada inicial no era grave y no cuestionaba la vigencia del sistema que h estado vigente durante la última década.

El escenario cambió radicalmente cuando el que había sido director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, admitió en una declaración firmada ante la Policía la existencia de un «fondo de reptiles» de 647 millones de euros para determinados ERE de la Consejería de Empleo. Esta confesión, de la que luego se ha retractado Guerrero, motivó que el Gobierno andaluz abriese una apresurada investigación interna en la que, tras analizar 30 ERE «vivos» —vigentes—, se localizó doce empresas con irregularidades consistente en la introdución entre los beneficiarios de 37 personas que no habían trabajado en las respectivas empresas. Los doce expedientes fraudulentos correspondían a las firmas SOS Cuétara, Bonpunt, Cash Lepe, Cydeplast —donde aparece como beneficiario Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de El Pedroso—, Graficromo —donde figura indebidamente Alejandro Millán, militante del PSOE—, Hitemasa —en cuyo ERE cinco personas próximas al PSOE y UGT se repartieron 709.000 euros, incluidos el propio Lanzas y su mujer—, Saldauto, Smurfit Stone, Calderinox —que incluye indebidamente a Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla—, Surcolor, Springer, Arteferro y Germans.

Tercera oleada

Sin embargo, fuentes de la investigación señalan que los trabajos realizados han permitido detectar irregularidades en los ERE suscritos por la Consejería de Empleo en otras 24 empresas, lo que eleva a 39 el número de expedientes afectados, confirma la generalización del fraude y abre interrogantes sobre sus verdaderas dimensiones.

Las nuevas empresas son Aglomerados Morell, Astilleros Huelva, Azucareras Reunidas de Jaén, Acyco, A Novo, Altadis, Bilore, Ceramizas Syre, Confecciones del Sur, Coosur, Cuerotex, Delphi, Egmasa, Fertiberia, Fundiciones Caetano, Hytasal, Incosol, Intersur, La Instaldora Moderna, Mac Puarsa S.A., Matadero de Fuente Obeja, Tecnología Andaluza de mecanizados y componentes SL y Tioxide. No ha trascendido cuántos casos de beneficiarios irregulares se han detectado ni si destacan por su vinculación política o sindical

1. Aglomerados Morell
2. Astilleros Huelva
3. Azucareras Reunidas de Jaén
4. Acyco
5. A Novo
6. SOS Cuetara *
7. Altadis
8. Bilore
9. Bonpunt *
10. Cash Lepe *
11. Ceramizas Syre
12. Confecciones del Sur
13. Coosur
14. Cuerotex
15. Cydeplast *
16. Delphi
17. Egmasa
18. Fertiberia
19. Fundiciones Caetano
20. Graficromo *
21. Hitemasa *
22. Hytasal
23. Incosol
24. Intersur
25. La Instaldora Moderna
26. Mac Puarsa S.A.
27. Matadero de Fuente Obeja
28. Saldauto *
29. Smurfit Stone *
30. Tecnología Andaluza de mecanizados y componentes SL
31. Calderinox *
32. Surcolor *
33. Springer *
34. Arteferro *
35. Germans *
36. Tioxide
38. Mercasevilla **
39. Río Grande **
* Empresas investigadas por la Junta de Andalucía
** Empresas denunciadas en el origen del caso

El ex director general se retracta de haber dicho 'fondo de reptiles' para hablar de los ERE
Javier Rubio | Sevilla
Actualizado jueves 10/02/2011 19:10 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoComentarios 39 El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez, en el ojo del huracán del escándalo de los expedientes de regulación de empleo con falsos prejubilados, se ha tomado una semana para salir al paso de la controvertida expresión "fondo de reptiles" que consta en su declaración policial del 21 de diciembre como testigo. "No se puede ser tan ruin de medir mi gestión por una frase desafortunada", llega a decir.

La Junta de Andalucía ha admitido la existencia de 37 nuevos casos sospechosos de prejubilados en falso en una docena de expedientes de regulación de empleo investigados a raíz del auto de la juez instructora del 'caso Mercasevilla'.

Guerrero se retracta en un comunicado remitido a los medios de comunicación en el que atribuye a la expresión otro significado, la enmarca en una "charla coloquial" con los agentes policiales y defiende su gestión al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social siempre por "delegación de competencias del titular de la Consejería en cada momento".

En la nota pública, Guerrero se justifica en que habló del "fondo de reptiles" en el "sentido de tener un fondo para apuros, no con la intención de hablar de nada oculto ni fuera de la ley" sino para garantizar las ayudas a trabajadores de empresas en crisis "derivados de desajustes en el mundo laboral andaluz".

Guerrero señala que la expresión la usó en el transcurso de una "invitación de la Policía Judicial (que se convirtió en una declaración como testigo que firmé al día siguiente) a mantener una charla coloquial". Es decir, Guerrero admite que firmó una declaración formal que, es de suponer, se le dio a leer antes de rubricarla sin que entonces advirtiera de la inoportunidad de la expresión de la que ahora se desdice.

El ex director general defiende su gestión "con las cuentas fiscalizadas y auditadas" durante nueve años y "actuando siempre por delegación de competencias del titular dela Consejería en cada momento", con lo que traspasa la responsabilidad última a los consejeros Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández bajo cuyas órdenes trabajó de 1999 a 2008.

En su comunicado a la opinión pública, Guerrero se desmarca de otras acusaciones: "No soy autor ni partícipe de ninguna 'trama', toda mi gestión se ha hecho de acuerdo con los instrumentos de gestión que me han otorgado".

En cuanto a la gestión propiamente dicha, el ex director de Trabajo recuerda que las ayudas por prejubilación se han concedido a personas que "han venido mandatadas por empresas, organizaciones sindicales, ayuntamientos, corporaciones de derecho público, etc. etc." diluyendo así su propia responsabilidad en la inclusión de falsos prejubilados.

Por último, Guerrero ruega que se lea la declaración policial firmada por él y no se tenga en cuenta el "informe y valoraciones de la Policía Judicial

la cospe y el keko, como vereis son dos grandes -------- luego decir que los demas los que insurtan

veo que no teneis verguenza, porque insurtais a la mujer, con que tiene cuerno, o que la chupe,

ami mae la trae floja ,pero no tireis la piedra y escondais la mano,

que sois dos buenos lagartos chicos, jajjajjaaaaaaaaa

El Gobierno andaluz mantiene que los ERE han estado sujetos a control en todo momento, aunque cree que puede haber habido un uso indebido de los fondos. Por ahora, la Junta de Andalucía considera como responsable único del desaguisado de las falsas prejubilaciones al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que es quien estampaba su firma en los expedientes hasta que fue destituido en abril de 2008. No obstante, el caso cogería un vuelo político espectacular si este apuntara hacia más arriba, como algunos temen en el PSOE.

En la información remitida al juzgado con 37 nuevos casos irregulares (y 35 nombres), la Junta señala directamente Guerrero y le identifica como el que ordena la apertura de pólizas individuales de hasta seis personas, entre las que figuran el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo Villavieja (a través del ERE de Cydeplast) y el militante de El Pedroso Alejandro Millán Torres (en el ERE de Grafricromo). Guerrero fue alcalde de esta localidad de la sierra norte sevillana entre 1995 y 1999. También atribuyen a Guerrero la inclusión en el ERE de Calderinox del que fuera delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés.

Las 12 ERE en los que la Junta ha encontrado irregularidades son: Saldauto, Grafricromo, Calderinox, Cydeplast, Hytemasa, Springer Arteferro, Surcolor, SOS Cuétara, Smurfit, Bonpunt, Germans y Cash Lepe.

Según estas fuentes, hay tres personas que cobran pólizas de dos empresas distintas. Dos de ellas de Bonpunt y de Germans y una tercera de Bonpunt y de Cydeplast.

El mayor número de casos de personas que estarían cobrando prejubilaciones indebidas se produce en la empresa textil Bonpunt, radicada en Ronda (Málaga) y conocida popularmente en la localidad como La Fábrica de las Bragas. Hasta 12 personas figuran en el listado de posibles beneficiarios sin haber trabajado en la empresa.

Otro grupo de ocho personas está ligado al expediente de regulación de empleo de la empresa Cash Lepe S.A. Estas personas no eran trabajadoras de esta sociedad en el momento del inicio del ERE y se contrataron entre el 16 de junio de 2003 hasta julio de ese año. No obstante, sí trabajaban en la empresa Super Rocío, S. L. con la que la primera tiene vinculaciones societarias.

Este caso se considera también irregular, aunque fuentes conocedoras de la investigación lo consideran más que nada una "chapuza" de la Dirección General de Trabajo.

A estos 37 nuevos casos hay que sumar otros dos ya conocidos por los ERE de Río Grande y de Mercasevilla, el origen de toda la investigación que lleva la titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Esta investiga una trama en la que estaría el ex director general de Trabajo, un ex dirigente socialista de Baeza, empresarios e intermediarios.

Las presuntas falsas prejubilaciones es el resultado de una investigación interna abierta por la Consejería de Empleo. De los 45 ERE que están aún en vigor, Empleo ha cotejado 30, de los que en 12 ha encontrado irregularidades. Aún quedan por examinar 15 expedientes. La Junta estima que en una semana se conocerán los resultados de la investigación y que si hay más casos lo pondrá en conocimiento del juzgado.

La juez será la que tendrá que determinar si los que aparecen como perceptores de las pólizas se han beneficiado o si fueron los intermediarios. Por el momento, la Junta desconoce si hay más casos de personas vinculadas al PSOE en estos expedientes.