El Pedroso - Sevilla

Pero ayer también se conoció que el juzgado ha embargado los bienes a otro de los imputados en el caso de los ERE. Concretamente se embarga a Andrés Carrasco, amigo de la infancia del exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y quien apareció como intruso en el ERE de Acyco. Este embargo se realiza para garantizar el pago de la fianza que se le impuso por varlo de 147.524 euros.

Para ello se le requisarán dos fincas, ambas situadas en la localidad sevillana de El Pedroso, de donde también procede el propio Guerrero. El intruso al que ahora embargan es conocido como el churrero de El Pedroso, que fue imputado por su inclusión en una póliza que le facilitó su amigo Guerrero, con cargo a la Junta.

«Para eso somos amigos»
En su declaración consta cómo le contó a éste que se había separado y que tenía la custodia de sus tres hijos, por lo que, como no tenía ingresos, le pidió trabajo. Guerrero le dijo «que le buscaría algo, ya que eran amigos y se veían cada semana en el pueblo». Así, en el año 2003 le ofreció acogerse a una ayuda, cuyos documentos fueron firmados en la casa del propio Guerrero. Carrasco «le preguntó si era legal y el exdirector general le dijo que estuviera tranquilo, que eso era legal», por lo que «no tenía que tener miedo».

Ahora se espera que en los próximos días la juez fije un calendario de declaraciones, ya que el TSJA le advirtió de que no debe dilatar mucho estas causas y la Fiscalía Anticorrupción ha insistido en que debe citar a los imputados que llevan meses esperando para ser interrogados y poder defenderse.

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TRAMA DE LOS ERE | Procedentes del fondo de reptiles
El PP ve financiación ilegal del PSOE en el reparto de ayudas a ayuntamientos socialistas
Sospecha de ayudas por valor de 3,3 millones a 11 ayuntamientos socialistas
También 68,7 millones a empresas, muchas de ellas 'fantasma'
Todos las subvenciones se dieron con cargo al 'fondo de reptiles'
Europa Press | Sevilla
Actualizado miércoles 27/03/2013 14:04 horas
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El PP-A ha puesto de manifiesto este miércoles sus sospechas sobre una "hipotética financiación ilegal" del PSOE-A, mediante una línea de ayudas concedidas a ayuntamientos socialistas y a empresas "fantasmas", con cargo al "fondo de reptiles", es decir, la partida 31L de ayudas sociolaborales.

En rueda de prensa, la portavoz de Empleo del PP-A en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero, ha exigido explicaciones al Gobierno andaluz y su presidente, José Antonio Griñán, sobre el hecho de que 12 ayuntamientos gobernados por el PSOE-A, a excepción de uno de IULV-CA, recibieran un total de 3,3 millones con cargo a dicho "fondo de reptiles", y que 100 empresas, muchas de ellas "fantasmas" por no tener actividad, obtuvieran también 68,7 millones. Ha apuntando que la mayoría de dichas empresas mantenían "vínculos con altos cargos" del PSOE-A.

Según ha explicado Ruiz Sillero, con cargo al "fondo de reptiles", se concedieron 17 ayudas, por un importe global de 3,3 millones de euros, a 12 ayuntamientos -todos gobernados por el PSOE-A, excepto el de Santiponce (Sevilla), en manos de IUlV-CA-, en torno a las elecciones municipales del año 2003.

Ha puesto como ejemplo, entre los importes de mayor cuantía, la ayuda de 900.000 euros que recibió el Ayuntamiento de Los Palacios (Sevilla) para un centro hípico que nunca llegó a construirse, o los 871.400 euros que le fueron concedidos al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, recordando que el que fuera su alcalde Domingo Martínez Castillo fue uno de los "intrusos" en una empresa acogida a un ERE.

La portavoz popular ha puesto además el acento en que esos ayuntamientos estaban ubicados en las provincias de Sevilla, Jaén y Cádiz, un "eje con clara influencia del sector duro del PSOE-A". Ha indicado que no tiene "explicación lógica ni encuadre legal" que, con cargo a una partida que estaba destinada a resolver cuestiones sociolaborales, se concedieran ayudas a ayuntamientos para proyectos que ni siquiera se llevaban a cabo.

Ayudas nulas

De hecho, ha puesto de manifiesto que cuando la Junta ha solicitado el reintegro de esas ayudas una vez que salió a la luz el caso de las irregularidades en los ERE, el preceptivo informe del Consejo Consultivo para llevar a cabo esa actuación, dictaminó la "nulidad" de varias de esas ayudas a ayuntamientos, al concederse "prescindiendo del procedimiento".

En cuanto a las ayudas a empresas, ha expuesto que fueron un total de 122, concedidas a cien empresas, por importe de 68,7 millones de euros, ubicadas en las provincias de Sevilla (80 ayudas del total), Córdoba, Málaga y Cádiz.

Ha puesto como ejemplo los 15 millones de euros que recibieron las empresas de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), y de su socio y exconcejal socialista José María Sayago. Ha apuntado que de esa cantidad, 12,5 millones fueron a empresas "fantasmas" que no llegaron a tener actividad alguna.

También ha aludido a los 13,5 millones que fueron a empresas del exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) el socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla. Teresa Ruiz Sillero ha puesto el acento en que se trataba de un conjunto de empresas "vinculadas" a altos cargos del PSOE-A y a personas como el "camello de la coca o el chófer" del exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero.

Con estos datos sobre la mesa, el PP-A ha expresado que "quizá estemos hablando de un hipotético caso de financiación ilegal del PSOE-A". Ha pedido explicaciones urgentes al Gobierno andaluz, porque no se puede quedar más tiempo sin justificar ayudas con cargo a la partida 31L, por importe de 68,7 millones, a empresas "fantasmas", que ni tenían actividad ni creaban puestos de trabajo.

Asimismo, ha preguntado a PSOE-A e IULV-CA qué tienen que "ocultar" en relación con la concesión de esas ayudas a ayuntamientos y empresas, cuando "vetaron" las comparecencias, en la comisión de investigación de los ERE del Parlamento, de los alcaldes y empresarios que las recibieron.

Asociaciones de trabajadores pagadas por Uniter

De otro lado, la portavoz del PP-A ha exigido también explicaciones al presidente de la Junta sobre las reuniones de "brokers" de UGT y CC.OO con el administrador único de Uniter, José González Mata (imputado en el caso de los ERE), y acerca del funcionamiento de las "asociaciones de trabajadores" que se crearon en municipios donde se estaba produciendo un ERE y que tenían un coste de mantenimiento anual de dos millones de euros o incluso de cuatro millones.

Ruiz Sillero ha sacado a la luz durante la rueda de prensa algunas de las manifestaciones que González Mata hizo durante su comparecencia ante la comisión de investigación de los ERE el pasado 20 de septiembre de 2012. Se ha referido al hecho de que el administrador de Uniter pusiera de manifiesto en su comparecencia que él mantenía contacto con los sindicatos UGT y CCOO y que, en el 80 por ciento de las negociaciones, siempre estaban presentes representantes de dichos sindicatos a nivel nacional, a los que calificaba de "brokers". Según Ruiz Sillero, el administrador de Uniter puso dos nombres sobre la mesa, Félix González, de UGT, y Rafael Crespo, de CC.OO.

Ha indicado que uno de los asuntos que se abordó en una de esas reuniones fue el de la creación de asociaciones de trabajadores en distintos puntos de Andalucía con un conflicto laboral, como en Linares (Jáen) -por Santana Motor-; en Valverde del Camino (Huelva), por la Faja Pirítica- en Sevilla, por Pickman u otros conflictos; en Cádiz, por Delphi, o en Jerez de la Frontera (Cádiz), por las pólizas de las bogedas.

Ruiz Sillero ha agregado, que de acuerdo con las palabras de González Mata, dichas asociaciones se constituía como un servicio de asesoramiento jurídico o laboral para los trabajadores y que eran "pagadas por Uniter", aunque siguiendo "instrucciones y a instancias" de la Junta y los sindicatos.

En concreto, se trata de unos 30 millones de euros los que se destinaron al mantenimiento de esas asociaciones de trabajadores, pagados por Uniter, pero creadas "a instancias de la Junta y de los sindicatos", según la portavoz del PP-A, quien ha indicado que, por ejemplo, la de Linares contaba con un gerente y trabajadores puestos por los sindicatos.

Deuda con las asociaciones

Ruiz Sillero también ha ofrecido otro dato sobre este asunto, como el hecho de que, con cargo a la partida 31L, se concedieron 800.000 euros para pagar parte de la deuda que se mantenía por el mantenimiento de esas asociaciones. "González Mata amenazaba con cerrarlas, pero a la Junta le interesaba mantenerlas y, por ello, se hizo esa pago". A su juicio, se trata de una "irregularidad" más con cargo al "fondo de reptiles".

Compañeros: y después de todo este tramado ( presuntamente ) el Sr. Consejero de Hacienda el Sr. Griñan que no sepa nada es de risa.

Según los expertos, la sensación es similar a la de recibir un disparo en plena cara: un latigazo de intenso dolor en el rostro que paraliza y acobarda. Claro que quienes padecen de neuralgia del nervio trigémino no reciben un tiro, sino cientos, y a veces en un mismo día. Cualquier roce puede desencadenar un episodio: lavarse los dientes, aplicarse maquillaje o el simple contacto con una corriente de aire. Supone tal tortura, que también recibe el nombre de «enfermedad del suicidio».

Este es el mal que ha mantenido apartada del trabajo durante seis meses a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía. Más pálida y visiblemente más delgada, reaparecía a principios de mes en el juzgado de Sevilla. A simple vista, son los únicos cambios que se han operado en ella durante este medio año de baja: su aire enigmático, su elegancia y su seriedad permanecen intactos. Como su entrega. Tras su reincorporación, han bastado unos días para que quienes auguraban que la reciente enfermedad afectaría a su ritmo de trabajo comprendiesen lo equivocados que estaban: si antes de su marcha podía hablarse de una actividad endiablada, lo de ahora es ya puro frenesí. Veintidós detenidos y una sesión ininterrumpida de interrogatorios de 24 horas son la prueba de que se encuentra en plena forma.

Sin ceder a la presión
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha llamado la atención a la juez sobre la necesidad de acelerar la instrucción de las grandes causas que está investigando, cuya complejidad están contribuyendo a alargarla. En su ausencia, dos magistrados -Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes- se habían hecho cargo de los procesos, que hicieron avanzar muy lentamente; a su vuelta, Alaya ha insistido en continuar en exclusiva con las investigaciones, sin ceder a las presiones del TSJA para que las comparta.

La juez dio un golpe de efecto la semana pasada poniendo en marcha la «Operación Heracles», en la que doscientos agentes de la Guardia Civil a sus órdenes realizaron trece registros en siete provincias y practicaron una veintena de detenciones. La magistrada apuntó directamente a los intermediarios que se metieron dinero en el bolsillo por la concesión de los ERE fraudulentos. Para Alaya, la cantidad de dinero defraudado asciende a 136 millones.

Son los responsables de este engaño los últimos que han desfilado ante Mercedes Alaya, que lleva camino de convertir sus interrogatorios en algo legendario. El año pasado dejó pasmados a quienes asistieron a sus encuentros con Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo célebre por sus juergas con prostitutas y cocaína: llegaron a compararla con una serpiente que hipnotiza a su víctima antes de acabar con ella. Dura y cruel en otras ocasiones -hasta el extremo de motivar quejas de los acusados- se mostró afable y simpática con el presunto cerebro de la trama, ante quien desplegó todos sus encantos. Eso sí, la conversación animada y las risas cómplices no impidieron que Guerrero acabara entre rejas.

Otra versión de sí misma
El pasado sábado, Alaya ofreció la otra versión de sí misma: volvió a ser la investigadora inquisitiva, incansable y tenaz, capaz de doblegar voluntades. Viéndola salir del juzgado, siempre bien vestida, con gafas de sol y arrastrando su inseparable maleta de documentación, nadie imaginaba que acababa de terminar una maratoniana jornada que había empezado exactamente veinticuatro horas antes. Si sus compañeros ya admiraban su capacidad de saltarse comidas para permanecer horas y horas en su despacho, ahora saben que también puede prescindir de dormir cuando tiene algo entre manos.

Así como Javier Guerrero se convirtió en el gran protagonista durante la primera parte de la instrucción, las nuevas pesquisas siguen añadiendo nombres a la nómina de personajes controvertidos. Entre toda esa lista de presuntos caraduras ha ganado relevancia Juan Lanzas, un exsindicalista de UGT, que actuó como intermediario en los ERE, y que, según la juez, llegó a embolsarse 13 millones de euros desde 1990. En el registro del domicilio de sus padres, los perros de la Guardia Civil encontraron 82.000 euros en fajos de billetes metidos debajo de un colchón.

El aura de misterio que la rodea permanece intacta: durante los seis meses de convalecencia no han trascendido nuevos detalles de su vida privada. Mercedes Alaya sigue siendo esa mujer de aspecto impecable que nunca aparenta la edad que tiene (casi 50 años). En cualquier caso, se trata de una imagen vistosa que a veces parece distraer de lo que realmente importa: que estamos ante una juez implacable y minuciosa, que ejerce su profesión con mano de hierro.

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TRAMA DE LOS ERE | Para hacer frente a la fianza
La juez investiga el patrimonio del ex director general de Trabajo Juan Márquez
Juan Márquez (izqda) antes de comparecer ante el Parlamento.| J. Morón
El imputado tendría que hacer frente a 174 millones por responsabilidad civil
Reclama información también de la dueña del restaurante Río Grande
Europa Press | Sevilla
Actualizado lunes 01/04/2013 20:16 horas
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El Juzgado que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha ordenado realizar "la averiguación patrimonial integral" del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez a fin de llevar a cabo el embargo necesario para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 173.941.928,06 euros que le fue impuesta por la juez Mercedes Alaya.

En una diligencia de ordenación dictada el 8 de marzo, consultada por Europa Press, la secretaria de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Rosa María Vélez, acuerda que, "transcurrido el plazo" temporal que le fue concedido al imputado para que designara bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo, se consulte "informáticamente, a través del Punto Neutro Judicial, la averiguación patrimonial integral" del exalto cargo.

Asimismo, y en una segunda diligencia de ordenación notificada este mismo lunes, la secretaria judicial acuerda que se consulte también a través del Punto Neutro Judicial "la averiguación domiciliaria integral" de Josefa Ríos Pérez, exesposa del que fuera alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, a quien la juez impuso una fianza de 146.770,68 euros, a lo que hay que restar la cantidad ya consignada de 112.900,53 euros como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia de Fortia Vida.

De igual modo, la secretaria de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado una tercera diligencia de ordenación en relación a Carmen García Sánchez, propietaria del restaurante sevillano Río Grande a quien la juez impuso una fianza civil de 1.990.689,36 euros, en la cual señala que "no consta en el Libro" aportado por la representación de la imputada que "por la sociedad se haya procedido a la anotación del embargo trabado conforme a lo acordado en el decreto de fecha 3 de mayo de 2012".

Por ello, ordena que "se devuelva dicho Libro" al procurador de la imputada "al objeto de que en cinco días se anote dicho embargo con los extremos señalados en el decreto", dando traslado posteriormente al Juzgado de ello "al objeto de testimoniar" el mismo.

Por último, el Juzgado ha emitido una diligencia de ordenación, con fecha 12 de marzo, en la que acuerda que, "siendo insuficientes los bienes embargados" a Carmen Fontela, incluida como 'intrusa' en el ERE de Río Grande de 2005 y a quien Alaya impuso una fianza civil de 101.079,74 euros, se proceda a la "averiguación patrimonial 'consulta integral' de bienes" a través del Punto Neutro Judicial.

Seguidamente, y en un decreto emitido el 14 de marzo, consultado por Europa Press, el Juzgado declara insolvente "por ahora" a Fontela "a la vista de la averiguación patrimonial" realizada, todo ello "sin perjuicio de lo que pudiera resultar en el futuro", por lo que declara "terminada" la pieza de responsabilidad pecuniaria de la imputada.

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De Josefíta, su rastro se ha perdido,
donde se encontrará...??
Las flores de su portal se hayan abandonadas,
ahora quien las va a cuidar..??
Josefita vuelve pronto, o las Plantas moriran..


Joooooseeeeefiiiiiiitaaaaaaaaa...!! donde estasssssss....!!

Espesial in formatibo trallestoria politica de una familia de esta billa de como @2.