El Garrobo - Sevilla

El delito de prevaricación de la autoridad o del funcionario se integra por la infracción de un deber. Este deber es el de actuar conforme al ordenamiento jurídico del que la autoridad o el funcionario es el garante y primer obligado.Por ello, su actuación al margen y contra la Ley tiene un plus de gravedad que justifica el tipo penal. La prevaricación es el negativo del deber de los Poderes Públicos de actuar conforme a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico, previsto en el art. 9.1º de la CE -que tiene su explícito mandato referente a la administración pública- y en el art. 103 del mismo texto constitucional, que contiene los principios de actuación de la Administración, que, como piedra angular, se cierra con el sometimiento a la Ley y al Derecho.