Dos Hermanas - Sevilla

La juez implica a Griñán en la trama de los ERE financiados por la Junta

Alaya eleva al Supremo el conflicto de las actas, si bien insiste en pedirlas y defender su competencia para ello

Día 09/07/2011 - 08.06h

Nuevo auto de la juez que investiga los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía. Y nuevo varapalo al Ejecutivo andaluz, a cuyo presidente, José Antonio Griñán, se apunta directamente como conocedor del procedimiento inadecuado que utilizaba la Consejería de Empleo para otorgar las ayudas. Ayer la pelota estaba en el tejado de la magistrada después de que la Junta de Andalucía la apremiara para que le devolviera la custodia de las actas de los consejos de gobiernos que se guardan en los juzgados. Y la magistrada, más que devolverla, chutó directamente a portería apuntando al presidente.

Así, la juez se despachó con dos escritos. El primero, un contundente auto en el que, además de elevar el conflicto al Tribunal Supremo, cierra el cerco de responsabilidades. Dice que «la Intervención General desde los informes de cuentas anuales y de cumplimiento correspondiente a los ejercicios 2002 y siguientes ha puesto de manifiesto de forma reiterada y explícita, tanto al consejero de Economía, hoy presidente de la Junta de Andalucía, a IDEA y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, a la cual pertenece la anterior, que con la utilización de esta figura se ha estado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo adecuado que es el de la subvención excepcional». Las competencias de esa consejería, creada en el año 2004, corrieron a cargo primero de José Antonio Viera y luego de Francisco Vallejo.

Pero además, según la juez el procedimiento «no sólo ha tenido consecuencias de forma sino de fondo», ya que si hubiera utilizado el adecuado «se hubiera impedido asumir compromisos de pago por encima de los créditos presupuestarios». Y se hubiera evitado un déficit de más de 39 millones de euros entre 2001 y 2007 .

La juez explica que está investigando «dos hechos claramente diferenciados». Por una parte, la trama en la que intervendrían empresarios, aseguradoras, intermediarios, responsables de la Junta y particulares para incluir en los ERE a personas que nunca trabajaron en las empresas afectadas por esos ERE y que eran «en su mayor parte financiadas por la Junta». Y también la contratación de pólizas individuales, o derivadas de ayudas sociolaborales, a empresas para favorecer a determinados beneficiarios autorizados por los responsables de la Administración autonómica, a modo de «fondo de pensiones» costeadas con fondos públicos». Unos beneficiarios «designados por motivos de amistad, de relaciones familiares o de pertenencia al PSOE o a determinados sindicatos».

El segundo hecho que investiga es la figura usada por la Consejería de Empleo para suministrar esas ayudas que materializó el IFA destinada a auxiliar a empresas en crisis, la llamada transferencia de financiación de explotación con cargo a la partida 31.L que el ex director de Trabajo bautizó como «fondo de reptiles».

Pero ese escrito en el que, después de tres meses, eleva formalmente el conflicto al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo, deja claro que es ella quien mantiene la jurisdicción y conserva el testimonio de las actuaciones para seguir practicando las diligencias que sean necesarias porque sigue considerando que debe ver esas actas.

De hecho, en el tema de las actas de los 480 Consejos de Gobierno de diez años, recuerda que la Audiencia de Sevilla le dijo en un auto del 20 de junio que la petición de esas actas era «una prueba pertinente»y que venía a propósito de la investigación por guardar relación con él.

Y que además esa prueba era necesaria, puesto que de ella «extraerían información relevante para aspectos esenciales de la investigación. En este sentido, insiste en que las actas podían tener información sobre «las transferencias de financiación efectuadas a través del IFA o IDEA por la Consejería de Empleo» y que se pedían para «depurar responsabilidades penales». Y también porque dicho requerimiento no afectaba al sistema de división de poderes».
Si la Junta quiere las actas que se las pida al decano
El segundo escrito rubricado ayer por Alaya es la contestación a la petición de la Junta que le apremió para que le devolviera la custodia de las actas de los Consejos de Gobierno que se encuentran lacrado y custodiados en los juzgados. Y Alaya respondió recalcando que no fueron las actas sino copia compulsada de las mismas y que no son custodiados por su juzgado sino por la dependencia habilitada por el Decanato. «Este juzgado no tiene que señalar fecha para la retirada», dice Alaya afirmando que los papeles «están a su disposición» desde la resolución de la Audiencia. Y que si las quieren le pidan al decano o al secretario la llave de la caja de seguridad donde se custodian.

https://ww.abcdesevilla.es/20110709/andalucia/sevi-juez-implica-grinan-trama-201107082033.html