Constantina - Sevilla

https://ww.publico.es/espana/407751/galicia-bloquea-a-los-parados-de-mas-de-un-ano-la-tarjeta-sanitaria

Galicia bloquea a los parados de más de un año la tarjeta sanitaria
El Gobierno de Feijóo desactiva el documento sin previo aviso. Los afectados tienen que solicitar una nueva, cuyos trámites pueden tardar ocho meses


Los desempleados residentes en Galicia que llevan más de 12 meses en paro se quedan de forma automática sin tarjeta sanitaria. La voz de alarma la dio el sindicato CIG, que denunció la política de "recorte y privatización" de la sanidad pública de la Xunta (PP) al dejar desatendidos a "desempleados y personas sin recursos". "Se les bloquea la tarjeta sin previo aviso y hasta que no reciben la que les acredita como personas sin recurso, no tienen acceso a la sanidad pública. Mientras tanto deben pagar la consulta y el tratamiento farmacológico que les prescriba el médico", alertó María Seijo, responsable sindical de Sanidad.

Mercedes Amaral, de 28 años y sin trabajo desde hace cinco, conoce de primera mano el vértigo que produce escuchar que carece de asistencia médica gratuita. Hace meses que se encuentra en tratamiento psicológico por depresión y la semana pasada, al acudir a su centro de salud habitual en A Coruña, le advirtieron de que su tarjeta estaba inactiva. "Me dijeron que esa vez me atenderían por urgencias, pero que en lo sucesivo, tendría que pagar cada consulta, a razón de 67 euros y pico", denuncia.


La situación de "desamparo" en la que se encuentra Mercedes tiene su origen en la orden de la Xunta de 5 de septiembre, en vigor desde el 29 de ese mismo mes, por la que "se actualiza el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y de las que se encuentran en situación de desempleo".

Hasta esa fecha, desempleados y ciudadanos sin recursos, que no cotizaban a la Seguridad Social, se beneficiaban de la prestación sanitaria, pero administrativamente recibían un tratamiento diferente. Con la modificación normativa introducida por los conservadores gallegos, ambos colectivos se convierten ipso facto en un "Código 29", que identifica, a efectos prácticos, a las "personas sin recursos", a no ser que el desempleado pueda justificar su dependencia económica de un titular de la Seguridad Social, de quien pasaría a constar como beneficiario.

Sin notificar el cambio


La realidad es que, en la práctica, según las cifras que maneja el sindicato nacionalista denunciante, en Galicia "más de 65.000 personas" podrían verse afectadas, sin que los perjudicados lo sepan porque la Xunta no ha notificado el cambio normativo.

"Todo se ha llevado a cabo con nocturnidad y alevosía; se trata de un comportamiento ruin y miserable por parte del Gobierno de Feijóo, que deja durante meses a miles de personas sin un derecho básico", reprocha Seijo. Concretamente el tiempo que estos parados puedan quedarse sin tarjeta oscila entre "ocho y diez meses", que es lo que tarda la expedición del nuevo documento acreditativo para los sin recursos, según le explicaron a Mercedes en su centro de salud. "¿Por qué nadie me avisó con tiempo para solicitarla antes?", se pregunta angustiada.

La Xunta de Galicia por toda explicación remite un comunicado datado el 17 de noviembre y según el cual, "casi mil personas" han solicitado desde el pasado septiembre "acogerse al código 29, dirigido para trabajadores discontinuos". Según la nota, con los cambios normativos introducidos, "Galicia se convierte en la primera comunidad en adaptar sus trámites a la situación socioeconómica actual", ya que con ello "se les facilita a los desempleados el derecho de forma continuada a la asistencia sanitaria pública sin tener que tramitar el reconocimiento cada vez que comienzan a trabajar".


Intermitencias
Para el Ejecutivo gallego, "la crisis económica y el aumento del número de desempleados ha llevado a muchos trabajadores, con entradas intermitentes en el mercado laboral, a tener que estar tramitando constantemente el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, bien como trabajador mientras percibe el subsidio o como persona sin recursos o beneficiario ante el Instituto Nacional de Seguridad Social", prosigue.

El objetivo último que pretende el Ejecutivo gallego con su orden es "evitar el uso fraudulento del sistema sanitario". Un razonamiento similar es el que ha dado pie al Ejecutivo conservador para introducir la obligatoriedad de llevar empadronado en Galicia un mínimo de 183 días antes de obtener la tarjeta sanitaria. "Queremos combatir el turismo sanitario", zanjó Alberto Núñez Feijóo ante la advertencia del Ministerio de Sanidad de la inconstitucionalidad de la norma. La misma política destinada a control del gasto ha llevado además a la Xunta gallega a reducir el número de farmacias de guardia en áreas rurales o a cobrar diez euros por emitir la tarjeta sanitaria.

En dos palabras: IM - PREZIONANTE!!
Bien empezamos

salvaron el banco de valencia con una extraña intervención antes de que fuesen las elecciones para no perjudicar a rajoy....y eso que allí, no pasa nada por que gobierna el pp.

El rápido movimiento de Ordóñez no es malo para el futuro presidente, Mariano Rajoy. "Para el PP, una vez ganadas las elecciones, lo mejor es que salgan todos los problemas financieros antes de que llegue al Gobierno", dice un ejecutivo cercano a la operación. También se termina con el espinoso el papel del máximo responsable, José Luis Olivas, un hombre totalmente ligado al PP: expresidente de la Generalitat valenciana, de Bancaja, de Bankia y del propio Banco de Valencia, que tuvo que presentar ayer su dimisión tras el escándalo de la intervención.

El hecho es que el Banco de España decidió ayer actuar en el Banco de Valencia -con 111 años de historia- por su delicada situación de solvencia y liquidez. El equipo gestor será sustituido por personal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Además, anunció que inyectará 1.000 millones para reforzar los niveles de capital y además le concederá una línea de crédito de otros 2.000 millones con vistas a garantizar su liquidez. A diferencia de operaciones similares en cajas, las pérdidas que se pudieran derivar de esta intervención las pagará el Fondo de Garantía de la banca, no el Estado.

El anuncio de la inminente intervención, adelantada por la edición digital de EL PAÍS a las 14.45, obligó a la CNMV a suspender la cotización a las 16.00, sin poder esperar al cierre de la sesión, tal y como estaba planeado. En el momento de la suspensión, la cotización caía un 3,27%, en línea con el mercado. Media hora más tarde, el supervisor hizo público el comunicado oficial de intervención.

Banco de Valencia, que agrupa un 0,74% del total de los activos del sistema financiero español (24.000 millones) es la entidad número 21 del sector. Se ha convertido en la cuarta entidad intervenida por el supervisor tras Caja Castilla La Mancha, Cajasur y Caja Mediterráneo.

En todos estos casos, el origen de los problemas estuvo en la excesiva apuesta por el sector inmobiliario y una pésima gestión. No obstante, lo peculiar del caso del Banco de Valencia, que tiene unos activos problemáticos de 3.995 millones, el 18,5% del total; se trata del primer banco nacionalizado y de la primera entidad cotizada que sufre este destino. Cuenta con un capital de 1.200 millones. La inyección de 1.000 millones más hace prever que la morosidad será muy alta. Además, el Valencia tiene otro problema, la liquidez. La fuerte rebaja del rating de las agencias en las últimas semanas (está considerado B, el tercer peor nivel del bono basura), ha provocado que la entidad no pueda obtener financiación en el Banco Central Europeo (BCE) porque sus garantías no son válidas. Esto puede generar dificultades para atender sus vencimientos, un tema letal para una entidad financiera.

El Valencia ha roto un juramento no escrito entre los bancos. En 2008, cuando se inició la crisis, afirmaron que ellos no pedirían ayudas públicas. Si llegaban problemas, los solucionarían con fusiones internas. Así fue con el Banco Guipuzcoano (hoy en manos del Sabadell) y con el Pastor (que será comprado por el Popular), pero nadie ha querido quedarse con el Valencia, "un banco que se parece a una caja, sobre todo a la CAM", según dicen los expertos.

Al igual que la caja alicantina, el futuro de la entidad valenciana es una de las mayores incógnitas. Con 420 oficinas y 2.000 empleados, concentra el 70% de su actividad en la Comunidad Valenciana, otro 10% en Murcia y otro 10% más en Madrid.

El Banco de Valencia, controlado antes por Bancaja y ahora por Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, lleva casi un año en venta sin ningún éxito. El Banco de España dijo en el comunicado que el FROB intentará "estabilizarlo y recapitalizarlo y así hacer posible una posterior enajenación a otra entidad mediante un proceso competitivo". Esta frase hace suponer que acabará en pública subasta ya que ni el BFA, que tiene el 28% del capital, ni la mayoría de los empresarios accionistas, parecen interesados en acudir a la ampliación de capital de 1.000 millones. BFA tendría que aportar 324 millones, una tarea que no es fácil para una entidad a la que no le sobra capital y que las pruebas europeas exigen recapitalizarse con 1.140 millones más.

La mañana de ayer fue un día ajetreado en la sede del Banco de Valencia. El Banco de España seguía de cerca la reunión del consejo de administración donde se discutía el informe de la Inspección, que era casi una sentencia de muerte. Los consejeros acordaron la formalidad de solicitar su propia sustitución "ante la imposibilidad de encontrar una solución viable", según el supervisor. El Banco de España insistió en que "los depositantes y acreedores pueden estar absolutamente tranquilos porque está garantizado el normal funcionamiento de la entidad".

La primera repercusión de la intervención se vio en el consejo del BFA, celebrado ayer por la tarde. Olivas presentó su dimisión en una intervención calculadamente escueta. Admitió su responsabilidad sobre la situación del Banco de Valencia, pero no aclaró si el presidente, Rodrigo Rato, estaba o no al tanto de la situación del banco. Consejeros cercanos a Olivas comentaron que se había tratado el asunto en comisiones ejecutivas, pero no concretaron más. La dimisión deja a Olivas sin indemnización que, teoricamente, está en relación con su salario fijo, cercano al millón de euros. A lo que sí tiene derecho es a los fondos de pensiones desembolsados.

La intervención de ayer pone en entredicho las declaraciones del gobernador el 30 de septiembre pasado, cuando afirmó que se había terminado la recapitalización del sistema. Ahora se ha abierto otra herida y otra subasta pendiente.

¿O sea que el gobernador del banco de España, de los Fernandez Ordóñez de toda la vida, socialistas rancios y ministros de Felipe, y puesto a dedo por ZP, le hace el favor a Rajoy?

Pirata, no se como os tragais todavia las trolas que os meten Público y El País. No saben ya lo que hacer para disimular el berrinche.

Mas porquería que la que dice los imprentables de Intereconomía imposible.

Mas razon imposible Nod321961....entre intereconomia y ABC estamos apañaos.....

impresentables en el pais y en la sexta y todo lo que huele a prisa

El Gobierno Vasco ha propuesto hoy a los sindicatos distintas medidas de recorte de gastos en el personal funcionario de la Administración autonómica que supondrán un ahorro de más de 100 millones de euros en 2012.

El viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, ha detallado en un comunicado algunas de las propuestas planteadas por el ejecutivo vasco en la Mesa General de Negociación que ha tenido lugar hoy, entre las que destacan la suspensión de primas por jubilación voluntaria, la del contrato relevo o la revisión de los complementos por incapacidad transitoria en los casos de enfermedad.

El objetivo del Gobierno Vasco es ahorrar más de 100 millones de euros el año que viene «sin que ello suponga una merma de la calidad del servicio, ni recortes de personal que, aunque no incrementará su volumen, contará con mayor estabilidad».

Tras recordar que las retribuciones básicas de los funcionarios vascos dependen de la normativa estatal, el ejecutivo de Patxi López quiere hacer «más con menos» y por ello ha puesto en marcha este plan temporal, aplicable sólo en 2012 y en todos los departamentos de la Administración pública vasca.


abc de hoy. y patxi lopez es del psoe

sigue a lo de antes

Seis medidas
Seis son las medidas para la contención del gasto: la supresión de todas las primas por jubilación voluntaria, la suspensión del contrato relevo que podría afectar a 365 personas, y la eliminación de la opción a prórroga en el trabajo al cumplir los 65 años.

En esta última propuesta el Gobierno Vasco quiere que no se cubran los puestos de trabajo que queden vacantes a consecuencia de la jubilación de los titulares, aunque reconoce que no todas las plazas podrán amortizarse.

También pide suprimir los complementos por incapacidad transitoria, que actualmente son del 100 % en todos los casos, y plantea mantenerlos sólo para los casos de baja por accidente laboral, ya que en los diez primeros meses de este año se han producido más de 48.000 bajas, con un coste en este concepto de 43,8 millones.

Además quiere limar la posibilidad de acceder y de convocar nuevos desarrollos de carrera durante el próximo año en los departamentos de Interior, Justicia, Educación y en Osakidetza.

Por último, pretende dar una instrucción para suspender las sustituciones para cubrir vacantes, salvo en determinados puestos.

Continuar con la lucha contra el absentismo, que ha pasado del 6,1 % en 2008 al 5,5 % este año, el freno a la interinidad con la convocatoria de Ofertas Públicas de Empleo, y reducir la externalización de servicios, de forma que se utilicen preferentemente los medios propios, son otros de los ejes propuestos por el Gobierno Vasco en la Mesa.

El viceconsejero ha puesto de relieve que el fin de estas medidas es mantener el empleo público y dotar a las plantillas de la Administración de mayor estabilidad, reduciendo la precariedad que supone la interinidad.

«Ésta es nuestra propuesta, muy alejada de lo que están haciendo otras administraciones en el resto de España», como el «modelo de recorte catalán o el modelo del PP en las comunidades donde ya gobierna y recorta».