Aznalcóllar - Sevilla

La Junta admite que Boliden no ha pagado un euro cinco años después del juicio

El abogado Jesús Vozmediano, experto en medio ambiente, augura que el proceso que enfrenta a la Administración y la empresa va a ser «de largo recorrido»

J.C. SEVILLA
Actualizado Martes, 19-05-09 a las 08:50
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía reconoce que por el momento, pese a que hace ya más de cinco años desde que se inició su reclamación por la vía administrativa, el Grupo Boliden no ha realizado ni un pago de los más de 90 millones de euros que debe pagar a la Administración andaluza en relación con los costes y gastos asumidos para hacer frente a los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar derivados del vertido producido en 1998 en las minas de Aznalcóllar (Sevilla), informa Europa Press.
Por su parte, en declaraciones a ABC, el abogado Jesús Vozmediano, experto en medio ambiente, considera que este proceso que enfrenta a la Administración andaluza con la multinacional será de largo recorrido, y con un resultado de momento impredecible.
Respuesta
En respuesta a una pregunta escrita realizada por el Grupo Parlamentario del PP-A, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, explica que los costes que se reclaman a Boliden ascienden a la cantidad de 89.867. 545, 56 euros, a la vez que especifica que en relación a esta reclamación «no consta que las entidades a las que se les ha reclamado hayan satisfecho algún pago del mismo».
Igualmente, Castillo aclara que «si bien este sería el coste total de la regeneración reclamada, hay que añadir que la Junta de Andalucía adquirió la titularidad de las tierras y decidió convertir ese espacio en un Corredor Verde, acciones que han supuesto un coste adicional, que, lógicamente, no forma parte de la reclamación».
Además, en la respuesta, a la que ha tenido acceso Ep, la Consejería de Medio Ambiente señala el desglose de lo reclamado, pues a la Consejería de Agricultura y Pesca le corresponde 46.979.379,26 euros por la primera fase de retirada de lodos; mientras que a la Consejería de Medio Ambiente le debe 14.460. 050, 71 euros por la segunda fase de retirada de lodos; 2.483.913,55 euros por el control y seguimiento de la calidad ambiental; 5.231.515,95 euros correspondiente a la restauración ecológica; y 2.093.661,17 euros asistencia técnica y actividades complementarias. Por último, a la Consejería de Salud le corresponden 2.065.585.40 euros por actuaciones sanitarias.
Con motivo de la reclamación del Gobierno andaluz, que se inició en marzo de 2004, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) impuso a la empresa matriz de Boliden una fianza por un importe de 107,83 millones de euros. En un auto dictado en julio de ese mismo año, el alto tribunal acordó estimar el recurso presentado por Boliden y suspender el procedimiento administrativo emprendido por la Junta «siempre y cuando la entidad recurrente preste caución que comprenda el importe de 89,86 millones de euros más un 20 por ciento sobre esa cantidad para gastos y costas», lo que suponía una cantidad global de 107,83 millones de euros.
De este modo, el TSJA condicionó la suspensión cautelar de la reclamación económica formulada por la Junta al depósito de avales por parte del Grupo Boliden por un importe equivalente a la cantidad demandada por la administración autonómica, lo que en la práctica implicaba que por primera vez la empresa se veía obligada a hacer frente a un pago económico por vía judicial.
Recursos
Boliden decidió recurrir el auto del TSJA, primero ante el Alto Tribunal andaluz y posteriormente ante el Supremo, y la Junta ya advirtió de que iniciaría el embargo de los bienes que tiene Boliden en España, Holanda o en Suecia si la empresa sueca o sus filiales no depositaban el citado aval. La empresa aseguró que no iban a poder embargarle ninguno de sus bienes.
La Junta posteriormente acudió al TS para reclamar a la empresa los costes económicos que conllevó el vertido tóxico, tras el rechazo del TSJA.
Además, la Justicia sueca admitió a trámite un recurso interpuesto por la Junta en el que solicita un embargo cautelar por valor de 141 millones de euros a la multinacional Boliden para que ésta haga rente a los costes.
Para ello, el Gobierno andaluz debe hacer frente a la cuantía económica que le corresponde aportar ante la justicia sueca, a 0modo de «caución», al objeto de que en el país escandinavo sea «ejecutivo» el requerimiento que, en junio de 2007, dictó el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla para reclamar esos 141 millones de euros.
Según el abogado Jesús Vozmediano, se trata de un proceso de lago recorrido, que puede durar años, porque el asunto «es muy complejo», dado que en el mismo intervienen «instancias internacionales».
En opinión de este experto, «ni mucho menos se está en la fase final del procedimiento. Todavía no se ha entrado en el fondo del asunto. Se están presentando demandas y exigiendo una serie de avales para las responsabilidades que pueda haber».
Todavía, indicó Vozmediano, se tiene que ver el grado de culpabilidad de Boliden y la empresa, a su vez, una corporación internacional con grandes equipos de abogados, presentará todo tipo de argumentos para defenderse.
La rotura de la balsa de la mina de Boliden el 25 de abril de 1998 provocó el vertido de seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. La mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4. 634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.
https://ww.abcdesevilla.es/20090519/andalucia-actualidad/junta-admite-boliden-pagado-200905182346.html