Arahal - Sevilla

Las pensiones parlamentarias de diputados y senadores fueron objeto de una enorme polémica durante la pasada legislatura, en la que el Gobierno acordó retrasar de 65 a 67 años la edad de jubilación y endureció las condiciones para tener derecho a la pensión máxima. En ese momento sus señorías podían jubilarse a los 60 años de edad con la única condición de haber cotizado durante 40 años a la Seguridad Social, y las Cortes les abonaba la diferencia entre la pensión pública que les correspondiese por sus cotizaciones hasta alcanzar su cuantía máxima.