Almadén de la Plata - Sevilla

Investigan el destino de 1,4 millones para obras no ejecutadas en Vejer

Las ayudas públicas iban destinadas a diez proyectos que no se llegaron a realizar
La investigación afecta al uso realizado por el anterior gobierno municipal, del PSOE
El dinero se destinó finalmente al pago de gastos corrientes municipales

EFE Cádiz
Actualizado: 26/11/2014 16:32 horas
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La Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía, ha abierto una investigación sobre el destino de más de 1,4 millones de euros en subvenciones que el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) recibió de Europa y de otras administraciones para hacer al menos diez obras que nunca se llegaron a ejecutar.

Daniel Sánchez, concejal del Ayuntamiento que gobierna el PP, ha explicado que las subvenciones fueron recibidas por el anterior equipo de gobierno del PSOE, cuyo portavoz justificó en su día, en una comisión de investigación sobre el caso, que el dinero fue empleado en pagar gastos corrientes municipales, como las nóminas de los empleados municipales.

El actual equipo de gobierno de la localidad gaditana se encontró con el desvío de estos fondos cuando llegó al poder tras las elecciones de 2011.

Fue entonces, según el concejal popular, cuando constató que el consistorio no había ejecutado las obras por las que había recibido subvenciones de la administración estatal o autonómicas cofinanciadas con fondos europeos.

Entre ellas estaba la ampliación de un polígono industrial, la creación de otro nuevo agroganadero o las obras en el campo de fútbol de la localidad, entre "al menos diez expedientes".

Según el concejal popular el Ayuntamiento ha tenido que devolver a las distintas administraciones más de 1.400.000 euros, incluidos 50.000 de intereses, al no poder justificar que habían sido ejecutadas las obras para las que las subvenciones fueron concedidas.

Daniel Sánchez ha explicado que el actual equipo de gobierno puso estos hechos "en conocimiento de la ciudadanía" y se creó una comisión de investigación que "hasta en cinco ocasiones" citó al anterior alcalde, el socialista Antonio Verdú, quien nunca acudió.

En esta comisión el actual portavoz socialista Francisco Javier Gavira, entonces concejal de Economía, explicó que los fondos habían sido destinados a gastos corrientes municipales porque habían sido ingresados en una caja única municipal.

El equipo de gobierno del PP señala que no tiene "la certeza" de que estos haya sido así y, con los informes de la Intervención Municipal y de la Tesorería Municipal, decidió remitir toda la información sobre el asunto a la Fiscalía "hace ocho o diez meses".

El pasado mes de octubre el Ayuntamiento recibió una notificación de la Guardia Civil en la que se informaba al Ayuntamiento de que se habían abierto diligencias y se reclamaba al consistorio información sobre los expedientes.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la apertura de esta investigación, que ha adelantado Radio Cádiz.

El concejal popular ha recordado que el caso sería bastante similar al que ha deparado una condena de dos años de prisión para la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera Pilar Sánchez por desviar fondos del Plan E al pago de gastos corrientes municipales, especialmente las nóminas de la plantilla municipal.

Un tribunal constata el desvío de fondos para los ERE desde 1990

Un ejecutivo y dos sindicalistas de una empresa sevillana se apropiaron de 906.000 euros
La Junta de Andalucía tapó el 'agujero' con nuevas ayudas en lugar de reclamar el reintegro

ANTONIO SALVADOR
SEBASTIÁN TORRES Sevilla
Actualizado: 26/11/2014 08:22 horas
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La Audiencia de Sevilla ha considerado probado que un ejecutivo y dos sindicalistas se apropiaron de 906.757 euros procedentes de subvenciones concedidas por la Junta y el Gobierno para el pago de prejubilaciones a trabajadores de una empresa sevillana en crisis. El caso, cuyos hechos se remontan a 1990, es el primero que se ha juzgado por irregularidades en un plan de prejubilación financiado por la Administración autonómica.

El tribunal también reprocha a la Junta que, pese a conocer las irregularidades, otorgara otras subvenciones por 906.756 euros para tapar el boquete en lugar de reclamar el reintegro de la ayuda anterior, como mantenía la Intervención General.

En una sentencia fechada el pasado 19 de de septiembre, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Márquez, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla condena al ejecutivo Jesús Mateo Salvatierra y a los sindicalistas de CCOO Fernando Fernández Montes y José Miguel Cidoncha a devolver a la Junta y al Ministerio de Empleo 688.233,62 euros en total y a pagar 5.000 euros cada uno como autores de un delito continuado de apropiación indebida en su modalidad de administración desleal.
Atenuante de dilación indebida

El tribunal ha estimado la atenuante de dilación indebida atendiendo al tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos delictivos -algunos hace 24 años- y la duración de la instrucción (10 años). La injustificada tardanza en la investigación judicial, concluye la sentencia, ha propiciado que «algunos de los delitos imputados» hayan prescrito y otros «han estado en un trance de serlo».

Lo que no ha apreciado la Audiencia de Sevilla es la comisión de delitos de fraude en subvenciones -como calificó el fiscal- ni de estafa, como mantenía la acusación particular ejercida por el empresario Francisco Pérez Camacho a través del abogado Juan Carlos Vázquez.

Los hechos juzgados a lo largo de 37 sesiones -celebradas entre el 31 de octubre de 2013 y el 14 de mayo de 2014- se remontan a 1986, cuando la empresa sevillana Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA) entró en una crisis que desembocó en la declaración de suspensión de pagos con acuerdo de liquidación.

Atendiendo a la «importancia económica» de la compañía y a su «repercusión laboral» (más de 638 empleos), el Parlamento acordó en abril de 1986 instar al Gobierno andaluz a adoptar las medidas que garantizaran el mantenimiento de la actividad.

Fruto de ese mandato de la Cámara, el Ejecutivo autonómico constituyó la empresa Industria Sevillana de Automoción (ISA-2) a fin de mantener la actividad industrial y gestionar la liquidación ordenada de la sociedad en crisis. Como consejero delegado de ISA-2 fue nombrado Pérez Camacho, que había dirigido numerosas reconversiones industriales.

ISA-2 se comprometía a liquidar la totalidad de las deudas que ISA-1 tuviera contraídas con los trabajadores y a colaborar en el pago de las prejubilaciones de 46 trabajadores.

El coste global del plan de jubilación se cifró en 4,41 millones de euros, correspondiendo la mayor parte -concretamente 2,6 millones- a la Junta. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e ISA-2 aportaron cada uno 900.000 euros.

La condición de las administraciones públicas para ofrecer los fondos fue que había que suscribir una póliza que cubriera el coste del convenio especial con la Seguridad Social, el complemento mensual a cada trabajador de la prestación por desempleo o de las prestaciones asistenciales hasta los 60 años y el complemento vitalicio a la pensión de los 60 años, de las que también serían beneficiarios los cónyuges viudos o herederos.
Las cantidades que pudieran sobrar

Los 3,5 millones procedentes de las ayudas de la Junta y el Gobierno se ingresaron en una cuenta corriente de la oficinal principal del Banco Hispano Americano en Sevilla que al efecto abrieron Fernando Fernández Montes y José Miguel Cidoncha -como representantes del comité de empresa- y Jesús Mateo Salvatierra, financiero de ISA-2. Ellos fueron quienes «se encargaron de administrar dichos fondos», dice la sentencia.

Censura el tribunal que, en lugar de suscribir el seguro de rentas como estaban obligados, los ahora condenados decidieron administrar «por sí mismos dichos fondos y beneficiarse con las cantidades que pudieran sobrar, bien en su propio beneficio, bien en el de sociedades administradas por alguno de ellos que nada tenían que ver con el proceso de jubilación, o bien de terceros desconocidos».

En esa cuenta también se fueron ingresando las indemnizaciones que los trabajadores fueron cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) -«en lugar de devolverlo a su titular (ISA-2)», añade el fallo- y los «sustanciosos» réditos que se generaron al ser una cuenta remunerada.

La póliza finalmente se contrató casi cinco meses después de que la Junta desembolsara el dinero y por «un importe muy inferior al inicialmente presupuestado», concretamente 1,41 millones de euros. Según la sentencia, el coste se «había engordado artificialmente con el fin de obtener una subvención superior».

Con el montante contratado sólo se cubrían los complementos de pensiones a partir de los 60 años, sin incluir la cobertura del cónyuge viudo y herederos y otros conceptos indemnizatorios comprometidos.

Debido a «las disposiciones» realizadas por los querellados «ajenas a la prejubilación acordada con los trabajadores» llegó un momento en que ya no había fondos suficientes para garantizar el pago de las prestaciones. En total -según la sentencia- la suma dispuesta ascendió a 6,19 millones, registrándose «desviaciones sucesivas de dinero a fines privados» ajenos a las prejubilaciones.
'Irregular actuación'

El 28 de junio de 1993, un grupo de afectados puso en conocimiento de la Consejería de Trabajo la «irregular actuación» de los ahora condenados y «los gravísimos daños causados a los prejubilados», al tiempo que reclamaban una nueva ayuda para solucionar la situación.

Lejos de exigir responsabilidades por las irregularidades denunciadas, la Consejería de Trabajo acordó el 13 de septiembre de 1993 otorgar otros 872.797 euros para la constitución de una póliza a fin de abonarles a los prejubilados los ingresos mínimos suficientes hasta los 60 años. Esa ayuda se complementó posteriormente con otra de 33.959 euros.

Recuerda la sentencia que la Junta dio vía libre a estas ayudas pese a que la Intervención General, según consta en un informe fechado el 16 de febrero de 1993, era favorable a la reclamación de un reintegro de 1,77 millones. El titular de Empleo entonces era Francisco Oliva.

De hecho, llegó a iniciarse un expediente de reintegro el 13 de noviembre de 1996, acordándose meses después exigir el reintegro parcial de 1,7 millones de euros más 1,8 millones en intereses de demora.

El reintegro nunca llegó a producirse puesto que la directora general de Fomento al Empleo lo revocó el 20 de diciembre de 2004 -ya con Antonio Fernández como consejero de Empleo- tras dar por bueno un acta de manifestación notarial en la que dos trabajadores afirmaban que el plan de jubilación se había cumplido en su totalidad. Y ello pese a que no se había concertado la póliza que garantizara la pensión a los herederos y haberse tenido que ampliar el importe de la subvención.

El tribunal concluye que esas nuevas ayudas «no se debieron producir» y reprocha a los gestores del plan por poner «en riesgo» el cobro de los complementos comprometidos a los ex trabajadores. Si no ocurrió, destaca la Audiencia, fue porque la Administración autonómica salió «en su auxilio».

La Audiencia considera probado que ISA-2 cumplió con la aportación económica comprometida y destaca el comportamiento de Pérez Camacho «denunciando cuantas actuaciones consideraba ilícitas» frente a «la posición oscura y obstruccionista» del condenado Jesús Mateo Salvatierra. Éste, junto con otro directivo llamado Jesús Ramos Santana, también ha sido condenado por un delito continuado de falsedad y a indemnizar a ISA-2 y a otra antigua empresa del grupo (Politecno) con 3,5 millones por otro delito continuado de apropiación indebida.

Los condenados han solicitado una aclaración de sentencia y que se rectifiquen errores materiales, momento en el que el fallo podrá

Un imputado declara que Mercasevilla pagó despidos de otra empresa
El comercial de Vitalia Francisco González asegura que la empresa pública pagó parte del ERE de la compañía Cash Lepe
Javier Martín-Arroyo Sevilla 25 NOV 2014 - 22:13 CET4
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El exdirector de Mercasevilla, Fernando Mellet, la pasada primavera. / PACO PUENTES
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El excomercial de la consultora de los ERE Vitalia Francisco González aseguró ayer a la juez Mercedes Alaya durante su comparecencia como imputado que 6.000 euros de la empresa pública Mercasevilla se destinaron a pagar la póliza de prejubilación de los trabajadores de la empresa Cash Lepe. De constatarse, el hecho ofrece una idea clara de las graves irregularidades y movimientos de dinero turbios que rodearon a la firma, cuyo expediente originó el caso de los ERE al descubrirse el primer intruso.

La declaración de Domínguez implica al presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, así como a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. Según su relato, González se reunió con Domínguez —entonces secretario de relación sindical de CC OO— para el nuevo ERE que quería plantear Mercasevilla en 2005, y este le dijo que no iniciaría “ninguna reunión sobre ningún expediente” hasta que no estuviera solucionado el tema de Cash Lepe. “Empresa que nada tenía que ver con Mercasevilla pero a la que le faltaba 6.000 euros en el pago de la póliza de prejubilación de los trabajadores de Cash Lepe”, refleja la declaración.

En la reunión a tres bandas se decidió que para desbloquear las negociaciones con el comité de empresa sobre el ERE, la solución era “pagar como anticipo a Hermes Consulting —firma de González y su cuñado Francisco Limón— los 6.000 euros, que se necesitaban y que se destinarían a Cash Lepe”. González matizó que fue “un anticipo de sus propios honorarios” y que los destinó “a solucionar el tema de Cash Lepe” para avanzar en el ERE de Mercasevilla.

Este relato de hechos tendrá una consecuencia previsible por parte de Alaya: una nueva investigación para dilucidar la veracidad del testimonio y la imputación de los directivos, el presidente del comité de empresa y el propio González. Sobre el supuesto dispendio de fondos públicos, el imputado menciona cómo Mellet le pagó honorarios por 55.000 euros, datados como “una estimación personal del valor de los trabajos que había realizado”. “Mellet me aceptó la propuesta y me la pagó”, dijo.

La juez acusa a González de malversación en su condición de extraneus por facturar 111.630 euros a Mercasevilla en connivencia con Mellet “sin que se hubiesen elaborado informes escritos que justificaran los trabajos y gestiones supuestamente realizados”.

<ENTRE COL Y COL, UNA LECHUGA>

21/10/2014

El PP culpará a Aznar de los casos de corrupción en el partido

Génova lanzará el mensaje de que Gürtel, Bárcenas y las tarjetas ‘black’ son escándalos que nacieron en la etapa aznarista

Saludos, jejejejeeeee

!!!! tanto monta, monta tanto, psoe como pp !!!!

!!! a la pita calle la casta !!!