Algámitas - Sevilla

EL PAÍS, lun, 05/02/2007, ELSA GRANDA
Del Ayuntamiento a la mazmorra
Los 10 casos de corrupción política más sonados de 2006 han llevado a los calabozos a media docena de alcaldes y una treintena de concejales
Un año aciago para quienes vieron en la política municipal un canal de enriquecimiento personal. Así fue 2006, cuando por los calabozos, prisiones y juzgados han desfilado más alcaldes y concejales que en toda la democracia. En casi todos los casos relacionados con asuntos urbanísticos -competencia de la Administración local-, aunque también vinculados con concesiones irregulares de licencias de servicios municipales.
La cabeza del ránking de grandes corruptelas y tramas de fraude se localiza en el sur del mapa: en Marbella. La fiscalía de Málaga considera que los más de 70 detenidos en la Operación Malaya formaban 'un grupo delictivo de guante blanco'. Nunca antes se había disuelto un Consistorio y se había formado una comisión gestora para dirigir el municipio, como ocurrió en Marbella en abril pasado.
Alcaldes imputados y encarcelados, fianzas astronómicas, desfalcos millonarios, ediles fugados, conocidos empresarios en los calabozos, recalificaciones contra cualquier lógica legal o medioambiental... Éstos son los casos más importantes, atendiendo al número de detenidos e imputados, al dinero defraudado y al calado de la trama. En la mayoría de ellos el agujero en las arcas públicas está aún por determinar.
- Marbella (Málaga). La impresionante bolsa de corrupción del Consistorio marbellí no tiene parangón, ni por número de detenidos e imputados (74), ni por el dinero defraudado (el valor de lo confiscado supera los 2.400 millones), ni por la disolución del Consistorio. 20 concejales comparecieron ante el juez Miguel Ángel Torres imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias o prevaricación.
Todos ellos pasaron por prisión; también los ex alcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz. En el caso marbellí no falta casi de nada, incluso cuenta con un fugado, Carlos Fernández, ex edil del Partido Andalucista. Se han descubierto más de una docena de testaferros, y están imputados cerca de una treintena de promotores, constructores y empresarios. El cerebro de la red de corrupción, Juan Antonio Roca, cobraba entre 50.000 y 600.000 euros a los promotores por favorecer sus negocios. Un solo empresario reconoció ante el juez haberle pagado seis millones de euros en comisiones ilegales. Muchos de los implicados debieron pagar fianzas astronómicas, de hasta medio millón de euros; y siete personas siguen en la cárcel.
- Telde (Gran Canaria). La operación policial y judicial desarrollada en el municipio grancanario ha provocado un goteo de detenciones, que comenzó el pasado mes de marzo. El escándalo salpicó al PP de lleno. El alcalde, Francisco Valido, y cinco concejales de ese partido -todo el equipo popular menos un edil- fueron detenidos el pasado 8 de noviembre. De las 26 personas imputadas por el presunto cobro de comisiones ilegales en el Consistorio de la localidad, 10 son militantes del PP. La mayoría de los implicados están imputados por falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La presunta cerebro de la trama, la concejal de Obras, María Antonia Torres, permaneció 62 días en la cárcel. Evitar su estancia en prisión o salir de ella tras ser encarcelados les supuso a los implicados entre 80.000 y 100.000 euros.
- Andratx (Baleares). La trama del municipio balear es menos llamativo por el número de personas implicadas, pero merece uno de los primeros puestos en la lista por el monto de lo presuntamente estafado, y por el alcance que puede tener dentro del PP en la isla, donde cayó como una bomba. El caso Andratx, que estalló el 27 de noviembre, llevó a la detención del alcalde del municipio, Eugenio Hidalgo; el director general de Ordenación del Territorio de Jaume Matas, Jaume Massot; y el celador de Obras del municipio, Jaume Gibert. Hidalgo y Gibert se encuentran actualmente en prisión. La investigación ha acreditado el cobro de al menos 740.000 euros, que presuntamente se repartieron estos dos imputados. Se les atribuyen delitos contra la ordenación del territorio, de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.
Según la tesis del fiscal, el ex alcalde ganó 1,8 millones en operaciones inmobiliarias que efectuó asociado a promotores. Mientras que la Fiscalía Anticorrupción calcula que éste recibió 1,1 millones en cohechos. La investigación atribuye 39 millones a supuestas ilegalidades en licencias, permisos de obras, y falsedades en certificados de suelo para convertir zonas protegidas en urbanas o en suelo rústico edificable.
- Ciempozuelos (Madrid). Las fianzas más abultadas fueron las impuestas a los ex alcaldes socialistas de este municipio madrileño. Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón abandonaron la cárcel tras abonar sendos pagos de 900.000 euros. Ambos ex regidores, imputados por cohecho y blanqueo de capitales, presuntamente depositaron algo más de un millón de euros en una entidad bancaria de Andorra, y pactaron con la inmobiliaria Esprode el pago de 40 millones de euros a cambio de varias recalificaciones urbanísticas en el municipio. Hace sólo unos días, el fiscal pidió la reapertura de la instrucción al considerar que algunos de los denunciantes del caso han podido utilizar las medidas cautelares del juez para dar pelotazos urbanísticos en la zona.
- Alhaurín el Grande (Málaga). Juan Martín Serón, alcalde de esta localidad malagueña de 22.000 habitantes, es también miembro de la directiva regional del partido y diputado provincial en Málaga. Fue arrestado el 18 de enero en Marbella. Ese mismo día también fue detenido el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra. El juez les impuso una fianza de 100.000 euros, que el regidor logró reunir en apenas cinco horas. En su vivienda fueron intervenidos 63.000 euros, y otros 7.000 fueron hallados en su despacho. Ambos están imputados por prevaricación y cohecho, al pedir presuntamente a un promotor 100.000 euros a cambio de la concesión de una licencia de construcción, y paralizar hasta cuatro veces las obras de un bloque de viviendas cuya promotora, una farmacéutica de la localidad, presuntamente se negó a pagar 12.000 euros al Ayuntamiento.
- Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), anunció recientemente que volverá a presentarse a la reelección. Esta declaración se producía días después de que el juez Baltasar Garzón incluyera su nombre entre los presuntos implicados de una derivación del caso de la estafa filatélica de Fórum. Pero ese no es el único asunto presuntamente irregular en el que ha incurrido este alcalde. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra él (por prevaricación y malversación de caudales públicos) y otras 10 personas -tres concejales, entre ellos los portavoces del PP y del PSOE, cinco técnicos municipales y dos empresarios- por una operación de compraventa de terrenos en la playa de Las Teresitas, con cargo a los presupuestos municipales.
- Mogán (Gran Canaria). En este pueblo grancanario el catálogo de presuntos delitos es amplio: prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio y del medioambiente, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios, malversación de caudales públicos, delito electoral relacionado con falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos. Cada una de esas acusaciones cayó como un aldabonazo sobre los cinco implicados. Uno de los aspectos más curiosos de ese caso es que la denuncia ante la fiscalía partió de dos antiguas ediles del PP, que no quisieron seguir soportando la pasividad del partido ante sus reiteradas denuncias. El alcalde popular, Francisco González, ostentaba la competencia de urbanismo. Además del primer edil fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas la primer teniente de alcalde, Onalia Bueno García. En este municipio a la corrupción urbanística se une un presunto delito electoral de compra de votos. Todos los imputados se encuentran en libertad sin fianza. El alcalde sigue ejerciendo su cargo en el Ayuntamiento.
- Castellón. El presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP está bajo sospecha desde el año 2003 por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y un posible fraude fiscal. Carlos Fabra está imputado por un asunto relacionado con la comercialización de productos fitosanitarios, y existe contra él una denuncia por no haber justificado la procedencia de ingresos en efectivo por un valor de 600.000 euros, así como el impago de cuotas del impuesto de la renta por unos 150.000 euros. El empresario Vicente Vilar le ha acusado de cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar ante la Administración central para agilizar autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. A pesar de todo ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones.
- Orihuela. (Alicante). Las investigaciones se centran en unas facturas presentadas a cobro por parte de la empresa Necso, y el abono, mediante decreto de la alcaldía, de un extra de 180.000 euros a la plantilla de esa empresa en 2004, para evitar una huelga. El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina (del PP), está además bajo sospecha por el uso de un vehículo Rolls Royce y un chalé propiedad de promotores locales beneficiados con adjudicaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Medina está imputado por delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.
- Catral (Alicante). José Manuel Rodríguez Leal está imputado por dos delitos: uno de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. El alcalde socialista de Catral permitió la construcción masiva en suelo no urbanizable y sin licencia; algunas de las viviendas fueron levantadas en el parque natural de El Hondo. Se estima que esas construcciones generaron unos 80 millones en dinero negro. Rodríguez Leal dejó el partido, pero no ha renunciado a la alcaldía.

NORMATIVA APLICABLE.
DANDO POR HECHO LA PRESUNCION DE INOCENCIA CLARO.
CAPÍTULO VI.
DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
Artículo 428.
El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a un año, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.

Artículo 429.
El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.

Artículo 430.
Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.
En cualquiera de los supuestos a que se refiere este artículo, la autoridad judicial podrá imponer también la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, organización o despacho y la clausura de sus dependencias abiertas al público por tiempo de seis meses a tres años.

Artículo 431.
En todos los casos previstos en este Capítulo y en el anterior, las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso.

La leshe, queipo, qué pena que se haya cubierto la plaza de Garzón, porque te venía...., en fín, tranqui algun juez se jubilará, digo yo,... claro que si no es autóctono, igual no sirve, pero en fín, todo es esperar. Ah, y atento a los decomisos, suelen salir a subasta bastante bien de precio, igual ....

Y ese pedazo de secretario que tenemos, se rumorea que esta suspendido de empleo y sueldo, es asi? o esta de vacaciones?

hablar por hablar, es cierto que esta suspendido de empleo y sueldo? o solo de vacaciones?

Creo que aquí vienen todas las posibles situaciones de un empleado público,ya depende de cuál sea aplicable en este caso.
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Es un poco larga, pero ahora en verano, así para la siesta, se apetece.
Saludos .

SI ESTO SI QUE ES INTERESANTE, Y NO LOS OTROS HILOS
CULTURILLA GENERAL
QUE AHY QUE LEER PARA APRENDER.
QUE NOS TITULOS NO LOS REGALAN NI SE COMPRAN CON DINERO.