Navas de Oro - Segovia

Se adelantó la lideresa madrileña -perejil de todas las salsas- y exigió una “comparecencia urgente de Zapatero” a la vista de la huelga de transportistas que “amenaza el abastecimiento no sólo del gasoleo, sino también de productos frescos del mercado”. Esperanza Aguirre ha hecho el ridículo -durante todo un trimestre- en su intento de asaltar Génova 13. Tal vez cree ahora que aún le es posible recuperar el tiempo perdido.
Le siguió horas después Soraya Sáenz de Santamaría, la otra lideresa, la mujer de confianza de Mariano Rajoy. “Es una huelga contra Zapatero”, sentenció esta joven promesa del PP. ¿Piensa Soraya -siquiera por un momento- que Zapatero es el culpable, o el responsable, de la subida mundial del petróleo? ¿Cuál es la propuesta al respecto del líder de la oposición?

La receta milagrosa
Si Rajoy tiene la receta para erradicar de España el fantasma de la crisis económica de ámbito internacional, que lo diga con urgencia. Si convence a la ciudadanía acerca de la excelencia de su terapia, sepa que lo llevarán en volandas hasta la Moncloa y Zapatero deberá irse por la puerta trasera. Si tal milagro se produjera, no harían falta elecciones. Rajoy sería presidente por aclamación.

Estéril y contraproducente
Pero no tiene Rajoy ninguna receta eficaz. Nadie parece tenerla. Es inútil que clamen y se lamenten -apuntando a Zapatero- desde los dos bandos del PP, de nuevo aparentemente unidos. A lo largo de los cuatro años de la anterior legislatura, la derecha convirtió al presidente del Gobierno en el malo de todas las películas. Salieron con machacona reiteración a la calle obispos, clérigos, la AVT, el Foro de Ermua, populares y muchos impopulares. La presión opositora fue intensa. Acabó, no obstante, siendo estéril y hasta contraproducente para los intereses del PP.

A pesar de algunos listillos
El quid de la cuestión es que –aunque algunos listillos afirmen lo contrario- los españoles en general saben perfectamente que los vaivenes profundos de la economía rebasan el ámbito o la capacidad de decisión de los Gobiernos de turno. Y saben también que determinados excesos no contribuyen más que a empeorar la situación. Esta paralización de numerosos transportistas es en buena parte abusiva. La amenaza de desabastecer España debe incluirse en el capítulo de los chantajes inadmisibles.

Los camioneros de Chile
Aunque las comparaciones nunca son buenas, conviene no olvidar la sospechosa huelga de los camioneros en Chile –con anterioridad al 11 de septiembre de 1973- como instrumento en cierto modo apocalíptico, que contribuyó sin duda a derribar brutalmente al Gobierno de Salvador Allende. Nada de esto es previsible en la España actual. Pero, ojo, porque siempre hay pescadores prestos a lanzar el anzuelo en río revuelto.

Que no se equivoquen
Que no se equivoquen Aguirre y Sáenz de Santamaría. Ni tampoco cuantos desde el PP se frotan las manos ante los problemas evidentes por los que atraviesa este país. Ya pueden señalar con el dedo a Zapatero. ¿Alguien en sus cabales puede pensar a estas horas que si mañana fuera elegido presidente del Gobierno Rajoy o, si se prefiere, por tercera vez Aznar, o Gallardón, o incluso Rato, o Aguirre, las cosas en la economía y las finanzas de España cambiarían a mejor?

¡Por dios, claro que si! PPeppe Botella Asnal Ansar, se va al despacho Oval, pone los cascos encima de la mesa, y en correcto tejano, habla con su colega en delitos genocidas, el ex-alcohólico y en un plisplás, la economía mundial saneada. ¿O es que no ves lo bien que andan en USA? Vamos a ser ecuánimes. . .

Desleal. Es un adjetivo contundente. Hasta hace unas semanas, María San Gil era un referente político y moral para el PP; ahora, ya no tanto. Muchos de sus compañeros en el País Vasco y también varios de los dirigentes que apoyan a Rajoy la miran con recelo.

Ayer, Carlos Olazabal acusaba a San Gil de ser desleal y de haber perjudicado al PP vasco. El portavoz conservador en las Juntas de Vizcaya consideraba, en una entrevista en el diario El Correo, que la decisión de adelantar el congreso ha perjudicado a su formación. “San Gil se ha equivocado profunda y radicalmente”, confesó. Además, es de los que piensan que Jaime Mayor Oreja indujo sus pasos.

Leopoldo Barreda, el portavoz del PP vasco en la Cámara de Vitoria, no lo comparte. Recuerda, en declaraciones a Público, que San Gil dijo en su momento que la decisión la había tomado ella a solas. No obstante, reconoce que se ha tratado de utilizar su marcha para “justificar los argumentos de que ha habido un cambio de principios en el PP”.

Regina Otaola, la alcaldesa de Lizartza, quien se declara “100 por 100 de María”, se apresuró a defenderla. A su juicio, San Gil siempre ha actuado “por sí misma, según sus ideas y convencimientos”, y se mostró convencida de que el europarlamentario nunca estuvo detrás de ella.

Desde la distancia, la crisis del PP vasco se contempla con desconcierto. Todo el mundo lamenta el portazo de San Gil, pero tanto desde el Congreso como desde el Senado son muchos los parlamentarios que a día de hoy no se explican lo que ocurrió realmente. Pueden llegar a comprender que en un momento dado perdiera la confianza en Rajoy y hasta que se sintiera más respaldada por Aznar que por el líder del PP, porque el primero la llamaba más a menudo que el segundo, pero no entienden que llevara tan lejos su órdago.

“Una cosa es un toque de atención y otra, el extremo hasta el que ha llegado”, cuentan desde el PP. Personas cercanas a Rajoy creen que “no fue justa” con él. En ese sentido, tienen que darle la razón a Olazabal. Sienten que alguien “la estuvo utilizando”. “Hubo quien se dio cuenta del daño de imagen que lo de San Gil le hacía a Rajoy y pensaron que así podían hacerle tirar la toalla”, comenta alguien que vivió de cerca la polémica.

Además, fuentes del PP consideran que ella nunca tuvo necesidad de imponerse de ese modo: “La ponencia política estaba arrancando. Ella sabía que luego llegaban las enmiendas, el debate... Lo que se plasmaba no era palabra de Dios, sino el inicio”.

Lo que el PP dicte
Recuerdan que, por mucho que sus tesis estén recogidas en el texto, nadie garantiza que se recojan en el documento definitivo. Los ponentes siempre han señalado que del Congreso de junio saldrá “no lo que una persona quiera, sino lo que el partido decida”.

Algunos de sus compañeros de filas creen que, cuando San Gil vio que los suyos no la apoyaban ciegamente, se “topó con la cruda realidad”. Y hay quien piensa que se arrepintió cuando se dio cuenta del revuelo que se había armado por su culpa. Los que la rodean han defendido que ella siempre ha actuado fiel a sus principios y convicciones.

Todos los partidos políticos, excepto el PP, consideran que el acuerdo alcanzado hoy por los ministros de Trabajo de la Unión Europea (UE) para ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales supone un recorte social.


El portavoz de Empleo del Partido Popular, José Ignacio Echániz, acusó al Gobierno de "confundir" a la opinión pública porque la directiva "no es obligatoria" y se ciñe a un problema puntual relacionado con el cómputo de las horas de las guardias médicas. Añadió que España está lejos de las 65 horas semanales porque la ley establece 40 y la realidad es que "se trabaja una media de 37 o 38 horas a la semana".

La diputada de UPyD, Rosa Díez, calificó de "retroceso histórico" la medida y puso su partido a disposición de Gobierno y sindicatos para evitar que salga adelante, mientras que para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se trata de "un escándalo" que niega "la propia historia política y social de la Unión Europea".

El portavoz de asuntos laborales de grupo vasco (EAJ-PNV), Emilio Olabarria, calificó la decisión de "verdadera agresión a los derechos de los trabajadores" y desde el PSOE, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Valenciano, dijo que era "retrógrada" y un "atentado" a los derechos de los trabajadores.

Malos tiempos para la reducción de jornada
A juicio del ex presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo, la decisión refleja que Europa "tiene que ponerse las pilas" y "viene a decir" que los tiempos no están para seguir hablando de reducciones de jornada.

No obstante, para la patronal del sector del metal es "prácticamente imposible" que se pueda alargar la jornada laboral en España porque está regulada por el estatuto de los trabajadores y los convenios colectivos.

Confemetal coincidió con los sindicatos en que una medida así no beneficia en nada a países como España, que debe buscar la competitividad en otros factores distintos del coste salarial y de los precios.

Por su parte, CCOO consideró "intolerable" la directiva y anunció que estudia alterar el contenido de su intervención ante la 97 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del próximo 12 de junio, para denunciarla, en tanto que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, advirtió de que "podemos abocar a una situación de confrontación muy seria".

El Parlamento Europeo puede tumbar la medida

Los ministros de Trabajo de los 27 países de la UE, tras cerca de 12 horas de negociación, lograron sacar adelante la propuesta que ahora deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo (PE) para su entrada en vigor.

La Comisión Europea (CE) mostró su satisfacción por el acuerdo porque "supone un paso adelante para los trabajadores" y refuerza el papel del diálogo social.

Sin embargo, el Gobierno español rechaza la directiva europea, según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien anunció que España trabajará en el Parlamento europeo para revisarla.

España ha sido uno de los grandes opositores de la ampliación de la jornada laboral pero en los últimos meses perdió el apoyo de sus principales aliados en esta negociación, Francia e Italia, con los que había bloqueado en varias ocasiones la reforma.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo ayer, antes de que terminara la reunión con sus colegas de la UE, que Europa sufriría un "retroceso" en su agenda social con esta medida que acerca Europa "más al siglo XIX que al siglo XX".