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La aprobación ayer en el Senado de la reforma del Código Penal supone, a juicio de CCOO, la criminalización del conflicto social, a la vez que ofrece una respuesta cosmética ante la corrupción política y el fraude fiscal generalizado

CCOO ha hecho público un comunicado en el que muestra su radical rechazo a la reforma del Código Penal aprobada ayer en el Senado, porque supone “la criminalización del conflicto social, un nuevo modelo penal que elimina la resocialización de los colectivos más desfavorecidos, y ofrece una respuesta cosmética ante la corrupción política y el fraude fiscal generalizado”.

Se trata de una reforma, denuncia CCOO, que se ha tramitado con precipitación y una ausencia de debate político y social incomprensible. “El rechazo sindical a la aprobación del Código Penal, se basa en varios aspectos de la misma, pero uno de los puntos más preocupantes es el artículo 315, que deja la puerta abierta a la criminalización de la actividad sindical ante hechos triviales o sin repercusión objetiva en la seguridad de personas o bienes. Nosotros seguiremos apoyando a los más de 300 sindicalistas que han sido condenados, procesados o sancionados por ejercer el derecho de huelga, y exigiremos su libertad sin cargo alguno, precisa CCOO.

CCOO advierte que en la reforma, el tratamiento del delito de coacciones para promover la huelga no corrige los graves problemas que presenta la condena injustificada de la actividad sindical. No se regula la conducta, ni se establece ninguna exigencia sobre la gravedad de lo que se ha de entender por “coacción”, y ello nada tiene que ver con la seguridad jurídica, ni con una configuración respetuosa por el Estado del ejercicio de derechos fundamentales.

Tampoco la supresión de las faltas supone un avance en la calidad democrática de nuestra sociedad, denuncia CCOO. “Dejar a la autoridad gubernativa las facultades para sancionar comportamientos que, hasta ahora, están bajo la salvaguardia de los Juzgados y Tribunales, incrementando además la sanción económica y asumiendo nuevas competencias en el control de los derechos de reunión y manifestación, solo sirve para rebajar el derecho a la tutela judicial efectiva, y en aumentar la capacidad del poder político para imponer sanciones”. Igualmente, informa CCOO, se mantiene la discriminación según la condición social ante los delitos contra los recursos públicos, ofreciendo una respuesta cosmética ante la corrupción política y el fraude fiscal, mientras se castiga más severamente, por ejemplo, la obtención indebida de una prestación pública.

Finalmente, CCOO considera intolerable el gesto del Gobierno ante un sector del electorado aprobando la cadena perpetua, “una medida que no es respetuosa con un sistema de derechos humanos que incorpore la resocialización como finalidad del sistema penal, tal y como recoge la Constitución.