Guardo - Palencia

Desde que los ministros de Rajoy, en especial Montoro y Ana Mato, decidieron explicar didácticamente los porqués de la demolición del Estado, entendemos las cosas mucho mejor. He aquí un resumen, claro como el agua, de sus argumentos: Se pone precio a la sanidad para que continúe siendo gratuita y se expulsa de ella a determinados colectivos para que siga siendo universal. Se liquidan las leyes laborales para salvaguardar los derechos de los trabajadores y se penaliza al jubilado y al enfermo para proteger a los colectivos más vulnerables. En cuanto a la educación, ponemos las tasas universitarias por las nubes para defender la igualdad de oportunidades y estimulamos su privatización para que continúe siendo pública. No es todo, ya que al objeto de mantener el orden público amnistiamos a los delincuentes grandes, ofrecemos salidas fiscales a los defraudadores ambiciosos y metemos cuatro años en la cárcel al que rompa una farola. Todo este programa reformador de gran calado no puede ponerse en marcha sin mentir, de modo que mentimos, sí, pero al modo de los novelistas: para que la verdad resplandezca. Dentro de esta lógica implacable, huimos de los periodistas para dar la cara y convocamos ruedas de prensa sin turno de preguntas para responder a todo. Nadie que tenga un poco de buena voluntad pondrá en duda por tanto que hemos autorizado la subida del gas y de la luz a fin de que resulten más baratos y que obedecemos sin rechistar a Merkel para no perder soberanía. A no tardar mucho, quizá dispongamos que los aviones salgan con más retraso para que lleguen puntuales. Convencidos de que el derecho a la información es sagrado en toda democracia que se precie, vamos tomar RTVE al asalto para mantener la pluralidad informativa. A nadie extrañe que para garantizar la libertad, tengamos que suprimir las libertades.

Juan José Millás

Sin comentarios,pues nadie podría explicarlo mejor

Algo muy grave debe estar pasando en España para que este Gobierno que preside Mariano Rajoy esté anunciando una serie de medidas muy graves y duras que aumentan el numero de sus promesas incumplidas (el jueves rectificó su política sobre los presos de ETA y el viernes declaró que subirá el IVA en 2013), mientras la economía española y las empresas se hunden y el paro alcanza la dramática cifra de los 5.640.000 personas sin empleo, más de 1.700.000 hogares en los que nadie tiene trabajo y más del 52 % de los jóvenes sin ninguna actividad.

¿Qué está pasando para estas rectificaciones en cadena, graves y aparentemente improvisadas, al margen del aumento sin control del paro? Pues aunque el Gobierno no lo explica cabe imaginarse lo peor. Por ejemplo, que Rajoy teme que ETA vuelva a atacar, lo que supondría que el terrorismo se añadiría a los ya muy graves problemas de España, ofreciendo la imagen de un país perdido y desarbolado. Porque de lo contrario no se entiende este cambio de posición tan radical –y anunciado por su cuenta por el ministro de Interior- que ha indignado a dirigentes del PP y muchos españoles sin que nadie haya explicado el “por qué ahora” de este vuelco de la política antiterrorista, que parece una concesión a ETA.

Luego está lo de la subida del IVA para 2013, a pesar de todas y cada una de las contundentes declaraciones de Rajoy -¿recuerdan al presidente diciendo que no se le pueden subir “las chuches” a los niños?-, De Guindos, Montoro, Cospedal, Aguirre y muchos más, negando hasta la saciedad la subida del IVA, como antes negaron la del IRPF, o los recortes en Sanidad y Educación, o lo de no facilitar el despido, etc. ¿Por qué ahora lo del IVA para 2013 con tantos meses de antelación y tanto desgaste político? Sólo caben dos explicaciones: un feroz ataque de los mercados está al caer contra España y con ese anuncio el Gobierno quiere insistir en que piensa cumplir el objetivo de déficit del 3 % que estaba previsto para 2013, y que el FMI solo ve posible para 2018 en lo que a España se refiere. A la vez anunciando la subida para el año próximo el Gobierno cree que así se reactivará el consumo este año de 2012 –por ejemplo en compra de pisos o coches, etc-, pero sobre todo revela que el Gobierno considera que se siguen destruyendo empleo y empresas, y que sus planes de recaudación de 2012 para cumplir con el objetivo de déficit de este año del 5,3 % no son creíbles, ni posibles.

Por ello el Gobierno está buscando e improvisando alternativas, a ver que pasa. Entre otras cosas por causa de la ausencia de crédito que impide salvar a las empresas, y por la propia crisis bancaria a la que nadie se atreve a meterle el diente.

Esta avalancha de rectificaciones inexplicadas del Gobierno, que a buen seguro no le gustan nada al Ejecutivo ni a Rajoy pero que las toman porque no tienen otra salida, hacen imaginar una gran tormenta sobre el cielo español que viene de fuera, o provocada desde dentro para amparar, en medio del ruido generalizado, otras rectificaciones (como la posible privatización de en hospitales en y otras empresas públicas de toda España) con el argumento de que es mejor ponerse una vez rojo que ciento amarillo.

Sin embargo también existe la impresión de que a Rajoy el país se le va de las manos como el agua, y de que el momento es extremo. Y en estas circunstancias ¿qué se puede hacer? En España poco mas porque lo esencial, políticas de crecimiento y ayudas financieras a bancos y empresas deben venir de la UE y del BCE, si Merkel da su brazo a torcer, cambiando de plano su demencial ajuste urgente del déficit. Para ello habrá que esperar las elecciones francesas de 6 de mayo, o la cumbre del crecimiento que ha pedido Monti. Y al fondo de todo ello está la crisis del “feroz” sistema financiero internacional, europeo y español, en la que hay que imponer un control implacable porque de lo contrario nunca saldremos de esta dramática situación. ¿Qué está pasando en España?

Sólo lo sabe una parte del Gobierno y Rajoy. Puede incluso que ellos tampoco lo sepan, lo que sería mucho peor. De ETA si sabrán algo pero de eso tampoco quieren hablar ni explicar su cambio de posición.

La Junta de Castilla y León lo niega de manera sistemática, pero la comunidad educativa ha denunciado en reiteradas ocasiones los recortes que el Gobierno autonómico está aplicando en la Educación pública. Recortes que han afectado, por ejemplo, a los llamados Programas de Diversificación Curricular de la ESO, que funcionan desde hace casi dos décadas, cuya eliminación perjudica al alumnado más desfavorecido, privándose a muchos alumnos de 16 años con dificultades generalizadas de aprendizaje de la posibilidad de obtener el título de ESO.

Estos programas están regulados por la orden 1948/2007, donde se establece que deberá comunicarse a los centros educativos la autorización de dichos programas antes del 1 de septiembre. De cara al curso académico 2011-2012, la Junta de Castilla y León lo comunicó el 23 de septiembre de 2011, es decir, una vez iniciadas las clases, con los horarios y grupos de todos los profesores y alumnos ya hechos, con los institutos funcionando normalmente.

Aunque la legislación indica que el número de alumnos por grupo no podrá ser inferior a ocho ni superior a quince, también señala que el número mínimo podrá ser menor, si ello no supone un incremento de necesidades para el centro.

Sin embargo, la Junta de Castilla y León se ha acogido al primer supuesto cuando, según denunció en su día la Junta de Personal, los profesores de los grupos suprimidos pertenecen a la plantilla consolidada de los centros, con lo que siguen trabajando y cobrando, o sea, que la decisión no supone ahorro sino que, además de alterar la vida de los centros, se desaprovechan recursos humanos y se merman las posibilidades de un éxito escolar obtenido por esfuerzo.

La menor de 16 años fallecida en el accidente de un microbús escolar registrado en Villanueva del Aceral (Ávila), estudiaba 3º de Diversificación en el Instituto Adaja de Arévalo (Ávila). De no haberse producido los recortes, tendría que estar estudiando en la localidad que residía, en el Instituto San Juan de la Cruz de Fontiveros (Ávila), uno de los centros que se vio afectado por la supresión del programa.

Por ironías de la vida, se da la circunstancia de que quienes decidieron y ejecutaron la orden de eliminar los programas de diversificación, son los mismos que dieron explicaciones del citado accidente de tráfico, eso sí, sin mencionar este tema y alabando el esfuerzo de la Junta en el transporte escolar. Estas personas eran el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Francisco José Sánchez, y el ahora subdelegado del Gobierno en Ávila (hasta hace unos días director provincial de Educación en Ávila).