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TRABALLO MANTIENE A LA DIRECTORA CONDENADA POR SU "CAUDAL DE ILUSIÓN"

Si lo que pretendía la oposición era cobrarse algún cese por las polémicas que salpican a los altos cargos del nuevo Gobierno, la sesión parlamentaria de ayer demostró que PSdeG y Bloque pinchan en hueso. El líder socialista, Manuel Vázquez, y el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, saludaron ayer al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole la dimisión de la directora general de Traballo, Ana María Díaz López, a quien un juzgado condenó por despido improcedente después de probar que fue ella misma quien echó a una trabajadora empleada sin contrato en un domicilio y una empresa familiar.

Lo reclamaron ambos de pasada, mientras preguntaban al presidente en el Parlamento por su política social. Feijóo no entró al trapo. Ya por la tarde, tres conselleiros distintos despejaron sin demasiados aspavientos "los escándalos" que denunciaban la oposición y demostraron que las dimisiones las venderá caras el Gobierno del PP.

Con su desparpajo habitual, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, defendió a su alta cargo condenada desviando la responsabilidad judicial hacia la familia de Díaz López, al tiempo que eximía a ésta de cualquier culpa tras el pago de la indemnización que fijó el juzgado. Para auxiliar a su colaboradora, Mato esgrimió ayer un razonamiento nuevo: "Sé que es la primera en llegar al trabajo y no voy a renunciar a ese caudal de ilusión". Zanjó así la exigencia del diputado socialista Xosé Tomé Roca, para que la consellería depure responsabilidades. En cada iniciativa parlamentaria, la oposición aludió a los problemas judiciales de Ana María Díaz. Mato ha decidido mantenerla en el cargo y de momento el presidente de la Xunta avala su continuidad.

Tampoco puso inconveniente el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, a las subvenciones de la Axencia Galega de Industrias Culturais cuando el hemiciclo abordó el caso Fasero. Otra interpelación de los socialistas refrescó la cronología de los hechos: la Xunta designa al músico Juan Carlos Fasero director de Agadic el 3 de julio y 20 días más tarde la agencia aprueba su convocatoria de ayudas, que reserva tres partidas (en total 18.000 euros) para la empresa Zouma Producciones del propio Fasero. El 28 de ese mes, el director de Agadic opta por deshacerse de las participaciones en la sociedad.

Con un guión calcado al de su compañera de Traballo, el titular de Cultura también optó por emprender una huida hacia adelante. Condicionó cualquier decisión sobre Fasero a que se pruebe alguna ilegalidad. "Si es así, este departamento depurará responsabilidades con toda firmeza", comprometió. No es previsible que el episodio acabe en los tribunales. De hecho, la oposición se centró en cuestionar la idoneidad de las ayudas, más teniendo en cuenta, vino a decir Concepción Burgo, que en una de las categorías sólo recibieron subvenciones seis empresas además de la de Fasero. Varela, que como presidente de Agadic, firmó esa resolución, adujo que Fasero cumplió con el plazo legal de un mes para deshacerse de la empresa. Aludió de forma confusa a que el registro mercantil cierra en agosto -todos los trámites Fasero los hizo en julio- y evitó valorar el fondo del caso.

A primera hora de la tarde por el hemiciclo había pasado también el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Compareció en lugar del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien la oposición le pidió una rectificación sobre las acusaciones que vertió contra Política Territorial por la autovía del Barbanza en una querella archivada por el juez. El PP en la oposición acusó de prevaricar al Gobierno gallego. El máximo responsable de justicia del Gobierno obvió la resolución del juez - que concluyó que "no existe el menor indicio de delito"- y se centró en la exposición de hechos, que califica como "sorprendente y chocante" la adjudicación de la infraestructura.

Gondomar fue la última piedra para Rueda, quien expresó su "respeto a la autonomía local" ante la moción de censura por la que el PP recuperó el gobierno con el apoyo de tránsfugas del PSdeG y un independiente. Rueda recordó que la moción es legal y obvió el pacto antitransfugismo.


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