Larraga - Navarra

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a la carga. En su larga historia de 68 años el FMI ha puesto reiteradamente de relieve que no abandona con facilidad a sus víctimas si éstas se muestran incapaces de responder ante sus atropellos. hasta dónde son capaces de llegar estos tiburones internacionales del gran capital. Y en España lo han encontrado muy fácil.

A principios de esta semana los inspectores del FMI llegaron a España con la misión no solo de hacer un diagnóstico de cuál es el estado de su economía, sino también portando bajo el brazo un paquete de órdenes e instrucciones acerca de qué es lo que hay que hacer a partir de ahora.

El equipo de gauleiters - término teutón con el que Adolf Hitler denominaba a sus gobernadores en los diferentes países europeos durante la II Guerra Mundial -manifestaron en nombre del FMI estar contentos con "la labor reformista" que hasta ahora ejecuta el gobierno ultraconservador español. No obstante, no es suficiente, hay que "ir a más", apretar el acelerador...

Desbarataron, sin embargo, la campaña iniciada desde hace unas semanas por el gabinete de Rajoy con la que el presidente ha pretendido embellecer las expectativas económicas para el próximo año. Durante el último mes el jefe del gabinete ultraconservador ha estado machacando a quien ha querido escucharlo con la parabólica imagen de la lucecita tenue que ya asoma en el negro túnel de la crisis económica española. En un pis-pas los representantes del FMI tumbaron de un manotazo el castillo de naipes montado por el Sr Rajoy, anunciando en su informe que las perspectivas para España continúan siendo muy "difíciles". Los de la Institución ni tan siquiera tuvieron el tacto de respetar las patrañas con las que su agente en el Estado español está tratando de sosegar la ira de la ciudadanía. Y es que, ya se sabe, Roma ha solido tratar siempre con desdén incluso a los traidores que le prestan sus servicios en el mundo.

BAJAR SALARIOS, FACILITAR DESPIDOS, JUECES AL SERVICIO DE LOS PLANES DEL FMI

James Daniel, que así se llama el jefe de la misión del FMI en España, declaró en su conferencia de prensa que para abrir expectativas en la economía española es preciso proceder a la "rebaja salarial". El funcionario del Fondo Monetario dijo que los sueldos no han variado mucho desde antes de la crisis. Y eso no puede seguir así.

Para ello, propone el representante de la institución que maneja las finanzas mundiales, los costes del despido deben igualarse a los de la media de la Unión Europea e ir hacia un contrato único. Por otra parte, el funcionario reclama también que hay que se impida a los jueces disponer de un "tan amplio margen de interpretación legal", a la hora de decidir si un despido es procedente o no.

IR "MAS ALLÁ". QUE LOS SINDICATOS TERMINEN DE PASAR POR EL ARO

El FMI hace constar ese informe que en opinión de esa institución los sueldos tienen que seguir bajando en España. Para ello propone “un compromiso entre empresarios y sindicatos", a partir del cual los últimos acepten una "significativa" moderación salarial, que se combinaría con incentivos fiscales a través de reducciones inmediatas en las cotizaciones a la seguridad social para los patrones. Hay que ir "más allá", dice el FMI, procediendo a una "reforma estructural del mercado laboral" y bajando las cotizaciones a la seguridad social.

La representación del FMI insistió, igualmente, en la perentoria necesidad de realizar "reformas profundas" en la negociación colectiva. Mientras tanto -dicen- hay que fortalecer las "herramientas" actualmente disponibles, simplificando los procedimientos que permitan el descuelgue.

"La reforma laboral debe continuar", es la instrucción taxativa que el jefe de la misión del FMI para España, James Daniel, da al gobierno de Rajoy. En román paladino, las grandes multinacionales advierten que para invertir en España se hace preciso disponer un mercado laboral integrado por millones de trabajadores con bajos salarios. Sólo así se podrán recobrar puestos de trabajo. En definitiva, lo que el FMI está demandando es crear áreas en la Europa meridional que permitan a las grandes multinacionales la deslocalización de sus inversiones.

Sería falso decir que con este paquete de instrucciones de FMI se ha perdido la soberanía nacional. Si alguna vez la tuvimos, la soberanía nacional se perdió hace muchos años. Solo que ahora algunos que no lo creían tienen en sus manos todos los datos para poderlo constatar.

La respuesta no es la que cualquier persona sensata podría imaginar. No se trata de averiguar el objetivo social que se pretende cumplir con la reforma instada desde el FMI; lo que planteamos son las dudas respecto a la utilidad de la reforma en sí. Ello no proviene de que la reforma no sea precisa, sino de que, aun gozando de la máxima justificación, algún órgano o institución pondrá todo su empeño en convertir en estéril la mejor de las reformas.

Es evidente que cualquier norma o disposición está impregnada de una motivación, que tiene en cuenta el legislador para, interpretando la necesidad social, conformar el precepto, bien punitivo, para castigar conductas delictivas, bien simplemente regulatorio, para ordenar las relaciones entre la administración y el administrado o entre los propios administrados.

A partir de ahí, serán los jueces los que, conociendo su espíritu y su letra, apliquen los preceptos sin consideración a personas ni a intereses específicos. No es misión del juzgador determinar si la promulgación de la norma fue acertada o desacertada, menos aún si el precepto es conveniente o deja de serlo. Su misión es juzgar el hecho acaecido y aplicar el patrón que establece la norma, considerando su espíritu para una más correcta interpretación de la misma.

Ante la información difundida de ciertas sentencia y resoluciones, parece poderse afirmar que el juzgador va un poco más lejos de su estricta función. Diríamos que se inclina, bien por juzgar la procedencia de la norma en sí, bien por contravenirla, en aras de la protección sui generis de un mejor derecho.

Así, hemos visto la denegación de expedientes de regulación de empleo cuando la inviabilidad económica de la empresa era más que evidente; o que se ha dejado en libertad a un condenado porque el juez competente –el de Vigilancia Penitenciaria–comprobó que estaba en fase terminal quien para nada lo estaba.

¿Cuál es realmente el problema? No puedo suponer que sea un acto de soberbia, y menos de prevaricación. Lo atribuyo a la difícil consideración de dos planos en conflicto: el del deber ser, al que están acostumbrados los juristas, y el del ser, al que pertenece el mundo de los hechos económicos, científicos, etc. Cuando las cosas son (la quiebra), no cabe el juicio de que no deberían ser. Los hechos económicos, como ocurre con los de la física, corresponden al ser, no al deber ser. La ley de la gravedad seguirá vigente aunque el poder legislativo, el judicial o el ejecutivo decidan lo contrario.

Por ello, ¿para qué necesitamos otra reforma laboral? ¿Por qué no hacemos cada uno lo que se supone que tenemos que hacer, y no más? Seguro que todo iba mejor.