Moratalla - Murcia

Visto para sentencia. Y entonces el pequeño ruiseñor de las cumbres, ayer afónico, agarró con gesto firme un puñado de folios y se dispuso a hacer uso de su derecho de defensa. Cualquier abogado en el trance judicial suele advertir a su defendido que prescinda del derecho a la última palabra por mucho que le tiente su orgullo herido o grandes hayan sido las ofensas en su contra proferidas. El justiciable suele repetir los argumentos utilizados por su defensa o, lo que es peor, corregirlos, de ahí el dicho del foro de que “abogado –o juez instructor- que se defiende a sí mismo, tiene un tonto por cliente”, porque no hay peor defensor de uno mismo que uno mismo. Pero el garçon de esta chanson es demasiado Garzón para dejar escapar la mayor oportunidad que vieron los siglos de agrandar su fama allende los mares, de modo que púsose en pie, quitose la toga, enfundose la chaqueta y se dispuso a cantar.

Y viendo uno de los magistrados el taco de folios con que amenazaba con obsequiar a los magistrados del Supremo que le juzgan, uno de ellos se apresuró a escribir un post al presidente, Joaquín Jiménez, un suponer alarmado. La advertencia surtió efecto, porque cuando el Campeador se adentraba en algo parecido a un proceloso informe jurídico con el que pretendía replicar a los informes de la acusación, Jiménez lo llamó al orden: “¡Le doy un minuto más y se acabó…!”

Garzón acabó retratándose de cuerpo entero. Y es que lo que se ha juzgado en esta vista es la vulneración por un juez instructor de una garantía esencial en todo Estado de Derecho como es el derecho de defensa, y no hay razón alguna, incluso razón de Estado, que en una democracia justifique la vulneración de ese principio, la violación de la confidencialidad que debe presidir las comunicaciones de un letrado con su defendido, porque ese derecho es piedra angular sobre la que se asientan en cascada todo una serie de garantías, tal que el derecho a no declarar contra uno mismo, la presunción de inocencia, la obligación de un abogado de no revelar las confidencias de su cliente, etc., etc.

Pues bien, nuestro Campeador tuvo ayer el cuajo de afirmar, auténtico leit motiv de su perorata, que “yo no obedezco a más [razón de Estado] que a la razón democrática”, lo que equivale a afirmar que si me jalea la calle [ayer por la tarde había en el teatro de los hechos muchos periodistas y cuatro amas de casa), y me defienden los medios afectos a la izquierda progre, entonces yo puedo ponerme el Estado de Derecho por montera y me puedo saltar la Ley, porque estoy por encima de la Ley. No cabe mejor definición de la psique del personaje.

Ver y oír a Garzón apelando a “la razón democrática” por encima de la Ley, a secas, como es propio de todo Estado de Derecho, es constatar el desbarajuste, la diarrea mental que aqueja al sistema de valores de un personaje perdido en los vericuetos de los “mil Garzones” que en su vida han sido; la paranoia del tipo convencido de la imparable realidad de la ficción en que vive desde hace tiempo, y la falta de respeto a la legalidad de quien se cree por encima del bien y del mal. La Ley es, para él, el vehículo ideal para el medro personal y, desde luego, el instrumento, el disfraz idóneo para engañar incautos, mayormente de la izquierda boba, porque la izquierda lista de los Cebrianes y demás familia tienen a querido Emilio demasiado bien calado y catalogado.

Garzón y la corrupción periodística

Ha eso se han dedicado estos días los Cebrianes y sus terminales mediáticas, a manipular descaradamente el caso que se juzga en el Supremo, en uno de los más escandalosos episodios de corrupción periodista que recuerdan los tiempos recientes. Nada nuevo bajo el sol de Prisa. Por ejemplo, a la hora de informar sobre la declaración del testigo policía: “yo le prevenía”, vino a decir el buen hombre, “que eso no se podía hacer, pero él replicaba que a ver si le iba yo a dar clases y que ya se encargaría él de que esas grabaciones no se utilizaran…”

Tras la tinta de calamar con la que tan groseramente la izquierda ha pretendido enfangar el terreno, la sensación dominante ayer en el mundo judicial serio, no sectario, era la de que estamos ante un caso cuyo fondo está muy claro: la vulneración de uno de los principios básicos de todo Estado de Derecho. “Es el Garzón de siempre, el de que el fin justifica los medios”, aseguraba ayer un magistrado madrileño a un servidor, “capaz en su atrevimiento de quedarse asuntos que no eran de su competencia, de instruirlos casi todos mal, de saltarse las garantías procesales, etcétera. Entre todos construimos durante años un monstruo que ha terminado por escapársenos de las manos. Hasta ahora, nadie se había atrevido con él. Pero de repente se ha encontrado con un grupo de abogados que le han visto débil y han decidido ir a por él, se han atrevido a denunciarlo, porque nadie puede pretender caminar de por vida en el filo de la navaja de la ilegalidad”.

Ayer, Baltasar Garzón Real, con su patético -casi de vergüenza ajena- alegato final, contribuyó a cavar un poco más su propia tumba. Sigo opinando que este pintoresco personaje, este consumado caradura capaz de todos los excesos, representa como pocos desde hace tiempo la postración en que malvive nuestra Justicia y su descrédito ante la opinión pública. A nivel personal, me importa un bledo su absolución o su condena. Lo único importante, lo trascendente incluso a nivel colectivo, es su apartamiento de la carrera judicial. Porque solo con la desaparición de la escena judicial de personajes de este tipo será posible pensar en la regeneración democrática de nuestra doliente Justicia.

Jesús Cacho. Vozpópuli