Moratalla - Murcia

- ¿Qué investiga la operación?

La Operación Púnica se dirige contra una trama de corrupción organizada que operaba en varios niveles de la Administración —Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas— principalmente en las regiones de Madrid, Murcia, León y Valencia. Empresarios de sociedades constructoras, de obras y de servicios energéticos lograban irregularmente adjudicaciones de contratos y servicios públicos mediante sobornos a concejales y funcionarios, quienes utilizaban las comisiones recibidas para su lucro personal. Los empresarios se valían también de intermediarios y operaban con sociedades instrumentales. Mediante esta fórmula fraudulenta han logrado, solo en los dos últimos años, contratos públicos por valor de 250 millones de euros.

- ¿Cómo funcionaba la trama?

Una vez logrados los contratos públicos de forma fraudulenta mediante sobornos y comisiones ilegales, la organización blanqueaba los beneficios a través de un complejo entramado societario. Todas esas empresas les servían también para conseguir los servicios y contratos, vulnerando el principio de libre concurrencia en las licitaciones públicas, según el cual los procesos de contratación deben incluir regulaciones que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. Los implicados en la trama modificaban los pliegos de contratos con los políticos y con los técnicos municipales.

Que sinvergüenzas!!

Pos anda que el coloretes, que aparece como la persona de contacto en multitud de contratos de las vias verdes, estará con el culo apretao.
teniendo en cuenta que lo pusieron a dedo, como alguno se valla de la boca va atener que hacer más kilómetros que la vía verde pa esfumarse

La operación Púnica de la Guardia Civil ha pillado a Cofely, la multinacional francesa sobre la que gira la mayor parte de este nuevo caso de corrupción, a punto de pegar otro pelotazo millonario. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado han actuado antes de que el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) completara los trámites legales para adjudicarle a esta filial de GDF Suez un contrato por valor de 20,2 millones de euros más IVA para el suministro de luz y el mantenimiento del alumbrado municipal durante los próximos 15 años.

El procedimiento de adjudicación de este contrato, que estaba a punto de concluir, va a permitir a los investigadores profundizar en los mecanismos que había desarrollado la trama para detraer fondos públicos. El consistorio de Almendralejo, gobernado por el Partido Popular, inició el concurso en julio y ya se habían abierto los sobres de la parte técnica del proceso. En los próximos días iba a reunirse de nuevo la mesa de contratación para desvelar las ofertas económicas. Sólo optaban a la licitación dos compañías, Cofely e Imes-Api, pero esta última apenas presentó información. Es decir, la firma gala tenía vía libre para llevarse el contrato.

Los mismos pliegos de Móstoles

Cofely habría tenido más ayuda. El PSOE denunció el concurso por la vía contencioso-administrativa el pasado mes de septiembre ante la acumulación de irregularidades. “Se notaba claramente que el pliego de condiciones había sido copiado de otros ayuntamientos”, explica Piedad Álvarez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almedralejo. “Los pliegos exigían, por ejemplo, la realización de una auditoría que en esta localidad ya se había realizado. Parte de las condiciones de los pliegos habían sido directamente cogidas del concurso que había puesto en marcha sólo unos meses antes el Ayuntamiento de Móstoles para el suministro de energía”.


Vídeo: Los detenidos en la Operación Púnica manejaron 250 millones



El consistorio de Móstoles es precisamente otro de los investigados. El pasado mes de mayo otorgó a Cofely un contrato de 73 millones de euros. Al menos otras cinco ciudades de la Comunidad de Madrid habrían favorecido también a esta firma del gigante GDF Suez con la excusa del ahorro energético en instalaciones municipales.

Bombillas encendidas 36 horas

El concurso de Almendralejo era menor de cuantía que el de Móstoles pero, según el PSOE local, se inflaron las cifras de la adjudicación para que resultara más lucrativo. “El contrato contemplaba un aumento medio del consumo de luz del 30% con respecto a los datos que arrojó la última auditoría que se realizó”, denuncia Álvarez. “Para que salieran las cifras del concurso, las bombillas habrían tenido que estar encendidas 36 horas al día. Vamos, que era imposible”.

Vehículo de Cofely en el Ayuntamiento de Almendralejo (E.C.)Vehículo de Cofely en el Ayuntamiento de Almendralejo (E.C.)


Otras casualidades también contribuyeron a extender las sospechas por todo el municipio. A los vecinos les sorprendió que hubiera vehículos de Cofely aparcados frente al Ayuntamiento en pleno proceso de adjudicación, teniendo en cuenta que esta compañía no tiene ningún otro vínculo con la localidad. Además, en el vecino de pueblo de Aceuchal también se presentaron a un concurso similar las mismas empresas, Cofely e Imes-Api.

Origen en la privatización

La licitación del suministro de luz a Cofely habría sido en realidad la última parte del plan. Para poder dar ese paso, el Ayuntamiento de Almendralejo tuvo antes que privatizar el suministro y mantenimiento de la red eléctrica municipal, el mismo proceso que habrían completado el resto de consistorios señalados por la investigación para poder hacer negocio luego con un servicio tan básico como el alumbrado público. Cofely se encargaba de convertir las privatizaciones en un negocio para los políticos que las habían impulsado. “En nuestro municipio –apunta la portavoz del Partido Socialista– ese trabajo de mantenimiento lo hacían hasta ahora ocho funcionarios del Ayuntamiento a los que habrá que seguir pagando”.

Al menos por ahora, esos trabajadores deberán seguir desarrollando esa misma labor. La Audiencia Nacional ha paralizado el concurso de Almendralejo. Los agentes del nuevo Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO se incautaron este martes de toda la documentación relacionada con ese expediente.

Los imputados comenzaron a prestar declaración este martes. Este miércoles está previsto el interrogatorio de los pesos pesados de la trama, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Confidencial. En concreto, se tomará declaración al exnúmero tres de Esperanza Aguirre y exconsejero madrileño de Presidencia Francisco Granados y al empresario de la construcción David Marjaliza. Asimismo, también será hoy el turno de los cuatro altos directivos de Cofely detenidos en el marco de esta operación. Se trata de del director general de la firma en España, Maurice Didie, el jefe comercial de la compañía, Constantino Álvarez; el director de Mercado Público, Pedro García Pérez; y el directivo José Antonio Hernández Pérez.