Moratalla - Murcia

La sucesión de Ramón Luis Valcárcel, prevista para este mes, se encuentra en una encrucijada, ya que el PP debe decidir si asume el riesgo de poner al frente de la Comunidad a un encausado.

La justicia ha cortado, al menos provisionalmente, la carrera de Pedro Antonio Sánchez hacia la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El auto notificado este lunes por el TSJ, en el que se mantiene la imputación por cohecho contra el consejero de Educación, Universidades y Empleo significa que el Alto Tribunal devuelve la investigación de la causa al ponente, el magistrado Julián Pérez Templado, para que éste inicie ahora desde el principio la investigación de los supuestos delictivos por los que fue denunciado aquél. Esta investigación será necesariamente larga en el tiempo porque requerirá tomas de declaraciones (entre otras, la del propio consejero) y la elaboración de otras pesquisas porr el magistrado, que dificilmente concluirán antes de que transcurran varios meses.

El PP confiaba en una resolución distinta (el archivo de esta causa) para poner en marcha en los próximos días el mecanismo de sucesión de Valcárcel al frente de la Comunidad Autónoma. Marzo es el mes en el que Valcárcel debe dimitir como presidente para formalizar su candidatuira al Parlamento Europeo, por lo que, cuando esto suceda, el partido tendrá que haber designado al futuro jefe del Gobierno autónomo.

SEÑORES Y SEÑORAS, EL FUTURIBLE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE MURCIA POR EL PP, UN ENCAUSADO POR COHECHO INVESTIGADO POR LA JUSTICIA.

https://ww.laverdad.es/murcia/20140303/local/region/sobresimiento-pedroantonio-sanchez-201403030954.html

Definición de cohecho: delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos.

"El TSJ de la Región de Murcia ha decidido mantener, así, la imputación por un supuesto delito de cohecho al consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez. Así lo establece en un auto notificado este lunes en el que estima el recurso de apelación presentado por el Ministerio Fiscal y la Acusación Popular respecto a la investigación sus cuentas corrientes en relación a la adquisición de un dúplex por parte del entonces primer edil de Puerto Lumbreras, a quien se atribuía no haber abonado parte del precio -unos 30.000 euros- al constructor."