Moratalla - Murcia

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El 2 de marzo de 1974, hace ahora 40 años, un médico militar certificaba la muerte en la cárcel Modelo de Barcelona de Salvador Puig Antich “por parada cardiorespiratoria por garrote”. Tenía 25 años. Su figura ha sido popularizada por el cine, pero las circunstancias de su caso siguen envueltas en una espesa niebla. El caso fue decretado “materia informativa reservada” y así sigue.La solicitud de revisión del proceso contra Puig Antich ha sido denegada dos veces, pero el caso sigue abierto en Argentina — en manos de la juez María Servini de Cubría, que recibió la querella por genocidio de las víctimas del franquismo iniciada por Baltasar Garzón— La prohibición de acceder a la documentación policial custodiada por el Ministerio del Interior continúa vigente. Esta imposibilidad de acceder a los documentos oficiales, ha mantenido vivos una serie de tópicos que ocultan la dimensión de una ejecución que marcó la hoja de ruta del final de la dictadura, incapaz ya de mantenerse sin el uso de la fuerza.

El proceso, desarrollado entre septiembre de 1973 y marzo de 1974, fue mucho más que una simple venganza por la muerte del presidente del Gobierno Carrero Blanco. Se cruzó con la primera crisis del Gobierno de su sucesor, Arias Navarro, abierta por la decisión de endurecer a toda costa la política represiva y terminar con cualquier experimento reformista.

Arias, que había sido director general de Seguridad y ministro de Interior, fue el elegido por Franco para ello. Al contrario de lo que se suele asegurar, Arias no se planteó ni siquiera la posibilidad del indulto a Puig Antich, asunto al que apenas dedicó tiempo. Sus planes no pasaban por contrariar la sentencia de un tribunal militar, y mucho menos la de un asesino de un policía de la Brigada Político Social. La correspondencia del Gobierno Civil de Barcelona, y, sobre todo, dos documentos inéditos, los informes de 28 de febrero y de 29 de marzo de 1974 de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, así lo demuestran.

La causa judicial estaba prácticamente terminada antes de la muerte de Carrero. A finales de noviembre de 1973, el fiscal militar emitió sus conclusiones provisionales en las que pedía ya la pena capital. El atentado del 20 de diciembre aceleró su tramitación, pero no alteró el rumbo. Fueron declarados hábiles los días de Navidad y, el 31 de diciembre, mientras Arias Navarro era recibido en El Pardo con honores, el fiscal reiteraba su petición de pena de muerte para Puig Antich.

El Gobernador Civil de Barcelona, Tomás Pelayo Ros, intentó mediar antes de que la sentencia se hiciera definitiva en el consejo de guerra fijado para el 8 de enero. Escribió una carta el 1 de enero al nuevo ministro de Interior haciendo dos observaciones sobre el proceso. “La primera es la duda existente sobre si Puig Antich tiene un perfecto conocimiento de los hechos realizados o se encuentra afectado por algún trastorno mental. La segunda, si los disparos que recibió el cuerpo del policía señor Anguas procedían todos ellos del arma empuñada por Puig Antich, puesto que no está suficientemente demostrado cuántas veces disparó”. La respuesta fue esta breve nota manuscrita: “Al subsecretario de despacho para que me hable y prepare contestación evasiva”. El Ejército tenía luz verde.

El 8 de enero, Puig Antich era condenado a muerte por un tribunal en el que el mismo capitán general de Cataluña había pedido la presencia de “capitanes jóvenes resolutivos”. La sentencia fue ratificada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, un día antes del discurso de toma de posesión de Arias Navarro ante las Cortes, el conocido como Espíritu del 12 de febrero.

El Gobierno no tenía dudas, solo calculó el momento para solapar la presión interior y exterior con una clara intencionalidad política: desacreditar a los reformistas, aplacar a la extrema derecha y congraciarse con el Ejército y la Policía. Así lo explicaba el embajador norteamericano, Horacio Rivero, al secretario de Estado Henry Kissinger: “El interés del Gobierno en el orden público y su sensibilidad a las presiones de la extrema derecha, explica la decisión de ejecutar al anarquista catalán Puig Antich. Para tomar esta decisión, el Gobierno se ha mostrado públicamente del lado de la ley y el orden antes que de la moderación de los países extranjeros y los grupos liberales españoles”.

“En la clase política española”, según Rivero, “prevalecía el sentimiento favorable a la ejecución, pero era un asunto delicado que podía írsele de las manos al Gobierno. Además de empeorar la mala imagen ante Europa y bloquear el ingreso en el Mercado Común, una política favorable a la pena de muerte produciría una división con los aperturistas, incluida parte de la Iglesia”. No se equivocó. El 24 de febrero estallaba la crisis: el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, era acusado de alentar el separatismo en sus homilías. Arias pidió al secretario de Exteriores que convocara al nuncio apostólico el 1 de marzo.

Esa misma tarde estaba convocado un consejo de ministros para aprobar la ejecución. A Puig Antich le quedaban exactamente 12 horas de vida. El jefe de Policía de Bilbao comunicó al obispo que debía abandonar el país. El cardenal Tarancón informó al Gobierno de que esas amenazas podían ser sancionadas con la excomunión, forzando la implicación del propio Franco en el asunto Añoveros, pero no intervino en el de Puig Antich, como a veces se ha dicho.

La decisión de no conmutar la pena de muerte estaba tomada bastante tiempo atrás. El 28 de febrero, Rivero informó sobre su encuentro del día anterior con el secretario general de Iberia, Carlos Viniegra, quien le habría asegurado que la decisión del Gobierno de ejecutar a Puig Antich se habría tomado “hace semanas, pero no se haría pública hasta el regreso del viaje de los Príncipes”, que se encontraban de gira oficial por Filipinas, India y Arabia Saudí. Los príncipes habían regresado a Madrid el 27 de febrero y la crisis debía resolverse de manera inmediata de orden del propio Arias, que quería evitar a toda costa los problemas provocados tras los indultos del proceso de Burgos a varios miembros de ETA.

Las verdaderas razones de la ejecución de Puig Antich, por tanto, estaban radicadas en el malestar anterior a la muerte de Carrero. Así lo señaló el embajador Rivero en un documento crucial fechado el 29 de marzo: “Todo indica que al optar por una ejecución rápida, el Gobierno quería evitar a toda costa la lección del proceso de Burgos de 1970, donde las dudas y las vacilaciones finales que llevaron al indulto preocuparon muy seriamente a los militares, la policía y a sus aliados más conservadores, que lo vieron como una prueba de debilidad convertida en una victoria por los agitadores de dentro y fuera de España”. El tiempo de las conmutaciones y los indultos había pasado, como quedó demostrado poco después.

Fragmento del libro 'Puig Antich: la transición inacabada (1973-2013)', de próxima aparición, de Gutmaro Gómez Bravo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense.

“El que ordenó ejecutar a Salvador fue el suegro del ministro de justicia de Rajoy”




Salvador Puig Antich militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) junto a otros jóvenes anarquistas como Santi Soler y Xavier Garriga, y en septiembre de 1973 participó de un tiroteo en el que se enfrentó con un grupo franquista que lo venía siguiendo. Luego de su detención, fue acusado supuestamente por haber matado al subinspector Francisco Anguas Barragán, sin pruebas, con testimonios falsos y en un juicio sumarísimo armado por los criminales. Lo detuvieron varios meses en la Cárcel Modelo de Barcelona, e inmediatamente después de un atentado de la ETA contra un funcionario del régimen, Franco eligió a Salvador para vengarse. Utrera Molina, uno de los hombres de confianza del dictador y suegro de Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia de Mariano Rajoy, estampó su firma en la orden de ejecución de Antich, para que un verdugo ajustara su cuello con un collar de hierro hasta destrozarle la garganta.

Hasta la noche de la muerte, nadie reclamó por la vida del militante. Ni siquiera el socialismo, al que le preocupaba bastante poco lo que pasara con un anarquista que, sin disparar un solo tiro, asaltaba bancos para repartir el dinero en fondos de trabajadores en huelga contra la política económica de los genocidas.
“Ni la justicia ni el gobierno español quieren discutir cuestiones que hagan referencia a la época franquista y a la memoria -dice Merçona-, siempre hablan de olvidar y tirar para adelante. Pero no se puede avanzar con el olvido, porque lo único que queda es dolor e impunidad”.
- Cuando el franquismo detiene a Salvador, vos tenías 13 años. ¿Recordás todo?
- Sí, porque estuve cerca suyo en todo momento, menos la noche de la ejecución. Me agarró un enojo enorme con él durante un tiempo, por no haberme dejado acompañarlo. Aunque con el tiempo, lo entendí, Salvador no quiso que algo tan terrible como lo que le hicieron fuera visto por una niña. La familia entera estuvo cerca: mi hermano mayor, médico, y mis otras tres hermanas, Carmen, Inmaculada y Montse. Eran épocas difíciles de resistencia, y entraba y salía de casa por su trabajo militante. Durante un año cumplió el servicio militar obligatorio, y al regresar, nos dijo que viviría solo, pero que no podía darnos otra información.
- ¿Seguían manteniendo contacto?
- En todo momento, pero se cuidaba. Al entrar al MIL se convirtió en un “señor”, pelo corto, traje, ya no era aquel hiposo de los setenta (se ríe). Venía a buscarme al colegio, y lo empezaron a apodar “el mecha”, de la época del Servicio, cuando se hizo pasar por médico dando algunas inyecciones a los soldados, para que no lo metieran a hacer trabajos más pesados. Lo interesante de ese movimiento es que el MIL no practicaba la violencia, sólo atracaba bancos, y repartía el dinero a los obreros en huelga, o lo destinaba a imprimir revistas y folletos que resistían a la dictadura.
- ¿Cómo lo detienen?
- El 25 de septiembre de 1973 fue a una cita en Gerona 70, una calle de Barcelona, a la que Salvador ni siquiera le correspondía presentarse. Lo hizo para apoyar a un compañero, y los estaban esperando porque el dato se filtró en la policía un día antes. Después de agarrarlos, los molieron a golpes, los metieron en una portería y Salvador terminó con la cabeza llena de culatazos. Para distraerlos, Salvador disparó al aire, y la Guardia Civil inventó que el disparo había matado a un policía del grupo.
- ¿En ese momento?
- Al policía lo trasladaron a un hospital, y murió en el camino. Los médicos vieron el cuerpo, se dieron cuenta que estaba cosido a balazos, y cuando quisieron revisarlo, los otros guardias se lo llevaron para hacer la autopsia en una comisaría, algo totalmente irregular. Dijeron que era una cuestión de ellos, y que “de armas sabemos mucho”. El informe forense tiene dos tipos distintos de máquina de escribir, como si hubieran agregado cosas en el medio. Para la oficialidad, Salvador lo había acribillado a bocajarro. Mi hermano llegó al hospital atontado, tenía un balazo en el hombro y otro en la cara, que le destrozó la mandíbula y no le permitía hablar. Pero sin embargo, ahí mismo en la habitación, dibujaron sus “declaraciones” en un testimonio también falso.
- Pasan varios meses desde esa detención y el momento en que lo ejecutan. ¿Por qué?
- Bueno, nosotros tenemos una teoría. Lo visitábamos en la Cárcel Modelo, hablábamos del régimen, le contábamos cosas de sus compañeros, pero hubo un hecho que cambió todo. El 20 de diciembre de 1973, la ETA mató al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y desde ahí, nada fue igual. El 8 de enero del 74, la dictadura armó un juicio contra Salvador para formalizar la acusación del policía, el 11 comunican la sentencia de ejecución, el 14 de febrero la ratifican, y el 2 de marzo lo asesinan. Fue todo rapidísimo, se ensañaron con él. Recuerdo que le dije: “La ETA se cargó a Carrero Blanco”. Y él me contestó: “Pues la ETA me acaba de cargar a mí, porque se van a vengar de alguna manera”. Y fue así, tenía todo muy claro.
- ¿Cómo eran los días en la cárcel, y qué pasó una vez que conocieron de la condena?
- Nadie movió un dedo, ni dirigentes, ni partidos políticos, ni representantes de otros sectores. Hablábamos de la familia y de que saldría pronto. Siempre en castellano, porque estaba prohibido el catalán. Pero los días en que conocimos la sentencia, y su ratificación, fueron terribles. Además, el régimen nunca dijo cómo lo matarían, creo que por miedo a que la comunidad internacional reaccionara. En España hacía mucho tiempo que no se condenada a un preso a muerte, y menos con ese método. El trato de la dictadura fue frío, denigrante. Cuando confirmaron la orden, nos avisaron que estuviéramos atentos los días viernes, porque eran las jornadas en que se reunía el Consejo de Ministros, y ellos podían dar detalles de la condena. Hasta que llegó el primero de marzo, y nos dijeron que al día siguiente, Salvador estaría muerto. Antes, se dignaron a que aprovecháramos nuestras doce horas.

- ¿Qué doce horas?
- Previo a una ejecución, por lo menos en esa época en España, la familia tenía doce horas para compartir con el acusado. Ahí fue cuando Salvador no quiso que yo estuviera, creo que sabía que no aguantaría el momento. Mis hermanas y él miraron fotos, contaron chistes, hicieron bromas y recordaron cuando eran chicos. En el medio, se trataba de revertir la situación. Nos enteramos que el médico de Franco intentó convencerlo para que se anulara la orden, pero desde el gobierno le dijeron que el dictador estaba durmiendo, y nadie podía molestarlo.
- No imagino qué se puede hablar con un hermano menor condenado a muerte, horas previas al momento. Es inimaginable el momento mismo.
- Haces bien, esas cosas no se pueden imaginar. Con una entereza enorme, mis hermanas le decían que estaba todo bien: “No te harán nada, mira, ¿no ves que te dan de comer y te han curao?”. Pero en los pasillos, cuando Salvador no estaba, los guardias se burlaban: “¿Tienen nicho?, porque aquí no hay lugar para enterrarlos a estos”. Eran bestias, y eso se comprobó cuando eligieron el garrote vil para la muerte. Para colmo, nos enteramos que el verdugo encargado hizo mal su trabajo, Salvador sufrió más de lo que debería haber soportado. Lo hicieron en un lugar pequeño, todos bien vestidos, bien bonitos, y sin testigos. Una asquerosidad.
- ¿La indiferencia general se mantuvo después?
- No, ahí, la gente salió a la calle, y se indignó. Pero no pudimos acusar a nadie, porque no encontrábamos abogados que se atrevieran a representarnos. Varios años después presentamos el caso en el Tribunal de Estrasburgo, pero sus integrantes se excusaron: España no formaba parte de los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos. Tampoco tuvimos suerte en los foros españoles, hasta que por casualidad, gracias a compañeros madrileños, nos enteramos de la existencia de la querella argentina, como la llamamos nosotros. Y sumamos el caso de Salvador a esta querella. Así estamos hoy, con lo que hemos entregado a la jueza Servini.
- ¿Qué tipo de material?
- Documentos, estudios de balística, datos de archivo, fotos, testimonios de los médicos que presenciaron todo, a los que pudimos recurrir después de muchos años. Pero además de varias declaraciones, Servini recibió una prueba infográfica de aquel tiroteo por el cual a Salvador se lo acusa de algo que no hizo, y que es el principio de toda la historia armada después. El estudio demuestra la posición de mi hermano, el lugar donde estaban los policías que lo detuvieron, y hasta la orientación de los disparos. La justicia argentina ha demostrado mucha predisposición, mi familia está esperanzada en esta investigación, y en que se encontrarán culpables. Comenzando por Utrera Molina, que es el que ordenó la ejecución de Salvador en aquel momento. «
El garrote vil
Se trató de un método de ejecución vigente en España desde 1820, y abolido definitivamente en 1978. Consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo unido a una manija, que al girarla, producía el corrimiento del collar y la rotura del cuello del condenado.
El método se originó en la República Romana, también fue utilizado durante la Edad Media y por los conquistadores españoles en América.
Algunos reyes europeos lo eligieron en reemplazo de la horca, que producía finales más lentos. La presión y el movimiento del verdugo de garrote vil, generalmente, ocasionaba muertes instantáneas.

Buscan que se dicte su detención internacional
José Utrera Molina está cerca de cumplir 90 años, pero lejos de arrepentirse por el papel que cumplió en la dictadura española que arrancó al estallar la Guerra Civil. El declarado ultramontano, que preside la Fundación Francisco Franco y acostumbra a organizar actividades reivindicatorias del exterminio de miles de republicanos, es padre de la esposa de Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia español y uno de los colaboradores más cercanos al presidente Mariano Rajoy. En la querella iniciada en la Argentina contra los crímenes del franquismo, Utrera se encuentra imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, ejecutado mediante garrote vil en 1974, y dar la orden para que los verdugos asesinaran al militante.
La investigación que conduce la jueza federal María Servini es la única abierta en el mundo sobre el genocidio franquista, y analiza aproximadamente 300 casos que ejemplifican unas 115 mil desapariciones y asesinatos, y 30 mil niños robados que sufrieron el cambio de identidad, entre 1936 y 1975, año de la muerte del dictador.
Los abogados representantes de las víctimas, Carlos Slepoy y Ana Messuti desde España, y Máximo Castex, David Baigún, Beinusz Szmukler y Ricardo Huñiz en Argentina, intentaron en varias oportunidades que Utrera Molina fuera llamado a declarar en Europa, y ante la negativa de los tribunales españoles, gestionaron la posibilidad de que el anciano lo hiciera desde Madrid vía teleconferencia. El gobierno español boicoteó la audiencia dos veces este año, comunicando a la Cancillería argentina que Servini no estaba autorizada a escucharlo ya que el sistema violaba “normas internacionales”.
Pero el testimonio brindado personalmente la semana pasada por Merçona Puig Antich a la magistrada agiliza las cosas. Servini recibió nuevas versiones que ayudan a reconstruir la condena a muerte (ver entrevista), digitalizaciones de documentación de la época de los lugares donde Salvador estuvo detenido, y estudios que revelan la manera en que fue “armada” su causa.
Utrera comenzó a militar en las fuerzas de choque del régimen como parte del Frente de Juventudes (organización juvenil del partido fascista), carrera que coronó en 1975 al ocupar el Secretariado General del Movimiento y la Vicepresidencia del Consejo Nacional, poco antes de la muerte de Franco. Fue también presidente del Banco Rural. En 2010 escribió un artículo de opinión en el diario ABC, en el que calificaba a la Ley de Memoria Histórica, y el intento por investigar los crímenes y desapariciones impuestos por el dictador, como una “vandálica invasión del gobierno socialista”.
Para Slepoy, la presidencia de la Fundación que con orgullo desempeña Utrera es “como si en nuestro país hubiera una llamada ‘Jorge Videla’, o en Alemania otra denominada ‘Adolf Hitler’. Sólo en Madrid, más de 200 calles llevan el nombre de funcionarios franquistas, algo repetido en todos lados. Los crímenes del franquismo han sido ocultados por una política del Estado de desmemoria y olvido, de no enseñar a las nuevas generaciones lo que ocurrió. No fue una Guerra Civil, como se la llama, sino la planificación de un exterminio masivo, y posteriormente de una dictadura feroz.”

Este era anarquista no? anarquista como Andreu Nin? si... ese que despellejaron vivo los comunistas en junio del 37.

Y le dolio?