Moratalla - Murcia

Montserrat Capdevila, del PSC
El caso Mercurio de corrupción urbanística, con epicentro en el Sabadell del alcalde Manuel Bustos (PSC), adquiere tintes de crónica rosa y salpica a una diputada del PSC. Uno más, porque en la causa también está imputado, por tráfico de influencias, el exsecretario de organización de la formación, el diputado Daniel Fernández.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha pedido que imputen a la diputada del PSC Monsterrat Capdevila por un delito de malversación de fondos públicos. Porque entre mayo y septiembre de 2012 gastó 5.000 euros a cargo de la visa que los diputados catalanes tenían para pagarse los viajes de Renfe, para costear una docena de viajes privados en primera clase del AVE con destino Madrid. Donde se veía con Bustos.

Según ha sabido ABC, las conversaciones recogidas durante la investigación a Bustos, que tenía el teléfono pinchado, han revelado que el exalcalde se citaba con Capdevila, entonces también concejal de Sabadell, en la capital. Quedaban en hoteles como el Meliá Princesa y reservaban habitaciones contiguas. Fuentes de Fiscalía señalaron que no hay duda de que eran viajes privados, no en calidad de diputada. De hecho, se han descartado otros viajes que hizo Capdevila con la misma visa por ser dudosos.

El pasado 15 de enero, la juez que instruye el caso Mercurio acordó abrir una pieza separada sobre este asunto, como pide Fiscalía «ante la apariencia delictiva» de los hechos, antes de decidir si formula una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia catalán para que impute a Capdevila, al ser aforada.

Capdevila es diputada del Parlamento catalán desde 2006 y entró en el Consistorio de Sabadell en 1999, de la mano de Bustos. Fue concejal del Área de Servicios Centrales y teniente de alcalde hasta septiembre del año pasado, cuando renunció. Fue tras estallar el caso Mercurio en el que están imputados, además de Bustos, otros cuatro concejales y la esposa de Bustos, Montse Costa, exjefa del gabinete de alcaldía.

Capdevila respondió ayer desde su blog. La diputada, que desconocía la petición del fiscal (que se hizo a finales del año pasado), afirmó que no ha hecho nada «ilícito» y censuró «un uso torcido de instrumentos jurídicos del Estado que ha buscado desestabilizarme personal y políticamente». Se lamentó de que «con la excusa de investigar el uso de la tarjeta de Renfe, sobre la que no hay establecido ningún mecanismo de justificación de gasto, no han dudado en hacer una intolerable invasión en mi vida personal, en un casi indisimulado propósito de buscar el descrédito y hasta la destrucción política y personal». La diputada aseguró que hay un vacío normativo en la regulación de la tarjeta. Pese a defender su inocencia, informó de que el pasado 8 de noviembre devolvió el dinero gastado con la tarjeta.

Una tarjeta sin regular
En su blog, la diputada deja caer que si hay que controlar los gastos de estas tarjetas se haga a todos o se regule su uso. «La ofensiva que se ha desplegado contra mí resulta intolerable en términos de dignidad, por lo que sería razonable que se hiciera una fiscalización universal, de la misma manera que yo he sufrido, y en último término una precisa regulación del uso de la tarjeta», señala.

El Parlamento catalán acordó en mayo pasado retirar a los diputados estas tarjetas visa para Renfe y AVE, así como los aparatos para pagar peajes (teletacs), algo que fue efectivo en julio. Se justificó «como medida de austeridad». Fuentes de Fiscalía, sin embargo, destacaron a ABC que la decisión coincidió con la petición de información que el fiscal hizo al hemiciclo sobre el uso de estas tarjetas.