Moratalla - Murcia

El Supremo ratifica una condena de inhabilitación contra Matías Carrillo, del PP.

El alcalde de Fortuna, localidad murciana de 10.000 habitantes, “ofreció trabajo municipal y vales de comida a ciudadanos del municipio para que le votaran” en 2003 y ganó la alcaldía por mayoría absoluta “merced a esas recompensas y promesas”. Lo dijo primero la Audiencia Provincial de Murcia —hace ahora un año y medio que emitió sentencia condenatoria, más dura que la del Supremo— y ahora lo ha ratificado el alto tribunal, circunstancia que ha obligado a Matías Carrillo (PP) a dimitir de todos sus cargos públicos y a dejar el Partido Popular de Murcia. La condena por delito electoral es de cinco años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de regidor, concejal “o cualquier otro de elección democrática”.

ESTO SE PONE INTERESANTE...

https://olitica.elpais.com/politica/2012/10/25/actualidad/1351175128_074599.html

La ex concejal del PP de Fortuna (Murcia, 8.000 habitantes) María Dolores García acusó ayer, ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, al actual alcalde de la localidad, Matías Carrillo (PP); al hermano de éste, José Carrillo; a su mujer; al concejal de Medio Ambiente y Montes Públicos, José Antonio Carbajal, y al edil de Hacienda y Patrimonio, José Antonio López Espinosa, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio en 2003 con empleos municipales y con vales de comida. En estos comicios el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.

La Audiencia de Murcia estaba juzgando a la ex edil de Fortuna por una denuncia presentada por IU, que incluía numerosos testigos de la compra de los votos, y que ya habían declarado en comparecencias anteriores, lo que presuntamente decidió a la ex edil a contar una nueva versión de los hechos, en los que implica, entre otros, al alcalde de Fortuna.Al terminar el interrogatorio de María Dolores Sánchez, el fiscal solicitó a la Sala que suspendiera la vista oral para que el Juzgado competente investigue la presunta participación de otras personas.

Según el abogado de la acusación, Joaquín Dólera, "hoy la concejal ha ampliado y especificado el modus operandi de las personas que compraban los votos. Lo primero fue ampliar la partida destinada a la contratación de personal laboral eventual, que pasó 25.000 euros a 225.000. Según declaró la ex edil, ofrecían a los padres de familia seis meses de contrato para cada uno de los hijos, a los que les pedían el DNI y les acompañaban a votar por correo. De esta forma, el voto por correo pasó de menos de un centenar a 465 en un municipio de unos 8.000 habitantes.

... y siguen sin aparecer los 29.000.000 €... ande andaran

Pregúntale al PP y al PSOE

Una duda: ¿Y ofrecer la apertura de una planta de biomasa si se ganan las elecciones no se considera comprar votos a cambio de trabajo?