Los Martínez del Puerto - Murcia

UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA
UPyD
ELECCIONES GENERALES 2008
PROGRAMA ELECTORAL
REGENERACION DEMOCRATICA
Aprobado por el Consejo Político de UPyD
el sábado 2 de febrero de 2008
en Madrid
INTRODUCCION
1 - Unión Progreso y Democracia es, ante todo y sobre todo, un partido democrático.
Por ello la prioridad absoluta de su propuesta a la ciudadanía española es el
fortalecimiento de nuestra democracia.
2 - Desde UPyD hacemos un balance muy positivo de la transición democrática que
culminó en la aprobación de la Constitución de 1978. Las tres décadas de régimen
constitucional han hecho posible que España haya alcanzado unas cotas de libertad,
igualdad, prosperidad y prestigio internacional sin precedentes. No obstante,
contemplamos con alarma el deterioro de la calidad de la democracia que se está
produciendo en los últimos años.
3 - Este deterioro tiene dos causas fundamentales. Una es el auge de los
particularismos territoriales. Los partidos nacionalistas y los líderes territoriales de
los propios partidos nacionales están procediendo, por la vía de las reformas
estatutarias, a la transformación del modelo autonómico constitucional en un modelo
confederal insolidario e insostenible. La otra la conforman los particularismos
partidistas. Los dos grandes partidos están llevado la vida política española a unos
niveles de sectarismo desconocidos desde la superación de la dictadura y compiten por
poner las instituciones al servicio de sus intereses. Ambos tipos de particularismo, que
se refuerzan mutuamente, amenazan con convertir una sociedad ideológica y
geográficamente plural en una sociedad fragmentada.
4 - Consideramos que la solución a este deterioro no está un mero cambio de
gobierno o de mayoría parlamentaria. La situación política que atraviesa España ha
puesto de manifiesto la necesidad de reformas constitucionales y legales que refuercen
las instituciones comunes frente a los intentos, cada vez más agresivos, de debilitarlas o
subordinarlas a las cúpulas de los partidos políticos. Estas reformas no van a ser
impulsadas ni por los dos grandes partidos ni por los partidos nacionalistas. Sólo una
fuerza política nueva que haga de la regeneración democrática una prioridad puede
posibilitar las reformas que permitan superar los déficits democráticos de nuestro
sistema político.
DIAGNOSTICO
1 - Los titulares de los derechos y libertades democráticos son los ciudadanos. En
consecuencia, todas las medidas de regeneración democrática estarán orientadas a la
defensa de los derechos civiles, que en ningún caso podrán ser sacrificados en aras de
supuestos derechos colectivos.
2 - Todos los españoles son iguales en derechos y deberes. En España conviven
ciudadanos con identidades diversas, sean éstas de tipo ideológico, lingüístico, cultural,
territorial, religioso, sexual, etc. Para que esta convivencia en libertad e igualdad sea
posible es preciso que las instituciones y las administraciones públicas se abstengan de
intentar imponer una determinada identidad, sea de la naturaleza que sea, que vaya más
allá de la ciudadanía común, la adhesión a los valores y reglas de la democracia y el
cumplimiento de las leyes. De ahí que el laicismo, entendido en este sentido amplio, sea
esencial a la regeneración democrática que postulamos.
3 - El fundamento de la convivencia democrática es el respeto a la ley. Es por ello un
objetivo central de nuestra propuesta de regeneración democrática el fortalecimiento de
los instrumentos que obligan a los responsables políticos a cumplir y hacer cumplir las
leyes y que evitan que la aplicación o no de éstas pueda subordinarse a intereses
políticos coyunturales, y menos aún a negociaciones con grupos terroristas.
4 - La soberanía reside en los ciudadanos. Los partidos políticos deben ser instrumentos
que hagan posible la participación ciudadana en los asuntos públicos. La regeneración
democrática tendrá como uno de sus objetivos devolver a la ciudadanía parte del
poder ahora detentado por las burocracias de los partidos y garantizar que el voto
de todos los ciudadanos tenga el mismo valor.
5 - Las líneas de actuación del proyecto de regeneración democrática de UPyD son las
siguientes:
a) - Defender las libertades individuales y la igualdad de los españoles frente a
todo tipo de imposición o discriminación identitaria.
b) - Implantar un sistema electoral justo.
c) - Reforzar al división de poderes.
d) - Otras medidas de profundización democrática.
e) - Más libertad, más igualdad
6 - La libertad de pensamiento es uno de los pilares de la convivencia democrática en
una sociedad plural. Por ello el Estado deberá proteger el derecho de los ciudadanos a la
libre expresión y la defensa de sus opiniones, siempre que se hagan con respeto a las
leyes y, en particular, sin recurrir a la violencia, incitar a ella o justificarla.
7 - El Estado deberá fomentar el conocimiento del ordenamiento jurídico, especialmente
de la Constitución, los Derechos Humanos y los principios antropológicos, morales y
políticos en que se fundamentan los regímenes democráticos. Deberá fomentar los lazos
de solidaridad entre los españoles entre sí, con independencia de su lugar de residencia,
fortuna, sexo, ideología política, lengua materna, religión o cualquier otra condición, y
de los españoles con el resto de los ciudadanos de la Unión Europea. Parte esencial de
esa necesaria pedagogía democrática debe ser el respeto a los símbolos de nuestro
sistema constitucional.
8 - La sociedad española es una sociedad plural y la convivencia democrática en
igualdad exige un respeto escrupuloso de ese pluralismo. Todos los ciudadanos
españoles deberán tener garantizados constitucionalmente los mismos derechos y
deberes. Las administraciones públicas deberán abstenerse de incurrir en ningún tipo de
adoctrinamiento ideológico. La política cultural oficial y, especialmente, el currículum
educativo deberán ser neutrales entre las distintos sistemas de pensamiento o de
creencias compatibles con los valores democráticos y entre los diversos sentimientos de
identidad comunitaria.
9 - La libertad de pensamiento o la igualdad entre los españoles están siendo
menoscabadas por diversas vías, ente las que cabe destacar tres: las políticas
nacionalistas, el vigente régimen de semiconfesionalidad y los intentos de imponer
“memorias históricas” oficiales.
PROPUESTAS
1 - Promover la igualdad de todos los españoles frente al “nacionalismo
obligatorio” promovido por las administraciones autonómicas, y no sólo las
gobernadas por partidos nacionalistas, UPyD defenderá reformas legales y acciones de
gobierno basadas en los siguientes principios:
a) - Los ciudadanos residentes en cualquier parte del territorio nacional tendrán
los mismos derechos y obligaciones, sin que puedan ser discriminados por
proceder de otras partes de España.
b) - Los poderes públicos deberán proteger la igualdad de derechos y
oportunidades de los ciudadanos sin discriminación alguna basada en sus
sentimientos de pertenencia o identidad comunitaria. Esta igualdad sólo puede
estar garantizada si dichos poderes adoptan una posición de neutralidad en
cuestiones identitarias. En consecuencia, toda política orientada al
adoctrinamiento en materia de identidad comunitaria deberá considerarse
una intromisión ilegítima de los poderes públicos en el ámbito privado y un
atentado contra la libertad de pensamiento. En particular, el adoctrinamiento
político nacionalista debe quedar excluido del currículum educativo y la política
cultural oficial.
c) - Todas las lenguas deberán ser reconocidas en pie de igualdad en los
territorios en que sean oficiales, sin que el uso de una u otra pueda ser motivo
de discriminación en ningún ámbito, incluidos el educativo y el cultural. Los
hablantes de las lenguas son los individuos, por lo que no deberá poder
establecerse, entre las lenguas cooficiales, diferencias entre lenguas “propias” y
meramente “oficiales”. En particular, ninguna lengua que sea oficial en un
territorio podrá ser considerada por los poderes públicos una lengua extranjera o
extraña. Las políticas llamadas de “normalización lingüística” deberán respetar el
derecho de los ciudadanos a elegir la lengua en la que desean expresarse, tanto en
el ámbito público como en el privado. Ninguna medida de protección o fomento
de una lengua podrá conllevar merma de derechos de los hablantes de otra.
2 - Libertad de conciencia: parte esencial de la libertad de conciencia es la libertad
religiosa. Dicha libertad sólo puede estar plenamente garantizada si hay una separación
estricta entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas. Por ello proponemos
superar tanto el régimen de semiconfesionalidad actualmente vigente en España como el
régimen de multiconfesionalidad que se trata de implantar desde posiciones
supuestamente progresistas. Además de la reforma del artículo pertinente de la
Constitución (véase el capítulo de reforma constitucional), estos principios se concretan
en las siguientes medidas:
a) - La sustitución de los actuales acuerdos entre España y el Estado Vaticano
por acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica española. Es un
anacronismo que asuntos internos de España sean regulados a través de un tratado
internacional.
b) - Sin perjuicio de las subvenciones que puedan recibir las numerosas
asociaciones religiosas que realizan una importante labor social o las actividades
de naturaleza u origen religioso de interés cultural general, ninguna organización
o actividad religiosa deberá ser financiada por el Estado.
c) - Ninguna materia confesional deberá formar parte del currículum educativo
(véase el capítulo del programa dedicado a Educación).
d) - Salvo que concurran razones de tipo histórico-artístico, no podrá haber
símbolos religiosos en edificios públicos y, por norma general, los representantes
públicos deberán abstenerse de participar en calidad de tales en actos de
naturaleza religiosa.
3 - Concordia nacional: la transición democrática, contra lo que a menudo se afirma,
no se basó en el olvido del pasado, sino, por el contrario, en el recuerdo de la guerra
civil y la dictadura. Dicho recuerdo explica en buena medida el apoyo que la gran
mayoría de los españoles dieron a las fuerzas políticas que apostaron por la
reconciliación nacional y el consenso constitucional. UPyD reivindica la transición
democrática frente a los intentos de deslegitimarla y de proyectar sobre la España
democrática del siglo XXI las divisiones que la propia transición permitió superar. En
coherencia con esto, UPyD defenderá:
a) - El fomento de la investigación y el estudio rigurosos de la historia reciente de
España frente a los revisionismos pseudohistóricos de cualquier signo.
b) - La dignificación de todas las víctimas de la guerra civil y la represión de la
dictadura que no hayan obtenido un justo reconocimiento.
c) - La dignificación de todas las víctimas del terrorismo.
4 - Imperio de la ley: el respeto y el cumplimiento de las leyes tanto por parte de
los gobernantes como de los gobernados es la condición de posibilidad de toda
convivencia civilizada. Es imprescindible para ello que las instituciones encargadas de
velar por el cumplimiento de la ley sean realmente independientes, acabando con la
escandalosa subordinación actual de éstas al gobierno o a los partidos políticos. Para
ello proponemos las siguientes medidas:
a) - Reforzar la independencia del poder judicial. El sistema vigente de
designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial hace que
éstos se comporten cada vez más como delegados de los partidos políticos y que
la fidelidad al partido que los propone prevalezca sobre la competencia y
profesionalidad en su elección. El uso perverso que los partidos han hecho de sus
prerrogativas en esta materia hace necesario implantar un nuevo sistema en el que
los miembros del CGPJ sean elegidos con criterios profesionales, sin
interferencias de los partidos políticos y sin repartos de cuotas entre éstos (véase
el capítulo sobre Reforma Constitucional).
b) - Reforzar la independencia del Tribunal Constitucional. Al igual que sucede
con el CGPJ, el sistema de designación de los miembros del TC y el uso perverso
que los partidos hacen de sus competencias en esta materia está transformando un
tribunal que debería ser independiente en una tercera cámara en la que los
magistrados aparecen cada vez más alineados con los grupos políticos que
propusieron su nombramiento. Dada la importancia extrema que muchas de las
decisiones del TC tienen para el futuro de nuestro sistema político, es preciso
modificar el sistema de elección de los magistrados aboliendo el actual sistema de
cuotas (véase el capítulo sobre Reforma Constitucional).
c) - Consolidar la unidad del sistema judicial. La independencia del poder judicial
no sólo está amenazada en España por los partidos nacionales y el gobierno de la
Nación de subordinarlo al poder político. Estamos asistiendo también al intento
por parte de gobiernos autonómicos y de partidos nacionalistas de someterlo en
sus territorios fragmentando el sistema judicial en diversos sistemas
independientes. Frente a estos intentos, proponemos mantener las competencias
del Tribunal Supremo y preservar la independencia de los Tribunales Superiores
de Justicia de las Comunidades Autónomas frente a los intentos de intromisión de
los gobiernos y parlamentos autónomos.
d) - Autonomía de la Fiscalía. El cumplimiento de la ley es un derecho de los
ciudadanos, no una prerrogativa del Gobierno. La persecución de los delitos no
puede estar supeditada a los intereses coyunturales del gobierno o la mayoría
parlamentaria de turno. La experiencia reciente y no tan reciente demuestra que
los Fiscales Generales del Estado anteponen con frecuencia en asuntos muy
graves los intereses del Gobierno que los nombra a los intereses de las víctimas de
los delitos, con el consiguiente desamparo de éstas. Esta quiebra del principio de
legalidad sólo podrá evitarse reformando el sistema de elección y las funciones
del Fiscal General del Estado en el sentido de garantizar su autonomía.
5 - Restauración de la acción popular. La legislación vigente impide que en la
mayoría de los procesos judiciales pueda ejercerse la acción popular si no interviene la
fiscalía. Ello equivale a conceder a la fiscalía la posibilidad de impedir que los
ciudadanos obtengan el amparo de los tribunales de justicia en los presuntos delitos de
los que no sean víctimas directas. Esto deja a la ciudadanía indefensa frente a
numerosas violaciones de la ley, especialmente las cometidas o toleradas por los
gobiernos. Por ello proponemos reformas legales que permitan el ejercicio de la acción
popular sin posibilidad de veto por parte de la fiscalía y la ampliación de las materias en
que pueda actuar la acción popular.
6 - Similares medidas deberán adoptarse para garantizar la independencia y la
profesionalidad del resto de los órganos encargados de garantizar a la ciudadanía el
respeto a la legalidad, como el Tribunal de Cuentas y los Órganos Reguladores de
carácter económico, eliminando su dependencia del poder ejecutivo. Se legislará para
que los responsables políticos que actúen de manera manifiestamente
inconstitucional o que ignoren y no ejecuten las sentencias judiciales firmes sean
cesados e inhabilitados.
7 - Democracia parlamentaria: el sistema político diseñado por la Constitución se
implantó en un contexto de proliferación de partidos débiles. Era una prioridad
razonable en el momento de la transición democrática favorecer la consolidación de un
sistema de partidos. Por esa razón, el sistema político que se estableció estuvo orientado
al fortalecimiento de los partidos políticos con más apoyo ciudadano. Sin embargo, a lo
largo de las tres últimas décadas el sistema vigente ha otorgado a las cúpulas de los
partidos un poder excesivo. La subordinación de los parlamentarios a las cúpulas
partidistas hace que las Cortes no funcionen como un verdadero Parlamento
deliberativo. Los diputados de la mayoría parlamentaria son meros ejecutores de las
propuestas gubernamentales o de los acuerdos a los que el Gobierno haya llegado con
los líderes de otros grupos. Tanto en los grupos de la mayoría como en los de la
oposición, la obediencia ciega a las consignas partidarias prevalece sobre el vínculo con
los electores, los programas electorales, los principios ideológicos del partido y las
propias convicciones. Los debates no son parte de un proceso deliberativo, sino actos de
propaganda para justificar decisiones adoptadas o pactadas previamente por los líderes
de los respectivos grupos.
8 - Frente a este estado de cosas, UPyD considera necesario reforzar la independencia
del poder legislativo respecto al ejecutivo y la autonomía de los parlamentarios
frente a las consignas partidarias, a fin de implantar en España un régimen
verdaderamente parlamentario. Para ello promoverá reformas orientadas a la dinamizar
del Parlamento y a restablecer el vínculo de los representantes políticos con sus
representados.
9 - Con este fin, Unión Progreso y Democracia, además de las reformas urgentes del
sistema electoral para establecer una mayor proporcionalidad, promoverá un debate con
todas las fuerzas políticas orientado a:
a) - La implantación de sistemas electorales de listas abiertas y/o
desbloqueadas que refuercen la autonomía de los parlamentarios respecto a las
burocracias de los partidos.
b) - Reforzar la autonomía de los parlamentarios respecto a los dirigentes de
sus partidos. Para ello deberán reformarse los reglamentos de las cámaras de
modo que:
b.1) - Los parlamentarios dispongan de mayores recursos en materia de
personal de apoyo.
b.2) - Los parlamentarios (o un número mínimo de ellos) puedan presentar
mociones, y no sólo los grupos.
b.3) - Los parlamentarios puedan presentar iniciativas (como enmiendas o
preguntas) sin necesidad de visto bueno por el portavoz de su grupo.
c) La reforma del Senado para transformarlo en una verdadera cámara de
representación territorial, en coherencia con lo que establece la Constitución.
10 – Proponemos la limitación de mandatos por ley, para estimular la renovación de
las cúpulas políticas. Dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno, con un total
de ocho, parecen suficientes para desempeñar adecuadamente cualquier mandato.
11 - La elección directa de los alcaldes para prevenir pactos postelectorales que
desvirtúen o tergiversen la voluntad ciudadana.
12 - Sistemas más rigurosos de incompatibilidades entre cargos públicos y negocios
privados. Se modificará el estatuto de la Oficina de Conflictos de Interés:
a) - Dotándola de verdadera autonomía funcional, eliminando su dependencia
jerárquica del Ministerio para las Administraciones Públicas y dotándolo de
presupuesto y plantilla propios.
b) - Reconociéndole el derecho de acceso a las informaciones de la Agencia
Tributaria.
c) - Reconociéndole capacidad investigadora (sin necesidad de autorización
ministerial) y sancionadora.
13 - Potenciar con mayores medios personales las fiscalías de medio ambiente y
urbanismo.
14 - Medidas para evitar el clientelismo y el acoso laboral en la administración,
como por ejemplo:
a) - Retribuir los altos cargos de libre designación de modo que nunca superen un
porcentaje dado de los ingresos previos y demostrables del candidato.
b) - Limitar el porcentaje de cargos de libre designación o fuera de convenio y del
tiempo en que una misma persona puede ocupar tales cargos.
c) - Prohibición de que los aumentos retributivos de los cargos electos que
superen el doble del IPC del último año puedan entrar en vigoren el mandato
vigente y de que haya más de un aumento por mandato.
15 - Democratización interna de los partidos, instaurando la obligatoriedad de la
elección directa por los afiliados, o elecciones primarias, de los candidatos a los
principales puestos de responsabilidad política. Asimismo se reforzará la protección
judicial de los afiliados frente a expulsiones arbitrarias.
16 - Controles más rigurosos de la financiación de los partidos, con el propósito de
una mayor transparencia del sistema y aumentar su autonomía con respecto a los
grandes poderes económicos. Para ello se proponen las medidas siguientes:
a) - La consideración de los partidos como una única entidad económicofinanciera,
incluyendo las organizaciones locales, las fundaciones y las sociedades
mercantiles.
b) - Las consideración como donaciones, a todos los efectos, de las donaciones de
inmuebles, condonaciones de deudas, créditos a tipos de interés inferiores a los
del mercado o las prestaciones gratuitas de servicios profesionales.
c) - El establecimiento de límites a la financiación de los partidos por las
Comunidades Autónomas, los Territorios Históricos y los Ayuntamientos.
d) - El reconocimiento al Tribunal de Cuentas de capacidad investigadora.
e) - Reconocer al propio contribuyente la posibilidad de decidir qué formación
política recibirá la parte de sus impuestos destinada a la financiación de los
partidos.
17 - Democratización de la información. Una de las asignaturas pendientes de nuestra
democracia es el establecimiento de unos medios de comunicación públicos
independientes. Para ello proponemos:
a) - Reformar los sistemas de elección de los consejos de administración y de
los directores de los medios de comunicación de titularidad pública, tanto
nacionales como autonómicos o locales, para evitar que éstos sigan siendo
instrumentos de propaganda gubernamental.
b) - Crear órganos reguladores independientes de las telecomunicaciones o
reformar los existentes a fin de que lo sean verdaderamente y eviten favoritismos
o persecuciones partidistas en las concesiones de licencias a los medios de
comunicación privados. También deberán crearse defensores, con capacidad
sancionadora vinculante, de los derechos de los consumidores frente a posibles
arbitrariedades.
c) - Introducir restricciones y controles más estrictos de las campañas de
publicidad institucional para garantizar que se utilizan exclusivamente como
servicio público y evitar su uso meramente propagandístico.
18 - Las medidas de regeneración democrática que proponemos no tienen carácter
doctrinario. No están orientadas a la imposición de un programa ideológico o de
partido, sino a fortalecer las instituciones estableciendo unas reglas de juego más
justas y acordes con los principios básicos de un estado democrático de derecho.
Algunas de las propuestas exigen reformas legales que requieren de acuerdos amplios,
por lo que deben interpretarse como propuestas abiertas a un consenso lo más
transversal e inclusivo posible, que deberá ser debatido entre los partidos representados
en el Parlamento, la ciudadanía y los colectivos sociales concernidos. Esto es
especialmente cierto de las medidas que exigen reformas constitucionales (que, por su
trascendencia, son objeto, al igual que la reforma de la Ley Electoral, de un capítulo
específico). Pero para que este necesario debate llegue siquiera a plantearse, es preciso
que en el futuro Parlamento esté presente un partido que, como Unión Progreso y
Democracia, se comprometa a adoptar la regeneración democrática como eje de su
acción política.