Riogordo - Malaga

La magistrada arremete contra la Junta y dice: «Resulta paradójico que, durante diez años, la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello». Para la magistrada, «no es legítimo, por constituir un abuso de derecho, que la Junta se persone como perjudicada y, de otro lado, pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación, incumpliendo con el mandato constitucional contenido en el artículo 119 de nuestra Carta Magna».
La magistrada Mercedes Alaya explica en el auto las razones por las que pide dicha información y lo hace de manera más pormenorizada que en el emitido el pasado día 21. Argumenta la petición a partir de 2001 por el acuerdo-marco del 17 de julio de ese año suscrito entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) «para la materialización de ayudas excepcionales» destinadas al pago de los ERE. Quiere saber si este acuerdo, que expiraba en 2003, volvió a renovarse. También razona el interés en la existencia de los informes de la Intervención General de Hacienda a partir de 2005 alertando «ejercicio tras ejercicio» que se ha prescindido «total y absolutamente del procedimiento establecido» en dichas ayudas, «lo que ha generado un importante déficit presupuestario».

Y ahora resulta que ni antes Cháves, ni ahora Griñán (por entonces Consejero de Economía), sabían nada... ¿Pero no presumían de "que lo sabían todo y no se les escapaba nada"...? Por siete veces le presentaron a Griñán los informes, y "no se enteró"
(hombre, un informe se te puede pasar, aunque no debería; pero siete...)