Mollina - Malaga

El cerco al diputado socialista y exconsejero de Empleo de la Junta en tiempos de Manuel Chaves, José Antonio Viera, se estrecha a quince días de que se inicie la campaña electoral.

Según El Correo de Andalucía, la Guardia Civil está "realizando un estudio detallado" de las ayudas que éste otorgó como consejero de Empleo dentro de la investigación abierta por las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), después de que el ex director general de Trabajo y principal imputado en el caso, Francisco Javier Guerrero, asegurara en su última declaración ante los agentes que fue quien "promovió" las subvenciones a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

Guerrero declaró este martes ante la Guardia Civil sobre el papel que jugaron Viera y el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, a quien la juez Alaya imputó el miércoles.

Además, en la declaración de Guerrero aparecieron los nombres de los exdiputados autonómicos Ramón Díaz, que fue asesor de la Dirección General de Trabajo, y José Caballos, que presidió la Junta Rectora del Parque de la Sierra Norte y que ha sido durante años la cabeza del socialismo sevillano.

La Benemérita quería saber por qué de los 60 millones de euros que Guerrero otorgó como ayudas directas a empresas entre 2001 y 2008, "unos 30 millones" fueran a parar a la Sierra Norte y, especialmente, a El Pedroso, localidad de la que es natural el exdirector general y zona de influencia política directa de José Caballos, ex secretario general del PSOE de Sevilla y exportavoz parlamentario del PSOE en la cámara andaluza.

Viera "jugó un papel esencial" en la concesión de ayudas a estas empresas, es la conclusión a la que llega la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un oficio remitido el miércoles a la magistrada Mercedes Alaya. En el mismo, los investigadores detallan que Guerrero destacó en su declaración del martes que Viera "no sólo tenía conocimiento de todas las ayudas", sino que tenía "especial interés" en las vinculadas a la entidad Matadero de la Sierra Morena, SAT Virgen del Espino y Almazara de Guadalcanal. "Hay que ayudar a Matadero de la Sierra Morena y a todas aquellas empresas que colgaban de la misma" fue la directriz que, según Guerrero, recibió del entonces consejero de Empleo.

Amigos "desde niños"


Guerrero declaró que José Antonio Viera, entonces aliado de Caballos, "es quien dirige realmente la política de concesión de ayudas y, Viera, tenía un especial interés en otorgarlas a empresas de la Sierra Norte", en concreto, a algunas que eran propiedad de los exediles socialistas de El Pedroso José María Sayago y José Enrique Rosendo, a quienes Guerrero conoce "desde niños" por la "amistad" que tiene con sus padres.

El último de ellos es hijo del exalcalde del citado municipio Rafael Rosendo, imputado en el caso por aparecer como intruso en el ERE de Cydeplast. Guerrero explicó que Rosendo era y es amigo de Viera, quien solía ir a la Sierra Norte "a cazar" y tenía "amigos que eran maestros". Además, "su pareja sentimental era ATS de la zona. En definitiva, un habitual de la Sierra Norte".

Según el ex director general, Rosendo y Sayago presentaron a Viera el proyecto del Matadero a través de la sociedad pública municipal que controlaban, la Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso, ente que recibió 900.000 euros en ayudas. Al parecer, Viera dijo que "este proyecto tenía que salir".

Sobre el conocimiento que los entonces diputados andaluces Díaz y Caballos tenían de estos movimientos, Guerrero precisó que el primero estaba con él "en todas las reuniones de negociación", mientras que del segundo sólo señaló que "era muy amigo" de Rafael Rosendo.

Otras empresas de la Sierra Norte que fueron ayudadas por Guerrero y la consejería eran de amigos o de personas cercanas, como es el caso del marido de una de sus secretarias. Sobre su chófer, Juan Francisco Trujillo, el de la cocaína, dijo Guerrero que desconocía que las empresas beneficiadas fueran de su propiedad.

El chófer declarará a cinco días de las elecciones

La juez Alaya también ha citado a responsables de algunas empresas investigadas, a un sindicalista de CCOO y al exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés.

Mercedes Alaya ha vuelto a acusar a la Junta de "obstaculizar la investigación" por no enviarle cierta documentación y por aportarle informes "cuya comprensión resulta imposible", cosa que ha vuelto a ser negado por la Junta.

El caso Emarsa, que investiga el millonario saqueo de la sociedad pública que depuraba el agua de Valencia, ha adquirido una vertiente internacional. Un juez de Andorra investiga a ocho de los imputados en la causa valenciana por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Aunque en la providencia del juzgado número 15 de Valencia, fechada el 20 de febrero, no se concretan los nombres de las personas investigadas en Andorra, fuentes judiciales indicaron ayer que coinciden con los cabecillas de la trama de caso Emarsa.
En la causa por el saqueo de la sociedad están imputadas 27 personas entre responsables de la planta de depuración y empresarios que facturaron decenas de millones de euros a la empresa pública por servicios falsos o por precios muy superiores a los reales. El juez ha señalado en varias resoluciones como máximos responsables de la parte de gestión al expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Enrique Crespo; así como al exgerente de la sociedad y exalcalde pedáneo de Valencia, Esteban Cuesta, dados los poderes casi totales que obtuvieron de la sociedad.
La conexión entre ambas causas judiciales se produjo, indicaron fuentes del caso valenciano, de manera fortuita. El juez andorrano leyó en un periódico español una información sobre el saqueo de Emarsa y comprobó que varios de los nombres que se citaban en el artículo eran los mismos de la investigación que él estaba llevando a cabo.
El juez de Andorra remitió entonces una comisión rogatoria internacional al juzgado de instrucción número 15 de Valencia. Éste, cuyo titular es el juez Vicente Ríos, libró a su vez otra comisión rogatoria con destino a Andorra “al objeto de que se remita copia auténtica del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera”, así como los “autos de imputación o procesamiento en su caso dictados de las personas imputadas” que coincidan las que están siendo investigadas en Valencia.
El exvicepresidente de la Diputación donó a sus hijos numerosos bienes meses antes de que estallara el escándalo
Fuentes judiciales señalaron que la investigación abierta en Andorra afecta a más personas, unas 12 o 13. Y que no se puede descartar que el delito de blanqueo investigado en el Principado esté relacionado con los fondos presuntamente desviados de la sociedad pública valenciana. El juez instructor destacó hace unos días en un auto que, hasta la fecha, no se ha podido localizar ni una pequeña parte del dinero de Emarsa que fue objeto de la rapiña. Un saqueo que Ríos ha estimado “prudencialmente” en 25 millones de euros.
El juez instructor del caso Emarsa ha rechazado igualmente el recurso del exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, contra su decisión de investigar el patrimonio de sus hijos menores y de su exmujer. Ríos detalla que, en 2010, Crespo donó a sus hijos una vivienda, una plaza de garaje, un trastero, y participaciones y otros valores mobiliarios por valor de 480.000 euros. Más tarde liquidó la sociedad de gananciales

Devolveran los MILLONES DE EUROS o no los devolveran ?