Mollina - Malaga

Cientos de millares de familias españolas podrían narrar historias tan escalofriantes como la de María Martín, de 81 años, que recordaba esta semana ante el Tribunal Supremo el día de 1936, tenía seis años, en el que unos falangistas mataron a su madre en una cuneta cerca de Arenas de San Pedro, Ávila.

La anciana, que llegó con un andador, enlutada, encorvada y afónica de dolor, evocó ante el Tribunal aquél asesinato para apoyar al juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo, ignorando la amnistía de 1977.

Una causa contra Garzón instruida, primera paradoja, por el magistrado progresista Luciano Varela, uno de los fundadores de Jueces para la Democracia.

Hay millares y millares de historias de falangistas y de milicianos asesinos, y para olvidarlas la izquierda pedía tras la muerte de Franco “¡Amnistía y Libertad!”, hasta que un año antes de la Consti-
tución se aprobó ese perdón general para que se olvidara el pasado, y que lo investigaran sólo los historiadores.

La segunda paradoja es, precisamente, que entre los testigos de Garzón estuviera la señora Martín, habitante de un pueblo del que era jefe de Falange el padre del exministro de justicia socialista, amigo y compañero de caza mayor del juez, Mariano Bermejo.

Haciéndose pasar por víctima del franquismo, Bermejo dijo un día en el Parlamento, dirigiéndose a los políticos del PP, “¡Qué paradoja que hayamos tenido que luchar contra los padres de estos fascistas, y que ahora debamos hacerlo contra los hijos!”.

Seguramente en el PSOE actual hay más hijos de jefes y alcaldes falangistas, como Bermejo, que en el PP.

Lo que es otra paradoja, porque los reproches antifranquistas vienen de descendientes de franquistas, fingidas víctimas del franquismo, que vivieron opíparamente en familias amamantadas por ese franquismo, y que estudiaron becados y protegidos en colegios y residencias especiales del franquismo.

Garzón, la Prensa y el cohecho impropio
El Supremo ha inculpado por cohecho impropio a Baltasar Garzón por pedirle dinero a empresas y bancos para patrocinar unos cursos sobre justicia en la Universidad de Nueva York, noticia que la prensa divulga amedrentada porque numerosos periodistas caemos en una falta similar, que para un magistrado es delito.

Parece bastante claro que, a falta del juicio correspondiente, Garzón aprovechó su cargo para obtener ingresos de empresas que debió enjuiciar y que se negó a hacerlo.

Es decir, que las donaciones lograron aparentemente que rechazara alguna causa contra sus patrocinadores.

La justicia aclarará el caso. Entre tanto, hablemos de nosotros mismos, de los periodistas, profesionales que sin bien no somos servidores públicos, tenemos el deber de ser incorruptibles ante la audiencia a la que informamos.

Los periodistas deberíamos declarar públicamente los regalos que recibimos, aunque muchas veces se deben a una relación de verdadera amistad y de intercambios de poco valor entre personas cercanas, como en cualquier otra profesión.

Pero aparte están los regalos que le llegan a los periodistas por su cargo, no por su persona, y no para que se hable bien de los donantes, sino para que no se haga mal.

Se ve en Navidades o en cumpleaños en muchas salas de redacción: numerosos paquetes dirigidos a las esferas más altas y al área de Economía.

Y ello, al margen de los paquetes que van a las casas de los agasajados. Son cohechos, grandes y pequeños, que logran que haya empresas que nunca reciben una crítica en medios a los que, además, sostienen con abundante publicidad.

Esta es la realidad: si hasta un superjuez parece corruptible, cómo no lo van a ser también unos periodistas que no tienen cargo público alguno, y que además están cada día peor pagados.