Mollina - Malaga

Imputados el actual director de Empleo y su antecesor en el fraude de los ERE
La jueza Alaya ha imputado a una veintena de personas y ha reclamado documentación sobre ayudas a varias consejerías. La Junta considera "infundada" la imputación de Rivera.

La jueza que investiga los ERE irregulares, Mercedes Alaya, ha imputado a una veintena de personas, entre ellos el actual director general de Empleo, Daniel Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, así como a varios responsables de consultoras, abogados, empresarios y sindicalistas. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha emitido un auto en el que se imputa al actual director general de Empleo por ordenar el 1 de septiembre del 2010 pagos a favor de ex trabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, aunque dos de ellos no pertenecían a la empresa.

Igualmente, imputa a su antecesor Juan Márquez por autorizar la inclusión de intrusos en los ERE de las empresas Surcolor, Aglomerados Morell, Río Grande y Calderinox, esta última en la que se incluyó al ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, aunque nunca trabajó en ella. Juan Márquez y Daniel Rivera sucedieron al frente de la Dirección General de Empleo a Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la trama y que llegó a definir como "fondo de reptiles" las ayudas que se otorgaban a través de la Agencia IDEA -antiguo IFA- para financiar ERE irregulares y subvenciones en las empresas.

Guerrero ha sido citado por la jueza el próximo 23 de febrero a las 10:30 para declarar en calidad de imputado, después de que el jueves testificara ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la que confesó que sus decisiones no eran "unipersonales" sino "compartidas" con los consejeros. Imputados están también el ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín y el exconsultor de esta empresa Jesús Bordallo, consultoras que tramitaron los ERE y que llegaron a recibir comisiones del 25 por ciento por su trabajo. En el auto también se imputa a dos dirigentes de CCOO en el sector del metal, Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca, además de los responsables de las empresas Calderinox, Acyco, Aglomerados Morell, Surcolor y Río Grande.

En el escrito se requiere a la Agencia IDEA que remita al juzgado un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a las consejerías de Gobernación, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente, desde 2001 hasta 2010. A raíz de la petición en un auto anterior de la jueza para que la Junta investigara las ayudas concedidas en esas consejerías, se ha puesto de manifiesto que los créditos definitivos de las aplicaciones presupuestarias correspondientes a transferencias corrientes y de capital que han servido de financiación para el IDEA han sido de 4.315 millones en el período 2001-2010.

La jueza pide a la Junta las comunicaciones a la Comisión Europea relativas a las ayudas de Estado concedidas a las empresas por las diferentes consejerías desde el 2001 hasta la actualidad. En el mismo sentido, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las consejerías que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea (CE) durante el mismo período.

La Junta considera "infundada" la imputación de Rivera y defiende su gestión

La Junta de Andalucía ha defendido la gestión del director general de Empleo, Daniel Rivera, y ha considerado la actuación de la juez Alaya "infundada" y "poco sostenible". La Oficina de la Portavoz del Gobierno andaluz ha señalado en un comunicado que, "sin perjuicio de un análisis más profundo de los hechos que se imputan", considera "escasamente fundada dicha imputación". El Gobierno regional quiere ser "contundente" al afirmar que Rivera "no tiene la menor responsabilidad en la inclusión en dicho expediente de personas que no tuvieran derecho a ello". Según el Ejecutivo regional, la póliza fue tramitada cuatro años antes de que fuera nombrado director general y él firmó la resolución "cuando no había ningún indicio de irregularidad".

Ha indicado que Rivera fue el responsable que adoptó las primeras decisiones de paralizar pagos en el expediente de Mercasevilla cuando surgieron irregularidades, así como de la investigación realizada por la Junta "por la que se detectaron los denominados intrusos en los diferentes expedientes, seis meses después de la fecha de la resolución por la que se le imputa ahora". Por ello, la Junta ha manifestado su "sorpresa" por la imputación de Rivera "cuando los hechos investigados tienen su origen mucho antes de su nombramiento" y ha lamentado que "resulte imputado un responsable político que viene dedicando buena parte de sus esfuerzos desde su nombramiento a esclarecer este caso, siempre en defensa del interés público".

Respecto a las nuevas peticiones de información y documentación "serán analizadas por los servicios jurídicos y se tramitarán como viene haciéndose ahora", ha apuntado la Junta, que ha reiterado su "confianza" en la Justicia y su disposición en investigar el caso "hasta el final". Ha añadido que confían en que no se haga "un mal uso político" de las decisiones judiciales y que el PP colabore "en la búsqueda de los culpables en lugar de buscar réditos políticos cortoplacistas".

Anticorrupción pide investigar la relación entre consultoras e imputados de los ERE
La fiscalía exige a la Junta todos los expedientes de ayudas a empresas, incluidos los denegados
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que encargue a la Guardia Civil investigar las relaciones desde 2001 entre las empresas subvencionadas, las aseguradoras y las consultoras, así como a los 30 imputados en la causa. El ministerio público busca analizar "la facturación, retribuciones del trabajo y capital, rendimientos profesionales" y toda la información que contribuya a lograr pistas para el retorno de los fondos públicos logrados de manera ilícita.

La Junta entregó al Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla los expedientes con las subvenciones más cuantiosas por los ERE (expedientes de regulación de empleo) y otras ayudas directas a empresas. Pero la fiscalía considera que aún hay abundante información pendiente de investigar y que puede desvelar indicios de delitos, por lo que requiere a la juez que exija a la Junta más colaboración. De este modo solicita "todos los expedientes de las ayudas a empresas" concedidas a través de la agencia IDEA por orden de la Consejería de Empleo. Incluidas las ayudas denegadas pero que fueron pedidas por los empresarios ante la Secretaría General Técnica de Empleo mediante una "relación detallada" de personas, empresas o entidades locales.

"Se considera necesario que se examine la totalidad de los expedientes citados y no solo los de mayor cuantía, al poder tratarse las ayudas de menor cuantía de ayudas a empresas". El fiscal aclara cómo estas ayudas pueden haber beneficiado a multitud de empresarios que no merecían las subvenciones y que aún así recibieron ayudas autorizadas por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero: "Empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados en esta trama fraudulenta".

Anticorrupción pide a la magistrada del caso que profundice en "la actividad real de sociedades" utilizadas para el lucro ilícito de los imputados y para determinar el destino de los fondos percibidos para estudiar "su contabilidad, declaraciones tributarias, estructura empresarial y societaria".

Por último, la fiscalía pide a la juez que le requiera a la Agencia Tributaria para que designe un equipo concreto de técnicos para que realice funciones de auxilio judicial y se sume a la ayuda aportada por el técnico que designó en su día la Dirección General de Seguros.


La Junta abonó comisiones en el ERE de la empresa pública Egmasa
Empleo pagó comisiones por despedir 348 trabajadores de una empresa pública.
El ex director general de los ERE salpica otra vez a los exconsejeros
La Junta pagó un 20% de comisiones en una póliza exclusiva a tres intrusos
¿Dónde fué a parar el dinero de los ere?
Del fondo de 647 millones, además de prejubilados, se beneficiaron empresas, bufetes, aseguradoras y sindicatos.
Las comisiones del fondo de los ERE las cobraron a lo largo de 10 años
Las subvenciones beneficiaron a empresas que no estaban en crisis
LOS OTROS COMENSALES DE LA TARTA
Al margen de las consultoras que percibieron ingentes comisiones por gestionar las pólizas de los trabajadores, en el pastel de los ERE participaron bufetes de abogados (encabezados por Garrigues y Estudio Jurídico Villasís). Los letrados facturaron abultadas minutas por las gestiones realizadas para las empresas y las asociaciones de trabajadores, pero que a menudo pagaba la Junta. Si Garrigues dio en la diana con el ERE de Santana, Estudio Jurídico Villasís acertó de pleno con el ERE de la Faja Pirítica. De momento, nadie pone el cascabel al gato y fija la cantidad que estos agentes externos recibieron de la Junta durante una década. Pero no cabe duda de que supera con creces los 10 millones ilegales percibidos por los llamados intrusos.
Junto a los abogados, cuyas facturas también abonaron a veces las consultoras, estas pagaron porcentajes de hasta el 5% a los intermediarios por lograr acuerdos entre la empresa y los sindicatos. Estos últimos también percibieron una pertinente comisión del 1%, al menos en grandes expedientes como Delphi. Era un sistema vicioso porque todos los implicados ganaban dividendos a costa de la Administración. Incluso las empresas solventes, que despedían trabajadores y no asumían los costes de dichos despidos, y a cambio contrataban mano de obra joven y barata.
En manos de la juez está ahora determinar el destino de hasta el último céntimo que no se destinó a las pólizas de los prejubilados. A través de la documentación que debe analizar la Guardia Civil y los interrogatorios a los protagonistas del festín monetario.
Entre los interrogatorios pendientes destaca el de Antonio Albarracín, exdirector comercial de Vitalia, que manejó cifras astronómicas durante 10 años. “Su ventaja era que aplazaba pagos y daba vidilla. Siempre quería vendernos que era muy cercano al PSOE”, relata un sindicalista que pide el anonimato.


El Ministerio de Economía expedienta a la principal consultora de los ERE
El Ministerio de Economía ha expedientado a la consultora Vitalia Vida, principal intermediaria del fraude de los ERE, por los que cobró hasta un 25% de su coste en millonarias comisiones pese a que el mercado fija un 1%. Economía ha expedientado a Vitalia a través de tres procedimientos sancionadores abiertos por la Dirección General de Seguros (DGS), que investiga las operaciones de la compañía y si esta actuaba como correduría de seguros sin disponer de la preceptiva autorización. Vitalia tramitó los expedientes de regulación de empleo donde se incluyeron 60 de los 72 intrusos identificados hasta ahora en el caso.


Hace un año la DGS recibió varias denuncias sobre una posible actuación irregular de entidades del grupo Vitalia. Tras estas denuncias, Economía abrió diligencias previas que culminaron el pasado 28 de noviembre con la apertura de los tres procedimientos sancionadores contra la firma y sus administradores mancomunados, María Ascensión de la Cruz Antona y Roser Massa Dalmau. La investigación para determinar la sanción por operar sin permisos está en marcha, “pendiente de tramitación”, puntualizan fuentes del Ministerio.

Está por ver el alcance de este procedimiento administrativo, que puede culminar con graves sanciones para la compañía catalana. Vitalia forma parte del grupo Eurobank y es una más del entramado de mutuas y bancos preñados de supuestas descapitalizaciones que los juzgados investigan ahora. Las sospechas de la DGS sobre este grupo empresarial no son nuevas. En 2007 Economía ya rechazó la autorización de otra compañía, Vitalia 2006 correduría de seguros SL, para operar como corredor de seguros “por incumplir diversos requisitos necesarios para obtener la autorización”, matizan las fuentes de Economía.

Múltiples investigaciones simultáneas (hasta ocho) analizan las distintas vías delictivas e irregulares del escándalo de los ERE. Mientras la Junta escudriña la documentación sobre expedientes y ayudas directas que concedió y Economía investiga a la principal consultora que repartió comisiones entre conseguidores, bufetes y conseguidores, el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla capitaliza la investigación penal. Pero la magistrada Mercedes Alaya no está sola en sus pesquisas. Una juez de Andújar (Jaén) investiga el delito contra la Hacienda Pública que supuestamente cometió el exchófer del antiguo director general Javier Guerrero con las ayudas por 900.000 euros que recibió. En paralelo, el Juzgado de Instrucción Central 6 de la Audiencia Nacional investiga la supuesta descapitalización de la aseguradora Fortia, anterior responsable de numerosos ERE subvencionados por la Junta. La fiscalía presentó una denuncia contra 25 directivos que investigaba el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, pero dado que el caso afecta a 3.332 prejubilados de todo el país, el Tribunal Supremo decidió que la Audiencia Nacional debía instruir la causa.

Mientras, en Bélgica un juzgado mercantil investiga por un lado la quiebra de la aseguradora Apra Leven (grupo Eurobank) y otro juzgado instruye la causa penal contra sus anteriores administradores. Por último, el Juzgado de Primera Instancia 8 de Sevilla estudia la reclamación de 36 millones a la Junta por parte de los actuales administradores de Apra Leven.

han aparecido ya los dineros.