Mollina - Malaga

Grandes bufetes buscan clientes entre los afectados por el anillo ferroviario

Firmas como Garrigues o Martínez Echevarría han enviado cartas ofreciendo sus servicios a muchos de los 400 agricultores cuyas tierras serán expropiadas - Algunos despachos y abogados particulares también han realizado sesiones informativas en hoteles

27.05.2013 | 05:00

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Imagen en la que puede observarse la enorme extensión de terreno que ocupará el anillo ferroviario en la Vega de Antequera. M. R.
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JOSÉ ANTONIO SAU Que la abogacía es uno de los sectores más afectados por la crisis es algo que está fuera de toda duda. Al alto coste del mantenimiento del despacho se han sumado la Ley de Tasas o la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales –que les obliga a comunicar operaciones sospechosas–. Y, a este cocktail explosivo, se suma la caída de trabajo experimentada por los profesionales: «hay muchos pleitos, pero se cobran muy pocos», dicen. Por eso, la existencia de un proyecto como el del anillo ferroviario de Antequera, que supondrá la expropiación de 880 hectáreas en el corazón de la Vega, es una gran oportunidad para buscar trabajo e ingresos.

Son muchos los agricultores o propietarios afectados, en concreto unos 400, que perderán a manos de la administración 720 fincas (más de 880 hectáreas) en una de las zonas más fértiles de la provincia, donde los cultivos herbáceos y el olivar son los dueños y señores. Sus nombres y DNI ya fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y en él se reflejó la intención de expropiar esas parcelas. Ahora tiene que iniciarse el tortuoso camino administrativo y luego, casi con seguridad, el judicial. Es por ello que grandes firmas jurídicas como Garrigues Walker o Martínez Echevarría, abogados individuales y despachos de todo tipo y tamaño –hasta de Asturias– han inundado Antequera de cartas ofreciéndoles sus servicios a los afectados, según han confirmado a La Opinión de Málaga algunos de los agricultores y propietarios.

Algunos de esos bufetes han realizado incluso sesiones informativas en hoteles antequeranos reuniendo a algunos de los perjudicados. Y, por lo que parece, tendrán que darse prisa, porque el Ministerio de Fomento ya ha asegurado que los primeros tramos saldrán a concurso antes de verano, de tal forma que para finales de año o principios del que viene se iniciarán las obras.

Recientemente se han presentado 1.500 alegaciones tras la exposición pública de este proyecto, que supone la ejecución de un circuito ferroviario circular que pasa por seis municipios de la zona, de tal forma que el circuito principal ocupa 58 kilómetros, en lo que será un banco de pruebas para los trenes de última generación. La inversión asciende a 358 millones de euros, de los que la Unión Europea aporta en torno a 215. El proyecto es el complemento perfecto al Centro Integral de Servicios Ferroviarios, pero ha generado una gran contestación social, sobre todo entre organizaciones ecologistas y agrarias.

El trabajo para los abogados está, primero, en la asesoría a los agricultores afectados durante la negociación de un justiprecio «lo más favorable posible». Y luego, explica el letrado Javier Muriel, cuando ese acuerdo esté tomado, el cliente, si no lo ve claro, puede acudir a un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para pedir la nulidad de la resolución. «Los letrados se llevan un tanto por ciento de la cantidad que se consiga aumentar el justiprecio, entre un 10% y un 15%. Hay negocio para los despachos. Muchos buscan agrupar a la mayor parte de afectados posibles para que haya unidad de criterio», dice.

Daño ecológico

El presidente de Asaja, Carlos Blázquez, que defiende a muchos agricultores de la zona, dice que ya tiene a sus abogados estudiando el asunto de las expropiaciones. Sólo ve inconvenientes: «No es sólo la vía, es que la finca queda cortada y se destrozan los dos lados. Hay un gran daño ecológico y para los agricultores se pierden los acuíferos, y al ser una zona inundable hay que hacer la vía en alto, usando mucha arena. Eso se puede hacer en cualquier sitio, no aquí, en la zona más productiva de Málaga. Se van a perder 50.000 jornales y Guadix lo ha pedido».

Blázquez recuerda que Bruselas da el dinero pero no tiene por qué ser para este proyecto, que además requerirá un mantenimiento de tres millones de euros frente a unos ingresos de 1,92 millones, según Asaja. Por no hablar de la oposición de todos los municipios a este asunto –salvo Antequera–. Hay dos pueblos que quedan encerrados por las vías.

Empleo precario

La portavoz de la Plataforma No al Anillo, Mae Maldonado, asegura que esto no va a crear empleo, sólo el trabajo precario de la construcción. Hay quien habla de entre 7.000 y 10.000 empleos, pero lejos de Antequera. «Les dijimos que si se comprometían a contratar gente de Antequera nos disolvíamos, pero ni nos reciben», dice. Anuncian movilizaciones.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha mostrado su disposición a hablar con los otros alcaldes contrarios al anillo, aunque lo hará cuando «salga el concurso». «Creemos en este proyecto siempre que sea factible y viable, si no no entiendo que haya un interés claro», dijo, para aclarar que lo ideal aquí es la existencia de un plan de negocios de futuro en 20, 30 o 40 años.

Se quejó de que no se le haya tenido en cuenta para algunas reuniones y aseguró que defenderá «a los agricultores al cien por cien; compatibilizaremos la labor de innovación con la agrícola», pese a una mínima afección.


(Cascajo y compañía, ya podéis apuntaros, estos abogados por su cache deben ser los mejores)

Condezucho vete a la mierda. Son suficientes argumentos

Como sabes dónde mandarme, voy a tener que creer, que tú no sales de ella en todo el tiempo, siempre la tienes en la boca.