Mollina - Malaga

El presidente de Asaja Málaga, Carlos Blázquez, que de nuevo califica el anillo como «una barbaridad que hará perder 55.000 jornales anuales». Según el último documento enviado por el ministerio, se expropiarán 8.179.276 metros cuadrados de terrenos catalogados como suelo rural y 380.594 metros cuadrados de afecciones a viario.

La organización agraria, al igual que la plataforma en contra del circuito de pruebas y ensayos, lleva desde el principio manifestando su oposición a que este proyecto se desarrolle en la comarca de Antequera por lo que supone para uno de los principales sectores económicos de la ciudad, el agrario, y por la riqueza natural de la zona. Una negativa que también ha manifestado la alcaldesa de de Humilladero, Noelia Rodríguez, quien en estos días está con técnicos municipales analizando el último documento enviado. «El circuito pasa de estar a 125 metros de la pedanía de Los Carvajales a estar a sólo 85, además nos preocupa la afección al acuífero del que se abastece el pueblo», indicó en las primeras apreciaciones. En su caso el alcalde de Mollina, Francisco González, se muestra cauto ante el proyecto que dice disminuye levemente la afección al pueblo. «Ha pasado de afectar a unas 1.000 fanegas a 147», explicó el regidor quien añadió que lo están mirando con lupa y espera una reunión urgente con Adif.

Entre los puntos que más preocupan a esta localidad está el falso túnel de 500 metros que refleja el último informe en la zona de la Sierra de la Camorra. «Va soterrado y tememos que pueda afectar a nuestro acuífero, y una zona de escombrera muy cerca del Ceulaj, demasiado cerca del pueblo», dijo González. En estos días, los ayuntamientos son los puntos de encuentro de los expropiados, primeros afectados directos de este macro proyecto que supone la construcción de 58 kilómetros de circuito de pruebas a los que se suma, en un trayecto de 19,6 kilómetros, un circuito secundario compuesto por dos vías para distinta homologación.
El alcalde de Mollina no descarta movilizaciones en caso de que se vean daños para sus municipios. Por su parte, Blázquez dijo «no descartar ninguna acción social o judicial».