Mollina - Malaga

La ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aprobada por el Gobierno del PP, a propuesta del Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón, ha impuesto tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a todas las personas físicas y jurídicas en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social (antes sólo existían tasas para las personas jurídicas en el ámbito civil y contencioso-administrativo). Dicha reforma se hace bajo los falsos argumentos de descongestionar la excesiva litigiosidad y de conseguir fondos adicionales para mejorar el sistema de financiación de la justicia en España.

Pero lo cierto es que esta ley esconde un nuevo ataque a la inmensa mayoría de la ciudadanía, especialmente aquella más vulnerable, pero esta vez dando un paso más allá, ya que choca frontalmente contra uno de los artículos especialmente protegidos por la Constitución española, ese texto tan adorado como vulnerado por la derecha. En efecto, el Gobierno, al aprobar esta ley, ya no sólo se dedica a desmantelar los derechos sociales y económicos recogidos en el Capítulo III del Título I, sino que obstaculiza o impide el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva del art.24 de la CE, objeto de especial protección al ubicarse en la Sección 1ª, del Capítulo II, del Título I. En este sentido, no es necesario ser un erudito en leyes para concluir que la imposición de estas tasas de forma generalizada para la inmensa mayoría de la población supone un grave obstáculo para poder obtener justicia ante los tribunales, además de una vulneración, también, del derecho a la igualdad establecido en el art.14 de la CE. Más aún cuando el importe de la tasa se establece no en base a la renta del sujeto pasivo que litiga, sino en base al tipo de procedimiento y a su cuantía. El PP llega a prostituir tanto el lenguaje que expone en el preámbulo que el coste de la justicia tiene que ser asumido por quien más se beneficie de ella. Como si el ejercicio de un derecho fuera como acudir a una tienda a comprarse un bolso.

Hay que recordar que el actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ahora exgrime como una de las razones para aprobar esta ley de tasas, la mejora de la financiación de la justicia, dejó la Alcaldía de la ciudad de Madrid con un endeudamiento, en 2011, de 6.347.900.000, lo que suponía un 22,5 % de la deuda pública de todos los Ayuntamientos de España y no precisamente para implantar el mejor sistema de servicios sociales, sino por obra y gracia de enormes gastos públicos en obras faraónicas (como la M-30), antiecológicas y despilfarradoras. Por otro lado, el señor Gallardón ha jugado durante mucho tiempo a ser el representante del ala moderada del PP, en aquel eufemismo que en una determinada época se hizo llamar “centro reformista”. Sin embargo, desde que fue nombrado Ministro, Gallardón parece haber cambiado súbitamente de piel con el más que probable objetivo de avanzar puestos entre la parte más retrógrada de la militancia del PP en la carrera por la sucesión de Rajoy. Sólo de esa manera se puede entender reformas tan regresivas como la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la demagógica reforma del Código Penal, la reforma de la ley de justicia gratuita o esta nueva ley de tasas (a la que parece que le va a unir la privatización de los registros).

Centrándonos en lo que establece la ley, hay que decir que afectará a todo tipo de procesos con muy contadas excepciones, como es en el caso de los procesos penales, militares y algunos otros establecidos en el Art.4 . Pero a pesar de estas excepciones, esta ley de tasas afectará a la inmensa mayoría de la ciudadanía (no a las administraciones públicas), para la inmensa mayoría de los procesos e independientemente de la capacidad adquisitiva de los litigantes. En este sentido, el preámbulo de la ley establece, sin sonrojo alguno, que “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita”. Pero hay que saber que este derecho a la justicia gratuita (aplicado por una ley en proceso de reforma, con malas expectativas por cierto) está limitado a aquellas familias cuyos ingresos, de todo tipo, por unidad familiar, no superen el doble del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos), que en el año 2012 sería el doble de 7.455,14. Es decir, una renta familiar de menos de 15.000 euros anuales (o dicho de otra manera, una renta por unidad familiar inferior a 1.065,02 euros mensuales). Acceso que, por otra parte, al que se accede después de un farragoso procedimiento para ser defendido por un letrado/a que cobrará tarde y mal (dicho con todo el respeto que me merece la actuación de muchos de estos abogados y abogadas).

La ley establece una tasa fija, en base al tipo de procedimiento, y otra variable en base a su cuantía. Respecto a la cuantía fija las cuantías van desde los 100 euros hasta los 1.200 euros, a los que habrá que sumar la parte variable que se calcula aplicando un tipo de gravamen a la cuantía del procedimiento del 0,50 para pleitos de hasta 1 millón de euros, y 0,25% para cantidades superiores. En el ámbito social, el Gobierno ha querido vender como un indicador de su gran sensibilidad ciudadana la exención de un 60 % para los trabajadores y autónomos que recurran en suplicación y casación. Además, el ministro Gallardón ha querido dar un golpe de efecto al anunciar que las víctimas de violencia machista o maltrato infantil, las de terrorismo y las de trata de mujeres, tendrán derecho a la justicia gratuita con independencia de su nivel de renta. Veremos si no es un nuevo engaño al que nos tiene acostumbrados el gobierno del PP. De momento el PP ha rechazado que las mujeres víctimas de violencia de género sean eximidas de la tasa por plantear una demanda de separación o divorcio.

Respecto a la reducción del 60 % para trabajadores y autónomos (no para comités de empresas o sindicatos) en el ámbito social para los recursos de suplicación y casación, suponen el pago de 200 y 300 euros respectivamente. Una cantidad que obstaculiza el derecho a la defensa de los miles de trabajadores sometidos a los miles de procesos de despido o procesos de reclamación de cantidad, producidos en una situación de crisis al amparo de la lamentable reforma laboral.

Pero hay muchos otros ejemplos que ilustran muy claramente la absoluta injusticia que supone esta ley. Aquí van algunas de las tasas a las que tendrá que hacer frente el litigante:

- Multa de tráfico de 90 euros que no conlleve la retirada de puntos:200 euros
-Reclamar una factura errónea de teléfono, luz o gas por valor de 80 euros: 200 euros.
- Reclamar un vuelo cancelado sin motivo que provoque al pasajero daños valorados en 2.500 euros: 312
- Denuncia de un jubilado para reclamar el pago de sus ahorros de 128.000 euros contra el abuso del banco por las preferentes: 940 euros.
- Demanda civil por poco más de 1 millón de euros a la aseguradora por accidente de tráfico con consecuencia de lesiones graves: 17.000 euros si se llega al Supremo.
- Proceso de herencia de 600.000 euros: 3.300 euros

Estos son algunos de los ejemplos más chocantes, pero en definitiva, el pago casi generalizado de tasas es injusto en todos los casos, ya que crea una desigualdad entre aquellas personas que pueden permitirse pagar para obtener justicia, y aquellos que no podrán pagar y que, por tanto, no tendrán derecho a la tutela judicial efectiva establecida por la Constitución española.

Además, hay que resaltar que esta ley de tasas se une a otras medidas como la progresiva reducción de los presupuestos destinados a la administración de de Justicia, la congelación de oposiciones para todas las escalas, la asfixia a la que se somete al turno de oficio de los abogados, etc, lo que la hace doblemente dañina. Tal es el deterioro que se está produciendo, que el Gobierno del PP ha conseguido unir en su protesta contra estas políticas a todas las asociaciones de jueces y fiscales de este país( incluyendo aquellas más conservadoras), consejo general de la abogacía, así como a todos los partidos políticos (excepto el PP), sindicatos y asociaciones de consumidores, lo que podría catalogarse casi como un milagro en un ámbito tan sectorial como es el de la justicia. Ese sentido unánime contra esta deplorable ley de tasas y el anteproyecto de ley de justicia gratuita ha dado lugar a constituir la Plataforma "Justicia para todos", compuesta por El Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios, UGT, CC.OO., USO y CSI-F. Además, numerosas organizaciones sociales y políticas han reclamado la presentación de un recurso de inconstitucional contra esta ley, guante que parece que recogerá el PSOE (que tiene los 50 diputados o senadores requeridos para presentarlo) y algún gobierno regional. Ya veremos si la Defensora Soledad Becerril sigue siendo la guardiana de los derechos de los fuertes o nos sorprende también presentado dicho recurso.

En definitiva, un nuevo frente ciudadano contra los ataques clasistas de la derecha, en lo que supone una vuelta a tiempos pasados en los que sólo las clases acomodadas, previo pago de considerables cantidades de dinero, podían acudir a los tribunales a defender sus derechos.

Mientras tanto, a las clases populares sólo nos quedará el remedio de acudir a la parroquia más cercana a implorar justicia divina.