Mollina - Malaga

EL MUNDO:

El informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía a la partida presupuestaria 31L -más conocida como el 'fondo de reptiles'- pone en evidencia el cúmulo de irregularidades cometidas por el Gobierno andaluz durante una década, desde 2001 a 2010, con 709 millones de euros que debían destinarse a la lucha contra el paro.

Respecto a las transferencias de financiación, que era el instrumento utilizado por Empleo para pagar dichas ayudas y de las que la juez que investiga el caso cuestiona su legalidad, la Cámara de Cuentas concluye que, "con independencia de la cobertura dada por las leyes de presupuestos", se ha hecho un "uso inadecuado de esa figura como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar" las ayudas.

Con respecto a la ayudas socio-laborales, el órgano fiscalizador sostiene que el procedimiento para su concesión se ha llevado a cabo al margen de la legislación vigente para este tipo de ayudas y "no ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad, coberturas y condiciones".

En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, certifica que "con carácter general se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto" y no se ha exigido ni quedado acreditado el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas ni la correcta aplicación de los fondos.

Los auditores de la Cámara de Cuentas han detectado en el trabajo de campo irregularidades en un determinado número de beneficiarios de las ayudas socio-laborales que han puesto en conocimiento de Empleo para su verificación. También han comprobado que los gastos externos o comisiones pagadas por las pólizas de los beneficiarios de las ayudas son superiores a la media del mercado, lo que ha dado lugar a la suspensión de pagos hasta la justificación de los importes abonados.

Asimismo, el órgano fiscalizador indica que la calificación de las ayudas a empresas como subvención excepcional ha dado lugar "a un abuso del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión". Esto, según el informe, se ha puesto de manifiesto en hechos como la concentración de ayudas en determinadas zonas -Sierra Norte de Sevilla-, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido.

De todas estas situaciones, la Cámara concluye que "pueden derivase, entre otras, responsabilidades contables y administrativas".

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