Mollina - Malaga

Y a dos ex directores generales
Alaya impone una fianza de 671 millones al ex viceconsejero Barberá
La juez pide 490,3 millones a Agustín Barberá; 173,9 a Juan Márquez, y 7,3 a su predecesor, Daniel Alberto Rivera.

La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados fraudulentamente por la Junta de Andalucía y las ayudas a empresas, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 490.324.096,82 euros al exviceconsejero de Empleo de la Junta Agustín Barberá, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de 624 millones.

Barberá se negó a declarar ante la Comisión de Investigación a finales del mes de agosto como también hicieron el ex director general Juan Márquez y su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera.

En un auto dictado el pasado día 31 de julio, la juez Alaya impone además una fianza civil de 173.941.928,06 euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, para quien la fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de 205 millones, y de 7.282.653,31 euros a su sucesor en este cargo, Daniel Alberto Rivera, para quien la Fiscalía solicitó el pago de 57 millones de euros. 671,5 millones en total que tienen como finalidad hacer frente a las diferentes responsabilidades económicas a las que hubiera lugar.

En el auto, la juez dice que "resulta evidente" que las medidas cautelares adoptadas "tienen una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta de Andalucía".

Según el auto, a la hora de establecer las fianzas, "sólo se han tomado en consideración las ayudas sociolaborales y directas que se han concedido en el periodo en que cada uno ejerció su cargo, sin tomar en consideración a los solos efectos de tales medidas los pagos de subvenciones anteriores".
Habrá embargos si no se asumen las responsabilidades

En el caso de Barberá, la juez dice que las ayudas que, "con indiciario conocimiento de la total ausencia de procedimiento", fueron concedidas en su periodo como exviceconsejero, ascienden a 367.743.072,62 euros, a lo que suma el tercio legal previsto, fijando por tanto la fianza civil en 490,3 millones.

En el caso de Juan Márquez, el importe de las ayudas concedidas "siendo sabedor de la misma ausencia de procedimiento" asciende a 130.456.446,05 euros, por lo que teniendo en cuenta el tercio legal referido la fianza se fija en 173,9 millones.

Respecto a Rivera, la juez señala que las ayudas concedidas suman 5.461.989,98 euros, aunque afirma desconocer si en los tres primeros meses de 2011 los pagos que se realizaron fueron de ayudas anteriores o de nuevas ayudas". Sumando el tercio previsto, la fianza es de 7,2 millones.

En el auto, la juez advierte de que, en caso de que los tres imputados no depositen la fianza exigida en el plazo previsto, se ordenará el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades.

Los tres ex altos cargos comparecieron ante la juez instructora el pasado mes de julio, tras lo que fueron puestos en libertad con cargos.

Pedro de Tena para L.D.

Tongo en la Comisión de los ERE
Falta el informe clave

La comisión que investiga los ERE no podrá contar con la auditoría de la Cámara de Cuentas, encargada por el Parlamento andaluz hace ya 17 meses y uno de los documentos más esperados. El informe auditor fue filtrado a la prensa hace meses con gran escándalo por cuanto señalaba al consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al propio presidente José Antonio Griñán, por dotar y ampliar el fondo de reptiles cuando era Consejero de Hacienda. Pero el informe desapareció de la circulación y la Junta presionó para que se alterara el informe, precisamente realizado bajo la autoridad del hoy consejero de la Junta y miembro de IU, Rafael Rodríguez.

Aunque el informe ya estaba elaborado, se han justificado los retrasos en su entrega a la Comisión por las elecciones autonómicas, primero, y la publicación del anteproyecto por ABC. El caso es que el retraso impedirá que llegue al grupo de trabajo antes de la segunda ronda de comparecencias.

Según la Cámara de Cuentas, el informe lo ratificará su pleno a finales de este mes de septiembre, cuando la comisión se siente a elaborar sus conclusiones, aunque no se ha descartado que se presente más tarde, incluso en octubre.

La comisión tiene como fecha tope el 30 de septiembre para elevar sus conclusiones al Parlamento pero dado que hay más comparecencias, es posible que se altere.

IUy PP —por segunda vez— han pedido que se le remita el informe. En estos momentos, la auditoría está a la espera de que Empleo, esto es, la Junta de Andalucía, formule sus alegaciones.

Según ABC, el plazo (quince días hábiles) vence el día 19, pero puede solicitar una prórroga. Con posterioridad, el equipo de fiscalización estudiará las alegaciones, incorporando las que estime oportunas, y una comisión técnica revisará los cambios. Sólo entonces el informe provisional podrá ratificarlo el Pleno cameral, donde el PSOE tiene la mayoría.
Una filtración demoledora para el PSOE y la Junta

El lunes 28 de mayo de este año el diario ABC publicaba el contenido del informe explicando que el documento obraba en su poder. Por ello, ante el revuelo despertado y la petición de dimisión del presidente Griñán por parte del PP, el PSOE comenzó su contraofensiva. Finalmente la presión condujo a la Cámara a tener que explicar públicamente su versión de la filtración en vez de publicar, como es costumbre, el documento en su página web.

El informe filtrado era un informe elaborado por tres auditores y dos técnicos del ente, esto es, no una ocurrencia ni un borrador preliminar, que relaciona y demuestra las irregularidades en la concesión, gestión y control de las subvenciones, con cargo a la partida 31-L, el famoso "fondo de reptiles" repartidas entre falsos prejubilados y empresas, muchas de ellos vinculados al PSOE, a los sindicatos y a la Junta.

El documento era tan comprometedor que, ante la estrategia del PSOE, el presidente de la Cámara ha anunciado que llevará la "revelación de secreto" ante la Fiscalía. Pero al mismo tiempo, dejó caer que, hasta que esté "terminado", el informe "podrá incorporar modificaciones" durante su tramitación.

Pero ante la insistencia de los periodistas, López admitió que recibió una llamada del entorno del Gobierno para expresar su malestar por "la filtración" al entender que dejaba a la Consejería de Empleo y también al propio presidente en una clara "indefensión". A pesar de ello, dijo no haber recibido una presión política. La Junta llegó a hablar de "sustracción de documentos" y se puso en marcha la caza del "topo", pero no se explicó a los ciudadanos el destino de más de mil cuatrocientos millones de euros (1.217 millones de euros hasta el 15 de mayo) de fondos públicos entregados sin control entre 2001 y 2010.
Dimisión repentina de la interventora general

Justo en aquellos momentos, Rocío Marcos, interventora general de la Junta de Andalucía, dejó el puesto a petición propia y en su lugar el Consejo de Gobierno nombró, a propuesta de la consejera de Hacienda y Administración Pública, a Adolfo José García. Marcos sucedió en el cargo a Manuel Gómez Martínez, que fue quien, en tres informes sucesivos (quince advertencias según sus declaraciones en la Comisión), señaló las irregularidades encontradas en las tramitaciones de los ERE y las subvenciones a empresas, aunque no culminó su tarea con un informe de actuación que era de esperar según la normativa vigente.

Miguel Ángel Vázquez, portavoz del gobierno andaluz, se esforzó en hacer creer que la dimisión de la Interventora no estaba relacionado con los ERE irregulares de la Junta y se refirió a "argumentos personales" para explicar su marcha. Precisamente, Rocío Marcos era una de las personas que el PP quería que compareciera en la comisión de investigación.

Pedro de Tena para L:

Mentiras, mentiras y mas, mentiras.

!!pobrecitos, y ahora piden un rescate!!!

caraduras y peripateticos.