Mollina - Malaga

Sebastián Torres | Antonio Salvador | Sevilla



La diputada de IU Alba Doblas ha pedido al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Juan Márquez, que haga "un esfuerzo" y aclare ante la opinión pública el escándalo de los ERE, que "está dejando por los suelos a la institución". "Los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía tienen ya muy poco aguante", le ha advertido, pero Márquez se ha negado a contestar.

Ninguno de los seis comparecientes que han desfilado hasta el momento por la comisión de investigación de los ERE ha accedido a contestar a las preguntas del Parlamento de Andalucía. Juan Márquez, director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2008 y 2010, ha sido el último en acogerse a su derecho a no declarar alegando "elementales razones de prejudicialidad" al hallarse imputado por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en una causa que investiga los mismos hechos que la comisión parlamentaria.

Los que no han declarado ante la juez Mercedes Alaya -como el ex diputado socialista Ramón Díaz , el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet o el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas- manifiestan su deseo de que sea en sede judicial donde por primera vez contesten a preguntas sobre los ERE. Los que sí han comparecido ante la juez Alaya -como el ex director general Javier Guerrero y su sucesor, Juan Márquez- prefieren también guardar silencio.

El tiempo perdido por el Parlamento de Andalucía para dar luz verde a esta comisión de investigación ha convertido la instrucción judicial abierta en la coartada perfecta para dificultar el cometido de los comisionados: buscar la verdad de lo ocurrido y determinar las responsabilidades políticas.

El PSOE impidió en diez ocasiones en el Parlamento de Andalucía la creación de una comisión de investigación sobre el fraude de los ERE. Lo hizo en la pasada legislatura, rechazando sistemáticamente cualquier intento de la oposición -entonces formada por el PP e IU- de depurar responsabilidades políticas por el mayor escándalo de corrupción de la historia autonómica.

El resultado de las elecciones autonómicas y la necesidad de pactar con IU -que se comprometió ante notario a investigar los ERE en sede parlamentaria si alcanzaba el Gobierno- obligó al Ejecutivo de José Antonio Griñán a crear una comisión de la que ahora el PSOE se declara "impulsor".

Por ello resulta más paradójico aún que los supuestos "impulsores" de la comisión de investigación guarden ahora silencio cuando les toca el turno de interrogar a los comparecientes, reconociéndoles el derecho a no tener que escuchar las preguntas sobre el uso supuestamente ilegal de más de mil millones de euros de fondos públicos en diez años.

El PSOE rompió su silencio el miércoles, durante la segunda sesión, para realizar tres preguntas a Javier Guerrero, "dada la especial importancia de su comparecencia". Dos de ellas resultaron desconcertantes (¿Fue usted director general de Trabajo? ¿Se ratifica en lo dicho ante la Guardia Civil y la juez?). La tercera (¿No llamó usted fondo de reptiles a una partida recogida en el presupuesto?) parecía formar parte de una campaña de lavado de imagen más que de búsqueda de la verdad.

Ante esta situación, las intervenciones de los partidos políticos que sí preguntan, el PP e IU, bien sea para tratar de espolear al compareciente o simplemente para desahogarse, han comenzado a adquirir cierto colorido.
De fondo de reptiles a agujero negro

La diputada de IU Alba Doblas comenzó a utilizar ayer la expresión fondo de reptiles que tanto irrita a su socio de Gobierno en la Junta de Andalucía y, especialmente, al presidente José Antonio Griñán. El diputado del PP Rafael Salas ha utilizado una nueva expresión que puede resultar gráfica para referirse al programa presupuestario 31.L cuyos fondos se gestionaron durante diez años sin ajustarse al procedimiento legal establecido: un agujero negro.

Al terminar el interrogatorio de IU a Juan Márquez, en el que se han deslizado expresiones como "este escándalo, esta vergüenza", la diputada Doblas ha aprovechado su tiempo para lanzar una suerte de alegato: el derecho a no declarar "puede atentar", según ha dicho, contra la obligación de aclarar ante la opinión pública qué es lo que ocurrió en la Consejería de Empleo durante una década. "La institución está por los suelos y los andaluces tienen ya muy poco aguante".

Durante el interrogatorio del PP se han vuelto a repetir escenas que ya se vieron ayer: protestas del compareciente y protestas del PSOE. Juan Márquez sintió su honor herido cuando Rafael Salas le preguntó si, al dar la orden de que se reconstruyeran expedientes, no se estaba "tapando un fraude con otro fraude".

El presidente de la comisión, el diputado de IU Ignacio García, ha resuelto la cuestión como en días anteriores: es una pregunta del PP y no una afirmación. Salas le ha recordado a Márquez que no es "ni un juez ni un fiscal ni un abogado" simplemente un diputado que está haciendo su trabajo para tratar de aclarar el escándalo.

A continuación se produjo la (clásica) protesta de la portavoz socialista, Antonia Moro, cuando el popular Rafael Salas preguntó al compareciente por la relación entre el escándalo y los intereses del Partido Socialista. El presidente de la comisión solventó la cuestión así: "El compareciente puede contestar que no".

¡Qué sinvergüenzas!

Me alegra saber que en algo estamos de acuerdo......

Aquí, tienen un buen enlace, véanlo completo es suculento y hay mucho dinero de por medio.

Conoceis alguna comisión de los escándalos de la derecha del PP que se televise en abierto sin censura?.

Leer a esta señora comentar lo que ellos no son capaces de hacer es un poco chocante, y ya te digo que tenéis mierdda como para superar en capítulos a Arrayan.