Mollina - Malaga

Las brutales "medidas de ajuste" que se anuncian para dentro de una semana están orientadas a atacar a los sectores más sensibles de la sociedad española:

los pensionistas, los desempleados y el personal interino de las Administraciones públicas.

Rajoy ha iniciado su revolución conservadora consistente en poner el país patas arriba.


Las "medidas de ajuste" que -según se anuncia- serán promulgadas dentro de una semana por el gobierno del Partido Popular están orientadas a atacar a los sectores más sensibles de la sociedad española .


Se centrarán en tres aspectos básicos y fundamentales del gasto público: las pensiones, las prestaciones por desempleo y los costes de personal de las Administraciones públicas.

Traducido a la realidad cotidiana esto significa que serán los pensionistas, los desempleados y los empleados interinos del aparato del Estado los próximos sectores sociales que sufrirán el asalto salvaje del Ejecutivo del PP.


Según los globos sondas lanzados por el propio Gobierno con objeto de auscultar la respuesta social a sus próximas embestidas, el gabinete ultraconservador pretende reducir de los 24 meses actuales a sólo 18 el cobro del subsidio de paro. Ni que decir tiene que las repercusiones de todo tipo que tal medida va a tener sobre una población de 6 millones de parados son incalculables, pues no sólo afectará a los titulares del subsidio sino a todo su conjunto familiar. En la actualidad, la prestación media por el paro alcanza los 919 euros. Con la reducción de seis meses de esa vital prestación el Gobierno pretende ahorrarse 15.000 millones de euros.



Otra de las medidas filtradas que el Gabinete conservador tomará el próximo viernes 13 de julio es la de la congelación de las pensiones durante el año 2013, así como la eliminación del período transitorio para la jubilación a los 67 años.



Finalmente, Rajoy y su equipo "técnico" pretenden dirigir el grueso de sus torpedos recaudatorios hacia los casi 300.000 laborales interinos que existen en el conjunto de las diferentes Administraciones del Estado, incluidas las autonómicas.





PONER EL PAÍS PATAS ARRIBA


Pero la cascada de medidas del plan gubernamental no va a concluir con la agresión a los sectores sociales señalados. Se pretende además proceder a una privatización generalizada de las empresas públicas existentes. El propósito de Rajoy es ceder el papel protagonista en este proceso privatizador de las empresas públicas a los gobiernos de las comunidades autónomas. En lo que se pretende sea una "habilidosa" jugada, sus asesores estudian los procedimientos para reducir los anticipos de Tesorería a las Comunidades autónomas, forzando que sean sus propios Gobiernos los que se vean obligados a privatizar las empresas públicas en cada comunidad o, en caso contrario, poniéndolos en la tesitura de proceder al despido masivo de laborales. De esa manera, a los responsables autonómicos no les quedará siquiera la oportunidad de escribir aquello del "imperativo categórico" que en su día utilizara el inefable vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas.



Sin embargo, el proyecto de poner al país patas arriba para cumplir con la palabra dada a los banqueros alemanes no concluye tampoco con esta cadena de medidas. Se augura, igualmente, que Rajoy procederá al cierre de televisiones públicas y a incrementar el IVA tal y como le han exigido sus patrones noreuropeos. De manera que los productos gravados al tipo reducido del 8% pasarían a partir de ahora nada menos que al 23%, aunque algunos especialistas opinan que finalmente el incrmento podría quedarse en un 18%. Los efectos que se presagian para el sector turístico, de aplicarse estas subidas, son realmente nefastos. Supondrían un impacto negativo de 1.005 millones de euros anuales, con una pérdida de 150.000 empleos de aplicarse la subida del 23%, según estiman los expertos.





EPÍLOGO: SI DENTRO DE TREINTA AÑOS...


Hace unos días el Cuerpo de Inspectores de Hacienda volvían a calificar de "muy injusta" y "anticonstitucional" la nueva disposición puesta en marcha por Cristóbal Montoro, para proceder a lo que eufemísticamente se ha llamado "amnistía" fiscal. Ésta supondrá - protestaron los inspectores - "legalizar la evasión de decenas de miles de millones de euros efectuada por los grandes capitales del estado e implicará dejar de recaudar entre 25.000 y 37.000 millones de euros".



Lo paradójico del asunto es que los delincuentes evasores se han atrevido a protestar a través de sus representantes porque estiman que las medidas del magnánimo ministro no les concedían "suficientes ventajas" para poder proceder al regreso de sus capitales tránsfugas. Con benevolencia el ministro ha procedido a realizar las rectificaciones oportunas (1) para permitir que la nueva normativa responda a los deseos de estos forajidos de cuello blanco y sortijas de brillantes.



Todo esto nos lleva a una breve y atónita reflexión.

Si dentro de tres o cuatro décadas alguien se acerca curioso a las hemerotecas para repasar las amarillentas páginas de la prensa de papel correspondientes al año 2012, se interrogará, sin duda, acerca de la enfermedad terrible de la que debía adolecer la sociedad de esta época, que fue incapaz de interpretar el sentido de los acontecimientos que en ella sucedieron y de reaccionar en contra de las despóticas evidencias que la rodearon.



Pero si transcurridos esos 30 años los hombres y mujeres de entonces continuaran permaneciendo igualmente incapacitados para dar una respuesta a situaciones semejantes, las personas lúcidas de esa época tendrían todas las razones de su parte para desconfiar definitivamente, de las posibilidades del género humano.