Mollina - Malaga

El todavía coordinador de IU en Andalucía, Diego Valderas, calla ante el descafeinamiento de la investigación parlamentaria sobre los ERE promovido por el PSOE, con cuya mera constitución formal parece quedar satisfecho tras haber aprobado la investidura de Griñán como presidente de la Junta de Andalucía. Cabe preguntarse, como hacía el diputado de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo: "¿Quién comparece? ¿El portero de la Consejería de Empleo?".

Basta con que Griñán ordene al grupo parlamentario socialista andaluz que no admita su comparecencia para que la misma no se produzca, según sus propias declaraciones. De momento, la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta, Susana Díaz, no encuentra motivos para que no sólo Griñán sino ningún miembro del gobierno de la Junta de antes y de ahora comparezca por no haber tenido conocimiento de las irregularidades. Este argumento se estrella contra todo un atestado de la Guardia Civil de 300 páginas que invalida la contundente presencia carcelaria de un exconsejero, Antonio Fernández.

Tampoco comparecerá la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que confesó públicamente haber recibido los informes de la intervención dirigidos a Griñán que alertaban de las irregularidades en la tramitación de los ERE y las ayudas directas a empresas. Aguayo, según sus propias declaraciones, metió tales informes en un cajón por lo que, según ella, Griñán nunca los conoció.

La papeleta de IU

Como señala El País, el PSOE depende de IU en esta grave coyuntura política e histórica. Le faltan diputados para vetar tanto el listado de comparecientes como la duración de la comisión. Para una formación como IU, la situación es especialmente embarazosa, sobre todo para su coordinador Diego Valderas, quien ha impulsado el acuerdo de gobierno con un PSOE al que ahora se exige comparecer como implicado en el escándalo de los ERE.

Más embarazosa es aún la situación porque se ha sabido que el actual consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, cabeza del comunismo malagueño, fue director durante casi un año del informe de la Cámara de Cuentas filtrado a la prensa y según el cual, el consejo de gobierno y especialmente José Antonio Griñán y Manuel Chaves eran los responsables del desaguisado de los fondos públicos y de haber aceptado el fondo de reptiles como procedimiento habitual.

Si admiten la comparecencia de Griñán y Chaves, tendrán que admitir a todo el mundo, incluido algunos consejeros de IU.

El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, no descarta a "absolutamente nadie" para que vaya a la Cámara a ofrecer su versión de los hechos pero no menciona nombres. Juan Manuel Sánchez Gordillo, el diputado díscolo de IU, ya ha dicho que sin Chaves y Griñán la Comisión de Investigación sería "una tomadura de pelo" y se ha preguntado si el PSOE quiere que comparezca el "portero de la Consejería".

Este miércoles se reúne la Junta de Portavoces en el Parlamento para decidir la constitución de la Comisión en cuestión. El PSOE quiere que la comisión llegue a conclusiones antes de fin de julio, a lo que ser opone el PP y parte de Izquierda Unida explícitamente.

La posición del PP

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ya pidió que el Parlamento aprobase "cuanto antes" la puesta en marcha de una Comisión de Investigación sobre los ERE falsos, e incluso propuso que se habilitara el mes de julio para ello, después de conocer el informe de la Cámara de Cuentas apunta directamente a Griñán y a Chaves como responsables de las irregularidades.

El PP quiere que comparezcan Chaves y Griñán, y también la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Además, están en la lista los exconsejeros de Empleo Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Manuel Recio; los de Innovación Francisco Vallejo, Martín Soler y el actual, Antonio Ávila, o los directores generales Juan Márquez y Daniel Rivera, entre otros.

El silencio de los corderos

En el servicio de búsqueda de la pagina web de UGT es imposible encontrar referencia alguna a esta Comisión de Investigación, cuyo objeto es aclarar el destino de al menos 1.200 euros, la mitad de los dineros que hay que recortar en Andalucía en el presente ejercicio. Es sabido que la UGT andaluza está implicada en los hechos, vía representantes e intermediarios y vía intrusos colocados en los diferentes expedientes. Asimismo, se conoce que cobró dinero por participar en la elaboración de los ERE investigados judicial y políticamente. Tampoco se ha ofrecido a comparecer voluntariamente para aclarar los hechos. Cuando se hace lo propio en la web de Comisiones Obreras de Andalucía la única investigación exigida por esta organización es la filtración de unas preguntas en unas oposiciones a Policía Local en Granada.

La Confederación de Empresarios de Andalucía -por cada ERE hay un empresario y empresa-, se ha limitado a mostrar su preocupación por la imagen de Andalucía. Ni una palabra más.