Mollina - Malaga

Cuando el PSOE llegó al poder en Andalucía en 1982 sólo existía una televisión en España, Televisión Española, y dos canales, la 1 y la 2. Diez años más tarde, en una operación de pluralidad controlada, surgían Antena 3, Telecinco y Canal Plus, estas dos últimas, hasta hoy, inclinadas a la defensa del PSOE. Antena 3, en manos de Antonio Herrero, Federico Jiménez Losantos, Manuel Martín Ferrad y otros “indeseables” fue dinamitada. Pero en Andalucía, desde los vídeos comunitarios a las televisiones locales ilegales hasta controlar la distribución de licencias, el poder socialista ha sido intenso. De hecho, se obligó a las Cajas de Ahorros a participar en la financiación de la Operación Localia, algo bien querido por Juan Luis Cebrián y fracasado después. Este capítulo trata de aclarar el cómo, el cuándo y el por qué.

“EL PSOE CERRÓ LA EMISORA MALAGUEÑA ONDA 8. UN CASO DE REPRESIÓN DE LA LIBERTAD EN ANDALUCÍA"


Tras la victoria política abrumadora del PSOE en 1982, tanto en
España como en Andalucía, el control de la televisión era sencillo
porque sólo había una entidad emisora pública y dos canales. La
TVE 1 y la TVE 2. En Andalucía, se trataba de controlar las
desconexiones que se hacían en la transmisión nacional de RTVE
con destino exclusivo al territorio andaluz. Para el éxito de aquella
primera faena, el PSOE designó en 1983 como director de la Radio
Televisión de Andalucía a Antonio, Tom, Martín Benítez, un
periodista afincado en Madrid pero lejanamente oriundo de la
tierra1.
Los “ilegales” y el interés del PSOE andaluz
Junto a la televisión oficial, existían una serie de emisiones ilegales
de televisión, vídeos comunitarios e inventos varios que apenas
interferían la influencia política y social real de la única televisión
existente. De todos modos, no existe una investigación sistemática
acerca de al amparo de quién y cómo fueron creciendo las
televisiones locales, públicas y privadas, piratas o alegales.
En 1986, existían en Andalucía un total de setenta empresas
dedicadas al vídeo comunitario. De ellas, el ochenta por ciento.

Aunque se decía que era andaluz, había nacido en Montijo, Badajoz. Su llegada significó el principio de la
ideologización prosocialista y la marcha del periodista liberal y centrista Ignacio Romero de Solís. Antes, habían
sido directores del Centro Regional Francisco Narbona González(1975-1982), periodista del Movimiento Nacional y
padre de la luego ministra socialista, Cristina Narbona y Francisco Pérez González, que fue coordinador del mismo
hasta 1975 desde su puesta en marcha en 1971.

estaban ubicadas en Sevilla. Los argumentos, esgrimidos por los
gobernadores civiles para declarar ilegales los vídeos comunitarios
se basaban en que la radiodifusión y la televisión son servicios
públicos esenciales, cuya responsabilidad es exclusiva del Estado, un
Estado que aún no había dado luz verde a las televisiones privadas.
La tesis defendida por el catedrático Manuel Clavero Arévalo,
representante legal de la asociación de vídeos comunitarios se
fundamentó en que la existencia de los vídeos comunitarios era un
derecho que emanaba directamente de la Constitución,
concretamente de su artículo 202.
La sentencia emitida por la Audiencia Territorial de Sevilla recogía
esos mismos argumentos, a los que añadía que, al no existir en las
emisiones de los vídeos ánimo de lucro, no se podía confundir su
actividad con la que lleva a cabo la televisión, aunque ciertamente el
soporte fuese el mismo.
Antes de 1995, ya había 76 y todas ellas, naturalmente, alegales
cuando menos y piratas siempre. En 1995, Andalucía concentraba el
63 por ciento, nada menos, de la piratería audiovisual española y la
mayoría de vídeos comunitarios y televisiones locales no pagaban

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resolución judicial............