Mollina - Malaga

Podemos decir, sin temor a equivocarnos que si, como dijo el ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, “la justicia es un cachondeo”, en Andalucía las subvenciones son algo parecido, pero, además, un cachondeo sectario y partidista. En este capítulo se tratan las subvenciones en general, sin mencionar las específicamente destinadas a sindicatos y a empresarios, que se tratarán en capítulos aparte. La primera fiscalización de las subvenciones se produjo en 1996, 14 años después de la llegada al poder del PSOE. ¿Qué habrá pasado desde 1982? ¿Qué destino pueden haber sufrido los miles de millones destinados a subvenciones por los sucesivos gobiernos socialistas desde su llegada a la Junta de Andalucía? Hasta las escandalosas subvenciones al empleo desviadas hacia ERE´s plagados de irregularidades, de fondo de reptiles y de intrusos, hay una larga historia de arbitrariedades y partidismo.

Según el Anuario del Grupo Joly del año 2009, Andalucía tenía, en
términos absolutos, el presupuesto más voluminoso de las regiones
españolas, 29.000 millones de euros en 2007, seguida de cerca por
Cataluña, con 27 mil millones, y ya más lejos Madrid, con 18 mil
millones.1 En términos relativos, mientras que en conjunto el gasto
público medio de las comunidades autónomas ascendió al 15 por
ciento de su PIB en 2007, el andaluz superó el 20 por ciento. En
estos términos, sólo Extremadura, Castilla la Mancha y Navarra
sobrepasaban a Andalucía.
Ambas cifras ponen de manifiesto un gran protagonismo de lo
público en las regiones donde el PSOE ha gobernado
ininterrumpidamente desde 1982 con excepción de Navarra, donde,
no se olvide, también gobernó el PSOE desde 1984 a 1991 y desde

Para el año 2012, el total del Presupuesto de la Junta de Andalucía asciende a 32.072,7 millones de euros.

1995 a 1999.2
Según los datos más recientes y a pesar de la crisis, la tendencia se
acentuó puesto que según el presupuesto de la Junta para 2011,
31.682,2 millones de euros, el porcentaje del mismo sobre el PIB
ascendió a casi el 21 por ciento.
Del presupuesto parten tres líneas de dominación claves sobre la
economía y la sociedad andaluzas instrumentadas por el PSOE: las
subvenciones, las contrataciones públicas y adjudicaciones y las
empresas públicas tanto en la Junta de Andalucía como en
Ayuntamientos y Diputaciones.
En una situación tal que más de uno de cada cinco euros que
recorre las arterias económicas de Andalucía es un euro de la
Junta, la influencia del gobierno socialista es y ha de ser tremenda.
Con las subvenciones se puede ayudar temporalmente al desarrollo
de una economía andaluza eficiente y libre o se la puede
condicionar sembrándola y penetrándola con empresas “amigas”
facilitando que triunfen las empresas “correligionarias” o “rendidas”
ante el poder socialista, al margen de toda eficiencia.
Uno de estos ejemplos, tal vez el más conocido más no el único ni
siquiera el más importante, es el PER, actual programa de fomento
del empleo rural, entendido como gran subvención, en cientos de
pueblos rurales andaluces. Concebido inicialmente para aliviar las
tensiones sociales en los campos andaluces y extremeños, fue
convertido luego en instrumento de dominación política y social.

Igualmente ocurre con las que se destinan a asociaciones
ciudadanas.
Con las contrataciones y adjudicaciones, se dinamiza la vida
nacional y/o regional si son las mejores empresas las que acceden a
los contratos del Estado y/o de las CC.AA para satisfacer
necesidades o proyectos de interés general. Pero si la mayoría de
ellas carece de publicidad, concurrencia y limpieza, podría ocurrir lo
mismo: el ascenso de los mediocres por su proximidad al poder
político sin mejora de la eficiencia.
Con las empresas públicas pueden hacerse dos cosas. Una, creer
seria y sinceramente en ellas por servir a objetivos públicos. Los
más honestos socialistas creen que la justificación para la creación
de estas compañías públicas tiene como argumento de fondo una
supuesta ganancia de eficiencia que se deriva del modelo estatal de
gestión público.
Esto es, se confunde lo público con lo Estatal o Autonómico. Se
persiste en la creencia infundada de que “lo público” funciona mejor
que “lo privado” o que beneficia más a las mayorías, aunque no sea
así de hecho.6 Las evidencias empíricas no avalan esta tesis. Servicio
público no quiere decir necesariamente gestión estatal, autonómica
y/o municipal. En numerosas ocasiones, las empresas privadas
pueden satisfacer tales intereses públicos a menores precios y con
mejor gestión
La otra cosa que puede hacerse con las empresas públicas, aun
sabiendo que son habitualmente ineficaces, es utilizarlas como
instrumento al servicio del poder político, que no del público......