Mollina - Malaga

Uno de los primeros pasos que dio el PSOE para edificar su régimen en Andalucía fue ocupar con afiliados, familiares y amigos la administración pública que iba a crearse en la Comunidad en procesos llenos de irregularidades. Con ello quebrantaron otra regla básica de la democracia y la sociedad abierta: la necesidad de una administración políticamente neutral no al servicio de los partidos sino al servicio de los ciudadanos. En este capítulo se cuenta con detalle como perpetraron desde el principio este atentado contra una sociedad andaluza que, aún hoy, denuncia la intromisión socialista en la función pública.

A pesar del intento, la ocupación no ha podido ser completa, pero la
voluntad de ocupación fue inequívoca. En una democracia de calado
liberal, la Administración, en ninguno de sus niveles, puede ser
partidista. Los funcionarios deben actuar al servicio de la sociedad y
de los ciudadanos sin distinción de ideologías, creencias e
inclinaciones. En una democracia moderna normal, la norma básica
del comportamiento de la burocracia es la Constitución y las leyes,
nunca los intereses de un partido político concreto, sea el que sea.
En una democracia sana y transparente, el funcionario es un
profesional del servicio público y de servicio al público. Como los
médicos o los arquitectos o los abogados, no preguntan a sus
clientes o ciudadanos cuáles son sus ideas para salvarles la vida,
construirles una casa o defenderlos en un procedimiento judicial. En
una democracia transparente, los funcionarios, y en general
cualquier empleado público, es contratado según unas normas y
procedimientos objetivos examinados por tribunales ad hoc,
especialmente capacitados para emitir un juicio. En una democracia
clara, cualquier ciudadano puede optar a tales puestos en situación
de igualdad vital de oportunidades.
No pudo ser del todo así en Andalucía porque la voluntad política de
quien debía construir esa nueva administración fue, desde el
principio, muy otra. En Andalucía, como en otras regiones, el PSOE
tuvo la oportunidad de edificar una Administración Autonómica ex
novo, desde los cimientos. A la muerte de Franco, sólo existían una
sólida administración central y una débil y exigua administración
local, muy fuertemente anclada, vía jerárquica, en las Diputaciones.
La administración autonómica es consecuencia de la aprobación de
la Constitución de 1979 y de la puesta en marcha del Estado de las
Autonomías a partir de 1982. En Andalucía, la Junta –identificada
habitual e inexactamente con el consejo de gobierno -, es realmente
el conjunto de las instituciones del nuevo universo autonómico.
Había que ponerla en pie. Los caminos estaban claros: o construir
una administración neutral, profesional, eficiente y al servicio de
todos los ciudadanos o construirla a partir de un criterio partidista
que conllevaba la ocupación ab initio de numerosos puestos de la
nueva Administración. Es decir, había que optar por la democracia o
por el poder del partido. Se optó por lo segundo.
Para conseguirlo, se siguió el camino siguiente:
1.-Desde 1979, constitución de la Junta preautonómica, a 1990, la
mayoría de los nuevos empleados públicos que entraron a formar
parte de la Junta de Andalucía, lo hicieron sin convocatorias
específicas de acceso, salvo los “transitorios”1. Hubo dos maneras
de incorporarse a la Administración andaluza y formar parte así del
“empleo público”: la de los interinos y la de los Laborales.
2.-Los primeros en entrar sin convocatorias específicas de acceso
fueron los llamados funcionarios preautonómicos. Este proceso
duró desde 1979 a 1983 y fue dirigido y reglado por el PSOE ........