Mollina - Malaga

Decía Alejandro Jodorowsky que “Debajo de cada enfermedad hay una prohibición.
Una prohibición que en algunos casos viene de la superstición. Todos los libros sagrados:
La Biblia, el Corán, la Tora, los Sutras budistas, etc.

cuando son interpretados desde el fanatismo producen enfermedades.

Las enfermedades no son nuestras sino de aquel que creemos ser.

Se alcanza la salud venciendo las prohibiciones, saliéndonos de los caminos que no nos pertenecen, dejando de perseguir ideales impuestos, hasta llegar a ser uno mismo:
la conciencia impersonal que no se autodefine.”

La naturaleza se opone a la prohibición, y en política, el gobierno que crea muchas leyes lo hace porque no sabe gobernar o porque gobierna mal, y si las leyes son para prohibir derechos fundamentales del individuo en una sociedad libre y democrática, nos encontramos ante un gobierno que aparte de gobernar mal, es antidemocrático, o sencillamente es un gobierno fascista,

si a las prohibiciones se suma el control por parte del partido del resto del aparato del Estado, tal como los medios de comunicación pública, el ejercicio de la fuerza y la amenaza de penalización como formas disuasorias para evitar la protesta, la inexistencia de independencia del poder judicial, y el desprecio al poder legislativo o Parlamento.

Dado que tales premisas se cumplen

(y no las vamos a analizar porque ya lo hemos hecho en otras entradas), podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que estamos actualmente ante un gobierno fascista, tanto en la forma como en el fondo, y heredero del viejo franquismo que a través de una falsa Transición ha seguido vivo y en el poder hasta hoy en día, si bien conservando las formas de una aparente democracia representativa.

Pero ocurre, que en estos momentos, con una crisis que nos golpea desde hace ya cuatro años, una recesión desde hace seis meses, un paro en aumento que sobrepasa los cinco millones y medio, unos préstamos que se han hecho a la banca con dinero de los ciudadanos pero sin su permiso, y un continuo empobrecimiento y pérdida de poder adquisitivo de la población, con una carga fiscal cada vez mayor sobre las clases trabajadoras o clases medias, se han impuesto ya, e intentan continuar imponiendo una serie de medidas, por unas personas que nadie ha votado, que aparte de no solucionar los problemas del país sino agravarlos, atacan y destruyen todos los avances en materia social y laboral conseguidos durante ciento cincuenta años de luchas, y eliminan los derechos y libertades de los ciudadanos, a los que condenan a una eterna pobreza en un país, despojado de su patrimonio, que se ha privatizado, y obligado a pagar una deuda ilegal durante dos o tres generaciones.


La represión de los derechos sociales
tiene un nombre: fascismo



Ante este ataque a su propia soberanía, secuestrada por un gobierno que no representa a nadie, pues al no cumplir sus promesas electorales, sino bien al contrario, hacer lo opuesto a lo que decía, demuestra defender los intereses del capital y de la banca, con lo que se deslegitima a sí mismo, el Pueblo, evidentemente, hace uso de las únicas armas de que dispone:

la manifestación y protesta en la calle contra esta política, de forma pacífica y la llamada por parte de algunas asociaciones a la desobediencia civil y a la insumisión legal y fiscal.

Contra esta respuesta de la ciudadanía, la actitud del gobierno es la creación de un estado de miedo, un ejercicio de amedrentamiento, a través de la reforma del Código Penal.


Esta reforma, que en sí es una locura, e impropia en un país democrático, es una medida represiva que se intenta legislar antes de que se cometa el “delito” y realizada a la ligera para transmitir miedo a los colectivos sociales y dirigida esencialmente a minar la fortaleza de los ciudadanos y su asistencia a las llamadas a manifestaciones, huelgas, o cualquier otro tipo de acto de protesta contra el gobierno y su política.

La próxima semana está prevista la celebración del aniversario del nacimiento del movimiento 15-M y ya se han oído las voces de amenaza – tanto por parte del Ministro de Interior, como de la pendenciera Aguirre que tanto gusta echar leña al fuego – de que de ninguna manera se permitirá la acampada (ni por tres días) en Sol.


Lo mismo parece que ocurrirá en otras ciudades españolas, entre ellas, Barcelona, que en este juego de la “bárbara violencia”, se encuentra en cabeza y destacada.

Parece evidente que no hay ganas de negociar con el movimiento, sino destruirlo, atacando no sólo a los activistas, sino intimidando también a los simpatizantes y gente común que pudiera participar en el acontecimiento.

Bien debiera de saber Rajoy, que esta clase de medidas en España no son admitidas por un Pueblo celoso de mantener la calle como algo de todos, y acostumbrado a hacer la vida social fuera de casa.

También hay que decirle, que por muchas medidas y leyes represivas que imponga, nada frenará la salida a la calle de la gente para defender sus derechos, porque la gestión de la crisis es tan nefasta, que hay miles de motivos para manifestarse, y sobre todo, porque nadie está dispuesto a dejarse robar sin intentar, como mínimo, defenderse, sobre todo si con el robo le dejan en la mayor de las ruinas.

El intentar conseguir por la fuerza aquello que no se consigue (ni siquiera se intenta) con el diálogo, es una forma de gobernar digna de países tan democráticos como Guinea Ecuatorial, o Sudán, países conocidos por su gran evolución en el respeto a los derechos sociales.

Si eso es lo que quieren sus actuales gobernantes para España, que no se quejen después con lo que se van a encontrar.


La ausencia de capacidad crítica y razonamiento
anula el pensamiento y crea la mediocridad