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La "capacidad del Gobierno" para aplicar su plan de consolidación fiscal es "el principal riesgo" para la economía española. Ésta es la principal conclusión del informe que Ernst&Young sobre perspectivas de la eurozona que acaba con un diagnóstico demoledor: "España puede acabar como Grecia". El informe de la empresa de consultoría y auditoría es muy duro con el estado actual de la economía española y con la capacidad del Gobierno para sacarla de la grave situación en la que está. Porque no es sólo que se haga una previsión pesimista de su evolución en los próximos años, es que la principal conclusión, con la que acaba el documento, es que se duda de la "habilidad del Gobierno para desarrollar su ambicioso plan de consolidación fiscal".

Los autores recuerdan la oposición de los sindicatos y la escasa mayoría con la que se aprobó este plan en el Congreso, en referencia al recorte del 5% de los salarios a los funcionarios y la congelación de las pensiones. Por eso, advierten de que "el peor escenario" es aquel en el que España tiene que hacer frente a "una situación similar" a la de Grecia, con un "rescate organizado por diversos países. El problema es que, como ya han alertado otros informes anteriormente, "el coste sería mucho mayor y representaría un reto mucho mayor a la solidaridad fiscal y política de la eurozona".

Lo cierto es que en estas previsiones para el verano de 2010 se muestra una especial atención a la situación de la economía española, a la que se dedica un capítulo especial bajo el título de ¿Será suficiente el ajuste fiscal para calmar a los mercados?. El documento está dividido en ocho pequeños apartados, cada uno de los cuales destaca una amenaza para los próximos meses.

En primer lugar, recuerda que "un tercio de la deuda tendrá que ser refinanciada en 2010", lo que supone más de un 15% del PIB sólo para este año. En teoría, este problema se resolvería, en parte, con el plan de ajuste fiscal, que reduciría la presión sobre la deuda. Pero claro, los autores aseguran que "las dudas han vuelto a la superficie" porque los inversores no acaban de tener claro la disposición real del Gobierno a aplicar estas medidas o a hacerlo de forma algo más "suave".