Estepona - Malaga

Un concejal de Estepona pidió junto a otros dos imputados 42.000 euros para la licencia de un club
Agencias | 25/06/2009 - 20:20
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El concejal del Partido Estepona, Manuel Reina, en libertad bajo fianza de 150.000 euros por su relación en la operación Astapa, pidió 42.000 euros a repartir con otros dos imputados por la licencia de apertura de un local de alterne, según recoge el sumario del caso.

Con objeto de conseguir la licencia de apertura del Club Oasis, los dueños del establecimiento contactaron con la abogada Ana María Crespo, hermana del entonces primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, quien les puso en contacto con el arquitecto municipal Arturo Cebrián y el entonces edil de Hacienda, Manuel Reina.

Los tres implicados exigieron a uno de los propietarios, José Luis Cabas, 42.000 euros si quería conseguir la licencia de apertura del local, que provocaba rechazo entre los vecinos. Según recoge el sumario, uno de los propietarios le indicó a su socio que la solución para la apertura del club de alterne pasaría por la entrega de "siete kilos, cuatro ya, y tres a la licencia del arquitecto".
Todo en efectivo

Para el abono de esta cantidad, la abogada Ana María Crespo le pidió que no hiciera ni factura ni transferencia bancaria y que se lo entregase en efectivo, añade el sumario. El dueño le dijo que él en "B" tiene muy poco pero que se lo entregará en unos días, a lo que la letrada le respondió que ella se "encargaba de llamar a la gente y decirles que no se preocupen".
Delito hasta en el periódico local

Otra exigencia de Manuel Reina fue el pago por parte de los propietarios del club de 6.000 euros en concepto de publicidad para el diario local "El Periódico de Estepona", cuyo director, Antonio García, también está imputado en la causa por los delitos de blanqueo y cohecho. En este sentido, Cebrián en conversación telefónica con Cabas le dijo "metes un kilito en publicidad y lo rentabilizas".

También recoge el sumario que en alguna otra conversación, José Luis Cabas hace alusión al pago de 30.000 euros por comisiones a la Junta de Andalucía. En esta ocasión, "no se tiene conocimiento de conversación alguna con personas relacionadas con la Junta, aunque Cabas sí alude a un inspector".

A Reina, que estuvo en prisión preventiva durante casi seis meses y que la abandonó tras pagar una fianza de 150.000 euros, se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales y fraude.
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